Así operan las minas de agregados en Nigua: supervisión, permisos y el día a día de los trabajadores
La extracción de agregados es una de las principales fuentes de materiales para la construcción, pero es una de las actividades más observadas por su impacto ambiental, los riesgos laborales y operaciones ilegales
Bajo toneladas de tierra quedó sepultada la vida de Eloy Peña el pasado jueves 22 de enero en la mina de agregados Aremax, en la comunidad Boca de Nigua.
En el colapso pudo salvar su vida Luis Miguel Pimentel, un camionero de 19 años. Días después, el martes 27, un padre y su hijo fallecieron en un derrumbe similar en Sosúa, Puerto Plata; en el hecho una persona resultó herida.
Sus muertes volvieron a recordar que la minería de agregados, aunque es esencial para la construcción, puede convertirse en una actividad mortal cuando falla la seguridad o se trabaja al margen de la ley.
Sin embargo, varias minas en el municipio San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal, aseguran operar bajo protocolos de seguridad, permisos ambientales y supervisión constante para evitar hechos lamentables.
Este trabajo se desarrolla en un entorno donde el terreno, las máquinas y la seguridad humana conviven a diario. Más allá del material que sale diariamente en camiones, existe una estructura operativa que va desde permisos institucionales, supervisión y trabajadores con años de experiencia en el manejo de equipos pesados.
Supervisión permanente en la zona de extracción
En el kilómetro 24 del sector Cambelén opera la mina “Transporte y servicio Meléndez en subdivisión de agregados”, administrada por Santos Meléndez.
El empresario tiene alrededor de seis meses trabajando en esta ubicación, luego de trasladar la operación desde la comunidad Boca de Nigua al agotarse las reservas en la zona. Sin embargo, su experiencia en la extracción de materiales se extiende por más de seis años.
Meléndez reconoce que la minería conlleva riesgos, pero asegura que estos se controlan mediante protocolos de seguridad y supervisión constante. Según explica, en el área de extracción los operadores nunca trabajan solos.
Indica que los trabajadores cuentan con seguro médico y equipos de protección suministrados, como botas, cascos, chalecos reflectores, lentes, guantes. Sostiene que durante el tiempo que lleva operando no se ha registrado ningún derrumbe ni imprevisto.
“Tenemos permisos del ministerio de Medio Ambiente, nosotros estamos regularizados por el ministerio de trabajo, por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), por todo”, señala Meléndez. Agrega que cuando el permiso ambiental vence, las operaciones se detienen y no se reanudan hasta obtener una nueva autorización.
El día a día
Desde el punto de vista de los trabajadores, Martín Florentino, operador de retroexcavadora, afirma que trabaja desde los 14 años manejando vehículos amarillos y que “gracias a Dios” no ha tenido dificultades. Su trabajo consiste en extraer el material y cargarlo a los camiones para que sean trasladados hasta el área de clasificación.
Considera que el mayor riesgo en este tipo de labores está asociado a “la poca experiencia que hay para trabajar”, y subraya la importancia de que los operadores tengan conocimiento y destreza en el manejo de los equipos.
“Lo más cuidadoso es poner a alguien a operar que tenga experiencia en el equipo”, señala. También destaca que el área de trabajo debe mantenerse limpia y vigilada para poder reaccionar ante cualquier eventualidad.
Dice que nunca ha pensado en la posibilidad de no regresar a casa ante el riesgo que conlleva su trabajo: “Siempre estoy con Dios… siempre tengo a Dios en la mano y le pido a Dios siempre que salgo de mi casa qué como él me lleve al trabajo que me lleve mejor a la casa”.
De su lado, Aquiles Florentino, trabajador independiente, sostiene que “la posibilidad de un siniestro es muy poca” debido a los protocolos de seguridad implementados. Añade que el uso de camiones en buen estado reduce el riesgo de averías o accidentes en el camino.
Una percepción similar comparte Kelvin Rodríguez, camionero independiente con seis años de experiencia, quien asegura que solo compra material en minas regularizadas. “Los trabajadores están bien equipados con su EPP de seguridad, sus botas, cascos, chalecos, y guantes”, dice.
Trabajan por hora
Los datos recopilados indican que detrás de la maquinaria pesada y los riesgos diarios, los trabajadores reciben pagos que varían según el equipo que operan y las horas de trabajo.
