Escombros de cohetes espaciales son de alto peligro para la aviación en nuestra región (2da parte)

En la primera parte de esta serie de dos artículos, sobre el alto peligro para la aviación en nuestra región de escombros de cohetes espaciales, hablamos de la explosión del pasado 16 de enero y la serie de eventos de seguridad operacional que esto generó.

En el artículo de hoy expondremos algunas de las debilidades de la estructura de supervisión en EE. UU., y cuáles serían nuestras recomendaciones para las autoridades dominicanas. 

Pugnas internas en el gobierno norteamericano y posible conflicto de interés 

La elección de Donald J. Trump como presidente de los EE. UU. en noviembre de 2024, y su toma de posesión en enero, tuvieron un profundo impacto en la forma de cómo las autoridades norteamericanas regulan las empresas aeroespaciales.

La política del nuevo gobierno incluye una aceleración hacia la privatización de muchos de los servicios espaciales que utiliza EE. UU. En el centro de todo esto se encuentra la empresa SpaceX, dirigida por el controversial Elon Musk, uno de los principales donantes de la campaña de Trump y que, además de empresario, fue funcionario del presente gobierno, fungiendo como director del recientemente creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés). 

Este posicionamiento en la Casa Blanca, y cerca del presidente Trump, levantó todo tipo de quejas por conflicto de interés, pues mientras Musk era funcionario del gobierno, su empresa SpaceX firmaba nuevos contratos de servicios espaciales para el Estado.

• Una de las principales quejas ha sido precisamente el tema de los permisos de lanzamientos de cohetes espaciales de SpaceX, especialmente luego de las explosiones de enero y marzo del presente año.

En la primera explosión el 16 de enero, la administración Trump aún no se inauguraba (inició su mandato el 20 de enero), y tras la explosión se designó una comisión de investigación que luego fue disuelta antes de entregar su informe final. 

A esto se añade que una de las primeras tareas del departamento DOGE fue precisamente recortar empleados de la Administración Federal de Aviación (FAA), encargada de supervisar y regular sus lanzamientos espaciales, y que en ese momento llevaba a cabo la investigación de la explosión de SpaceX del 16 de enero.

A esto se sumó una controversia a lo interno de FAA, de si se debía permitir un nuevo lanzamiento en marzo, luego de la situación de alto riesgo que vivió la aviación civil internacional durante la explosión de enero. 

Miembros de la comisión de investigación de la FAA estuvieron abiertamente en contra de dicho permiso, pero a través de presiones gubernamentales se procedió a autorizarlo.

Al igual que el pasado lanzamiento, este terminó en una explosión del cohete Starship, y con ello, un nuevo impacto a las operaciones aéreas comerciales en el área del Golfo de México y las islas del Caribe, incluyendo República Dominicana.

En mayo la comisión especial habría recolectado ya suficiente evidencia para concluir que estas explosiones son de alto riesgo para la aviación comercial, por lo que se debía proceder con cautela a la hora de aprobar nuevos permisos de lanzamiento. 

Un nuevo administrador de FAA más permisivo

En marzo el presidente Trump nominó a Bryan Bedford como nuevo director de la FAA, siendo finalmente confirmado por el Senado y juramentado como director en julio del presente año.

Bedford, un fiel creyente en la desregularización de la industria espacial, ha dicho públicamente que se deben remover barreras regulatorias y acelerar los permisos de licencias de lanzamiento espaciales.

Una de sus primeras acciones como director fue precisamente cerrar la investigación de FAA de la explosión de enero, sin que la comisión hubiese terminado su informe final. 

Esto generó una reacción casi inmediata de parte de mucha de la industria aeroespacial norteamericana, criticando la flexibilización en materia de seguridad operacional.

Reguladores retirados de la FAA indicaron que tendrían problemas si un fabricante de aeronaves o una aerolínea detuviese su propia investigación de seguridad operacional antes de realizar los cambios necesarios para mejorarla, como se hizo con esta investigación de SpaceX. 

Respuesta dominicana

Dada la clara situación de conflicto de interés a lo interno del gobierno norteamericano con este tema, la República Dominicana debe enfocarse en crear su propio órgano de supervisión, seguimiento y respuesta a estos lanzamientos espaciales.

Se debe acelerar el proyecto planteado por el Mayor General Carlos Febrillet, FARD, de crear una Comisión Nacional de Asuntos Espaciales (CNAE), que cuente con un equipo técnico de alto nivel que se encargue de asesorar y representar al gobierno dominicano ante estos eventos.

Dicho equipo debe trabajar de cerca con el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) para crear protocolos de respuesta ante este tipo de eventualidades, así como establecer una línea directa de información tanto con FAA como con la empresa realizando el lanzamiento. 

Debemos, además, acelerar la especialización de profesionales en la rama espacial y establecer relaciones de trabajo cercanas con países amigos, tanto en la región como en otras latitudes.

Definitivamente no podemos confiar solo en FAA en estos momentos, especialmente dado que ellos tienen sus propios problemas internos con este tema. La aviación comercial es un pilar de la economía dominicana, y cualquier amenaza a su seguridad debe contar con la máxima atención del gobierno dominicano.