Defienden transparencia de empresas de Donald Guerrero en Puerto Rico

Tras el apresamiento del exministro de Hacienda dominicano, Donald Guerrero, el Grupo Axis Automotive, fundado por el exfuncionario en Puerto Rico, salió en defensa de la legalidad, transparencia e integridad de sus operaciones en el mercado.

En un comunicado de prensa, el grupo empresarial dijo que lleva más de 27 años de servicios siendo líder del mercado automotriz en Puerto Rico.

“Las empresas fundadas por Donald Guerrero en Puerto Rico cuentan con casi tres décadas de servicio y un amplio reconocimiento entre clientes y ejecutivos de la industria automotriz”, expresó el Grupo Axis Automotive.

Destacó que la seriedad y el compromiso de cada uno de los 711 colaboradores del grupo trascienden cualquier persecución política que pueda enfrentar Guerrero en la República Dominicana.

Detalló que las empresas del Grupo Axis Automotive cumplen rigurosamente con todas las reglamentaciones financieras y con sus obligaciones fiscales, en un marco de transparencia.

“Entendemos válida cualquier cooperación entre funcionarios serios de la justicia de República Dominicana y los de Puerto Rico, pues se comprobará que, como se ha visto año tras año, los concesionarios de la empresa lideran el mercado porque se ciñen minuciosamente a las reglamentaciones financieras del Gobierno Federal de Estados Unidos y porque cumplen con los más altos estándares de calidad, transparencia y contabilidad de la industria”, dijo el grupo.

De acuerdo con el grupo, solo en el 2022 vendieron 12,081 vehículos, asegurando 711 empleos con un aproximado de 216,000 horas de servicio a sus clientes.

El grupo agregó que todas las empresas son auditadas por RSM Global y representan las más famosas marcas de Estados Unidos, Europa y Asia. El grupo congrega las empresas Autogermana, Autocentro Toyota, Autocentro Nissan y Autocentro Chrysler.

Donald Guerrero es uno de los 20 exfuncionarios que se encuentran detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, luego de que el Ministerio Público realizó unos 40 allanamientos en diferentes partes del país como parte de la Operación Calamar, en la que se acusa a los exfuncionarios de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos y otros delitos.