Los operadores de retroexcavadoras reciben un pago promedio que oscila entre 350 y 450 pesos por hora; los choferes de camiones alrededor de 150 pesos por hora; los operadores de palas aproximadamente unos 250; mientras que los operadores de zaranda o clasificadora perciben un ingreso mensual cercano a los 30,000 pesos.
Cuando no se realizan operaciones en una jornada, a los trabajadores que cobran por hora se les paga medio tiempo.
En cuanto a los precios del material, el metro cúbico de arena ronda los 750 pesos, la gravilla 200 pesos y el granzote 125 pesos. Estos datos pueden tener variaciones según la administración del proyecto minero.
Control de acceso y derrumbes programados
Jesús Alburquerque, forma parte de la administración general de la mina. Afirma que la seguridad inicia con el equipamiento de los empleados y que la jornada laboral se extiende de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, con una hora de descanso, y que cada despacho se acompaña de una fotocopia del permiso.
Sobre la extracción, explica que el operador de la retroexcavadora cuenta con un equipo de apoyo integrado por dos personas: una encargada de dirigir la operación y otra dedicada a monitorear de manera permanente las condiciones del terreno donde se realiza el trabajo.
Indica que esta última supervisa tanto el estado de los equipos, para detectar posibles fallas, como la estabilidad del área intervenida, lo que permite una "visualización previa" ante cualquier deslizamiento o derrumbe.
Alburquerque asegura que no han registrado inconvenientes que deriven en hechos lamentables, debido a la aplicación de los llamados “derrumbes programados”.
Explica que estos deslizamientos son ejecutados de manera controlada por la propia operación con el objetivo de garantizar la seguridad, ya que cuando se identifica un “área en condición de peligro” se programa el desplazamiento del material peligroso para continuar los trabajos en un entorno más seguro.
Clasificación del material
La operación incluye una zaranda que clasifica el material en cuatro tipos: piedras de más de seis pulgadas, granzote, gravillita y arena Itabo. El operador de esta máquina trabaja desde una caseta ubicada a seis metros de distancia.
“Eso se planifica con la intención de que en caso de que… se escape una piedra… el operador se encuentre distante”. También se restringe el acceso de personal externo al área de extracción, con el objetivo de conservar las medidas de seguridad.
En el país operan 278 proyectos de minería no metálica registrados ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 2025. De acuerdo con los datos ofrecidos a Diario Libre, San Cristóbal, La Altagracia, Santiago y Peravia encabezan la lista de las provincias con la mayor cantidad de minas.
Según la información, para iniciar una operación de extracción, se debe cumplir un riguroso proceso de autorización ambiental, conforme a la Resolución 0009/2021. Este incluye la presentación de documentación legal, técnica y ambiental, mapa de ubicación, títulos de propiedad, planos georreferenciados, certificaciones del Ministerio de Energía y Minas, y un plan de recuperación de las áreas intervenidas, además del pago de una tarifa ambiental de 5,000 pesos.
Estas actividades están reguladas por la Constitución, la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la Ley 123 que prohíbe la extracción de arena, grava, gravilla y piedra, salvo cuando exista autorización conforme a la normativa vigente, la Ley 107-13 y varios decretos y resoluciones que norman la minería no metálica y el control de los componentes de la corteza terrestre.
En materia de seguridad, las normas exigen el uso obligatorio de equipos de protección personal (EPP) y la estabilidad de taludes para prevenir accidentes laborales y proteger la salud y seguridad de los trabajadores durante todas las fases de la operación minera.
El Ministerio realiza inspecciones periódicas y extraordinarias, según el nivel de riesgo o denuncias recibidas. El incumplimiento conlleva sanciones administrativas y, de ser necesario, acciones penales. En caso de siniestros con víctimas mortales, las operaciones se paralizan y se activan investigaciones administrativas, laborales y judiciales para determinar responsabilidades.
