La comunidad internacional: ¿de qué se trata?

Frecuentemente, de modo tan habitual que se ha convertido en reclamo común que parece habitar en lo inaudito, gobernantes, líderes sociales y políticos suelen apelar a la “comunidad internacional” para resolver problemas internos de distintas naciones aquejadas, casi siempre, de inestabilidad institucional, crisis de gobernabilidad, deterioro del régimen de seguridad, freno en su ascensión hacia el desarrollo y, por lo general, apolilladas por el indetenible histórico de los caciquismos que fomentan las virulencias autoritarias.

Pero, ¿qué es, quiénes dirigen y cuál es la real finalidad de la comunidad internacional? Parece más bien un eufemismo, una metáfora del ecosistema global de dominación, una falsa búsqueda de la euritmia que entendemos que el poder mundial debe producir. Uno no sabe si cuando los líderes, y hasta la misma prensa, imploran la intervención de esa “comunidad internacional” para solucionar apremiantes dificultades en la marcha de determinados conglomerados nacionales, lo hacen dirigiéndose a un Estado poderoso en específico, acompañado de otros dos o tres más, o si, por el contrario –caso improbable- se refieren a todas las naciones que integran esa reliquia incolora y desnuda que es la Organización de las Naciones Unidas.

La comunidad de naciones, formalmente institucionalizada dentro de la ONU y sus organismos satélites, tiene un origen y una finalidad de naturaleza indispensable. Surgió en medio de conflictos que ameritaban su fundación: patrias y gobiernos de diferentes estilos, arropados por un ideal común, principalmente el de la paz, mediante la resolución racional de los conflictos entre pares. En 1948 se funda la OEA, que es el organismo regional más directamente relacionado con nuestros intereses. Apenas 12 años después, la OEA impone sanciones al régimen dominicano, como represalia institucional por el atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt, aliado del exilio dominicano. La medida fue unánime y la asamblea se celebró en la antitrujillista Costa Rica de José Figueres. La medida aleja a Trujillo de la esfera internacional y contribuye al destronamiento de la dictadura un año después. Pero, cinco años más tarde, en 1965, Estados Unidos presiona a la OEA para crear una fuerza militar que interviene en República Dominicana con el fin de “solucionar” el conflicto bélico originado entre los constitucionalistas y los defensores del establecimiento cívico-militar de San Isidro. Esa “comunidad de naciones”, que contribuyó a la clausura del gobierno de treinta y un años de Trujillo, violenta sus objetivos fundacionales y crea un conciliábulo con los intereses norteamericanos para invadir el país, sin el respaldo –debe dejarse constancia- de México, Uruguay, Chile, Perú y Venezuela. La Fuerza Interamericana de Paz (FIP) valida la acción militar de los marines, justo cuando la revuelta abrileña tenía un mes de iniciada, se ordena a Brasil que encabece las tropas (el general Hugo Panasco Alvin, pero teniendo de segundo al general norteamericano Bruce Palmer que era el que daba las órdenes), y sirviendo de “figurantes” a militares de Honduras, Paraguay y Nicaragua, y policías de una Costa Rica que había apoyado tanto la lucha por la democracia en República Dominicana y albergado en sus últimos años de exilio al profesor Juan Bosch. La operación Power Pack de Estados Unidos se cubría entonces con el manto de la FIP que fue cerrada dos años después para no ser abierta jamás.

Me embrollo con otro ejemplo. Hace varios años, cuando estalló la crisis migratoria con Haití, a causa de la sentencia No. 168-13 del Tribunal Constitucional, una parte de la “comunidad internacional” se unió para enfrentar a República Dominicana, y un gobernante de una pequeñísima isla –arrogante y fiero- la emprendió contra nuestro país y el gobierno de turno. Organismos de la ONU y la propia OEA crearon una alianza muy formal para acusar a República Dominicana de “racista” y de crear “apatridia”, lo que obligó a desplegar acciones de defensa legítima en esa “comunidad internacional”. Recientemente, ante la nueva crisis haitiana generada por el asesinato del presidente Jovenel Moise, en julio del año pasado (la inestabilidad generada por el magnicidio, la creación de bandas que tienen el control militar y político) ha regresado el reclamo de respaldo para resolver esa dura realidad a la susodicha “comunidad internacional”. Incluso, el presidente Luis Abinader buscó y encontró apoyo en los gobiernos de Costa Rica y Panamá para crear una Alianza para el Desarrollo en Democracia con la finalidad de realizar “acciones urgentes” en Haití que incluye el desarme de esas bandas, la pacificación, el fortalecimiento de la seguridad, la creación de empleos, un plan integral de desarrollo, elecciones libres y transparentes, y la recuperación de las cuencas hidrográficas, que es un tema que nos atañe de modo muy directo. Pero, casi al mismo tiempo, líderes y un sector de la prensa europea, han estado exigiendo que la “comunidad internacional” se ocupe de los 40 millones de afganos que están sumidos en el abismo, o al borde del mismo, a causa de la vuelta de los talibanes al poder. Durante veinte años, Afganistán vivió en guerra permanente que la “comunidad internacional” –con EE.UU. al frente- no pudo dar con la solución. Resultado: crisis humanitaria, economía desgastada, una hambruna extendida, un país sin esperanzas. Han regresado las ejecuciones sumarias, el maltrato a mujeres y niños, el cierre de las escuelas y la primacía de los pastunes, la principal etnia de una nación tribal y con un número indeterminado de grupos raciales.

¿Cuál es la “comunidad internacional” que debe resolver en Haití y cuál es la que se pide ir en ayuda de los afganos? El eufemismo institucional se sostiene bajo el palio de tres Estados: Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Y, en ocasiones, dependiendo de diversos factores se agregan unilateralmente Alemania y Canadá. Teóricamente, la “comunidad internacional” la forman los miembros del G-20: 19 naciones y la Unión Europea. Cuando el presidente Abinader y sus colegas centroamericanos instan a la “comunidad internacional” a que acudan en ayuda de Haití, se refiere específicamente a Estados Unidos, Francia y Canadá. Las tres naciones parecen indiferentes al dilema que Naciones Unidas no pudo solucionar con la presencia de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH) durante 13 años, una creación tipo la FIP de la OEA que desapareció sin haber cumplido ninguno de sus propósitos centrales, todo lo contrario, dejando una cadena de escándalos detrás y cientos de millones de dólares que sacudieron las finanzas de los países proveedores de sus milicias. 

En el caso de Afganistán –donde la petición incluye la sugerencia de que se canalicen casi 5 mil millones de euros para enfrentar la enmarañada realidad de la nación asiática- el reclamo se ha hecho con mayor propiedad: al G-20, y, especialmente, a Estados Unidos, Rusia y China, estos dos últimos con sus propias maneras de enfrentar la “delicada ecuación”, como han señalado medios de prensa. Para julio próximo se ha advertido que el 97% de los afganos estarán por debajo del umbral de la pobreza. ¿No está Haití por el mismo camino? Solo que para los haitianos el camino de la ayuda internacional parece más enrevesado. El mulá Haibatallah Akhundzada, líder talibán, con una estructura militar disciplinada, regida por compartimientos estancos, exhibe mayor fortaleza e influencia que Jimmy “Barbecue” y su alocada “revolución”. Entretanto, la “comunidad internacional” seguirá siendo la metáfora de un gran enredo, la confusa conexión de lo impenetrable, el desafío del desconcierto.