El otro apagón: el sector eléctrico dominicano carece de transparencia en su servicio y en su gestión

El cinco de diciembre pasado, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) emitió un comunicado de prensa en el que informó que las empresas de distribución de energía, Edenorte, Edesur y Edeeste formalizaron la cesión sus derechos sobre la Central Punta Catalina, para facilitar su constitución como empresa generadora estatal

Desde la entrada en vigor de esa “formalización”, las acciones de la Central Punta Catalina pertenecen en un 99.2% a la CDEEE, que desde que entró en vigor plenamente la Ley No.100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas, pasó a convertirse en “la administradora de todas las empresas del sector energético donde el estado dominicano es propietario o socio mayoritario”.

Un Largo retraso institucional

Sin embargo, aunque podría ser un error por falta de la actualización de la página web, a la fecha de hoy la CDEEE se presenta, funcionalmente, “como órgano regulador de la generación, distribución y transmisión de la energía eléctrica en la República Dominicana”.

Un rol que, si bien desempeñó hasta el pasado no muy lejano, en el presente parece estar en conflicto con los mismos términos con los que la Superintendencia de Electricidad define su misión institucional. En su página dice que es: “Ente regulador del subsector eléctrico dominicano, que tiene la obligación de fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, y la normativa técnica aplicables al subsector, en relación con el desarrollo de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad”.

Pero en su declaración del cinco de diciembre, la CDEEE se presenta como lo que en desde hace unos meses se transformó: “La administradora de todas las empresas del sector energético donde el Estado Dominicano es propietario o socio mayoritario”.

Otra institución que ocupa la cima del organigrama institucional del sector energía y minería, es el Ministerio de Energía y Minas. En su misma ley fundacional, la 100-13, se le atribuye que en “su calidad de órgano rector del sistema”, le corresponde la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, proyectos y servicios relativos al sector energético y sus subsectores de energía eléctrica, energía renovable, energía nuclear, gas natural y la minera.

Así, la definiciones de múltiples roles aparentemente similares del sistema de energía eléctrica pasa a ser una gran galimatía, expresión que es posible considerar acorde con la que es una historia de décadas de apagones, pérdidas, deudas, inversiones fallidas, montos inimaginables de subsidios, y muchas denuncias de corrupción y contradicciones.

En ese contexto, el sector está en ciernes de dar un paso fundamental en un proyecto de generación, considerado trascendental, aunque muy polémico, en la capacidad de generación y sostenibilidad financiera del sector eléctrico.

El miércoles 4 de diciembre, las tres empresas estatales de distribución de energía realizaron asambleas extraordinarias para ceder sus acciones, en la Central Punta Catalina, a la CDEEE y al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fomper).

Una operación que genera rechazos

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda informó que la cesión se produce para facilitar la constitución de la sociedad comercial Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTCP). Y revela que, para las adquisiciones de acciones, para lo cual se realizó un aporte capital de US$622 millones, los adquirentes deberán asumir una deuda de US$1,750.9 millones, con lo que se completaría los US$2,372.9 millones invertidos en esa central a carbón.

En reacción a ese anuncio de Hacienda, el analista Juan Llado, calificó la operación como “otro gran desatino”, y que enmascarando y escondiendo costos, promete un impacto positivo en las finanzas públicas “aun cuando se crea una importante deuda”.

Destacó en un artículo fechado el 9 de diciembre pasado, que los adquirientes (que son estatales) asumirán una deuda de US$1,750.9 millones, como parte de la operación de traspaso de las acciones, y que entonces tanto la CDEEE como el Fomper “asumirían ese balance como una deuda con el Estado”.

Mientras que este 26 de diciembre, el ingeniero Antonio Almonte, experto en temas de energía y director ejecutivo de la Comisión de Energía del principal partido opositor, el Revolucionario Moderno, estima que la verdadera inversión realizada por el Estado en la construcción de la Central Punta Catalina es de más de US$3,000 millones, y “no US$2,500 millones, como ha dicho el Ministerio de Hacienda”.

Afirmó que, de acuerdo a la propuesta de venta anunciado, una vez compradas, la CDEEE venderá el 50% de sus acciones, por un precio de US$308,5 millones, a un inversionista privado que “se quedaría con la administración y control” de la central, que ya le ha constado al país más de los 3,000 millones de dólares que estima.

Se recuerda que según declaraciones de Jaime Aristy Escuder, administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ofrecidas el jueves 19 de septiembre de este año, se estima que los beneficios de la Central Punta Catalina sean de 240 millones de dólares al año.

Y agrega que el actual gobierno ha decidido que la diferencia entre los 622 millones y los 2,500 millones, ascendente a 1,878 millones de dólares sea registrado como una deuda de la nueva sociedad privada con el Estado dominicano, para ser pagada en 30 años.

El sector eléctrico, galimatías de hechos y palabras que nacen de ambiciones e intereses políticos, y que generan dudas y oscuridad en la iluminación eléctrica de todo un país.

Edwin Ruiz