Acusan a exfuncionario de USCIS de aceptar casi un millón de dólares en sobornos

Un exfuncionario de alto rango del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y un presunto cómplice financiero fueron acusados de manipular solicitudes migratorias y aprobar trámites de ciudadanía a cambio de casi 960,000 dólares en sobornos, según informaron autoridades federales.

El exfuncionario, identificado como Lukman Owolabi Ganiyu, y su supuesto socio, Adeniyi Akeem Somoye, ambos residentes en Texas, habrían utilizado aplicaciones como WhatsApp, Zelle y Cash App para coordinar los pagos con personas que buscaban obtener la ciudadanía estadounidense.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Norte de Texas, Ganiyu habría utilizado su posición dentro del USCIS para intervenir directamente en determinadas solicitudes, agilizar los trámites y evadir procedimientos establecidos, incluida la verificación de antecedentes penales.

Los fiscales sostienen que el funcionario manipuló el sistema interno del USCIS para asumir el control de expedientes y procesarlos sin que fueran revisados personalmente por supervisores de las oficinas regionales de Minneapolis, Charlotte y Houston.

Detalles de la acusación

Entre los beneficiarios de estas acciones habría estado Somoye. Según la acusación, Ganiyu aceleró el proceso para concederle la ciudadanía y posteriormente autorizó la residencia permanente para la esposa y el hijo de su presunto cómplice.

Según documentos judiciales obtenidos por The Post, entre diciembre de 2019 y marzo de 2026, Ganiyu recibió aproximadamente 671,438 dólares mediante Zelle y Cash App, además de 287,830 dólares en depósitos en efectivo que, según los investigadores, estaban destinados a ocultar el origen del dinero.

Somoye, quien presuntamente actuaba como intermediario financiero, manejó aproximadamente 1.7 millones de dólares en transferencias relacionadas con los solicitantes. El dinero habría sido movilizado mediante transferencias bancarias, Zelle y Cash App, y el acusado se habría quedado con una parte de los pagos como compensación.

Los documentos también señalan que Somoye realizó depósitos en efectivo por aproximadamente 449,010 dólares.

Las cantidades investigadas superan ampliamente los ingresos legítimos declarados por ambos. Ganiyu tenía un salario anual de 67,732 dólares como empleado federal, mientras que Somoye reportaba alrededor de 7,506 dólares anuales en ingresos salariales legítimos.

Contexto de la investigación

Según los fiscales, la mayoría de las solicitudes de ciudadanía involucradas en la presunta trama correspondían a personas procedentes de países africanos.

La investigación federal se extendió durante varios años. Ganiyu no fue despedido inmediatamente del USCIS, sino que presentó su renuncia en marzo de 2026, alegando “motivos personales”.

Las autoridades posteriormente avanzaron con el caso hasta su arresto y el de Somoye.

Los investigadores indicaron que los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Ganiyu, Somoye y los solicitantes fueron parte de las evidencias utilizadas para descubrir la presunta red.

“Vender beneficios migratorios a cambio de dinero en efectivo es un abuso flagrante de la confianza pública”, declaró el fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, en un comunicado divulgado el viernes.

“Cuando un funcionario federal le pone precio al estatus legal, intervendremos de inmediato”, agregó.

Ganiyu y Somoye comparecieron por primera vez ante un tribunal el 2 de septiembre. Cada uno enfrenta una pena de hasta cinco años de prisión federal y una multa de hasta 250,000 dólares.

La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones del USCIS, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la oficina del FBI en Dallas.

El fiscal adjunto Chad Meacham, de la sección de Fraude, está a cargo del caso.