| Provincia | Cantidad de minas |
|---|---|
| Azua | 4 |
| Bahoruco | 6 |
| Barahona | 5 |
| Dajabón | 3 |
| Duarte | 1 |
| El Seibo | 4 |
| Elías Piña | 2 |
| Espaillat | 5 |
| Hato Mayor | 8 |
| Hermanas Mirabal | 2 |
| Independencia | 3 |
| La Altagracia | 34 |
| La Romana | 13 |
| La Vega | 15 |
| María Trinidad Sánchez | 1 |
| Monseñor Nouel | 12 |
| Monte Plata | 2 |
| Monte Cristi | 2 |
| Pedernales | 2 |
| Peravia | 26 |
| Puerto Plata | 11 |
| Samaná | 6 |
| San Cristóbal | 36 |
| San José de las Matas | 2 |
| San José de Ocoa | 2 |
| San Juan | 3 |
| San Pedro de Macorís | 5 |
| Sánchez Ramírez | 18 |
| Santiago | 27 |
| Santiago Rodríguez | 8 |
| Valverde | 10 |
Otras minas
En la comunidad San Rafael opera la llamada mina del ingeniero Alex Guerrero. Su supervisor, Carlos Gonzales, dice que la mina cuenta con todos sus permisos al día, aunque al momento de la entrevista no estaba en operación debido a una maquinaria dañada.
“Todo el mundo trabaja al pie de la letra con toda su protección”, dice. También indica, que en sus tres años de operación no ha presenciado derrumbes y, revela que no trabajan debajo de los llamados “pico… siempre en lo llano”.
En el sector Boca de Nigua del referido municipio opera "El proyecto mina Natividad", administrado por el ingeniero Tancredo Sención, quien lleva cuatro años en la ubicación y alrededor de 20 en la extracción de material junto a su madre.
Sención explica que el proyecto emplea unas 22 personas que cuentan con seguro médico, utilizan los protocolos y protección de seguridad, y que están al día con los permisos. Resalta que su permiso ambiental tiene vigencia de un año y que “inmediatamente se vence hay que parar”. Igual que los demás proyectos, sin copias del permiso no venden material, “se puede trabajar internamente, pero no se despacha”.
- Destaca que hacen "taludes para trabajar".
Los taludes son paredes inclinadas diseñadas para garantizar la estabilidad, prevenir deslizamientos y permitir el acceso seguro al material que será extraído.
Lorenzo Peña, con más de seis años operando retroexcavadora, asegura que el proceso es seguro: “no hay peligro porque aquí el bulldo’ lo baja y nosotros lo llenamos después”.
Un bulldozer o tractor de orugas es una máquina montada sobre cadenas, esencial para empujar, arrastrar, nivelar materiales y limpiar terrenos irregulares.
De su lado, José Ramón Arias, encargado de supervisar los equipos, confirma que los operadores de retroexcavadora nunca trabajan solos y que siempre se coordina el trabajo entre el bulldozer y la retro para evitar riesgos. También añade que las operaciones se suspenden cuando llueve, por temas de seguridad, tiempo y razones económicas.
“Uno mejor decide no trabajar y se les paga su tiempo mínimo a los empleados”, indica.
El Ministerio de Trabajo recuerda que el artículo 62.8 de la Constitución obliga a los empleadores a garantizar condiciones de seguridad, salubridad e higiene, mientras que el reglamento 522-06 asigna a la Dirección de Salud y Seguridad Industrial la prevención de accidentes laborales.
El artículo 44 del Código de Trabajo establece obligaciones para los trabajadores, y el artículo 720 clasifica como faltas graves o muy graves las violaciones a las normas de seguridad. Mientras que el artículo 436 faculta a los inspectores a ordenar medidas inmediatas en casos de peligro inminente.
¿Qué sucedió?
Tras la muerte de Eloy, el Ministerio de Medio Ambiente intervino la mina Aremax y comprobó que operaba de forma ilegal pese a estar clausurada desde septiembre del año pasado.
Según el viceministro de Suelos y Aguas, Davis Aracena, la empresa excedió el área autorizada, incumplió criterios técnicos y realizó una explotación no sostenible. Al tratarse de una empresa reincidente, la Procuraduría Especializada procederá con el sometimiento judicial.
Luego del colapso en Puerto Plata, las autoridades verificaron que al momento del incidente no se realizaban labores de extracción, sino trabajos de mantenimiento y prueba de un equipo pesado.
La institución confirmó además que el proyecto no contaba con permisos ni autorizaciones ambientales vigentes y que en su expediente reposaban informes técnicos con recomendaciones para reducir los riesgos por la inestabilidad del terreno y ejecutar procesos de remediación en el área.