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Ciudadanía se polariza en torno a regular el trabajo doméstico

La propuesta del Ministerio de Trabajo genera un vendaval de cuestionamientos en la población

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Ciudadanía se polariza en torno a regular el trabajo doméstico
El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps (centro), reunido con representantes de las trabajadoras domésticas. (FUENTE EXTERNA)

Que generará el despido de la mayoría, que la clase media no aguanta cargar con más gastos, que no se puede tener un privilegio sobre la negación de los derechos de otros, que los salarios que reciben son muy bajos, que son esclavizadas, que son parte de la familia…, en fin, son muchos y variados los comentarios que desde distintos sectores sociales se han emitido respecto a la propuesta del Ministerio de Trabajo para regularizar el trabajo doméstico en República Dominicana.

La propuesta, con fines de discusión en vistas pública, la presentaron el pasado 29 de marzo, un día antes de la fecha (30 de abril) en que desde 1988 se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, con el fin de “promover el valor del trabajo del hogar y convocar acciones para reivindicar los derechos de quienes lo realizan, en su mayoría mujeres”.

Aunque se trata de poner en vigencia las mejoras aceptadas por el país cuando en 2015 ratificó la Convención 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para muchas personas es una novedad que les entraña muchas dudas y preocupaciones.

Las redes sociales han sido escenario donde muchos han externado públicamente las opiniones que entre amigos y familiares han venido discutiendo.

La propuesta del ministerio implica contratos de trabajo firmado, sueldo mínimo e inclusión de los trabajadores domésticos en la seguridad social.

Al respecto, la abogada Laura Acosta es de los que piensan que se tiene que regular y que no es descabellado utilizar el término “esclavitud moderna” para referirse a las domésticas.

“Cuando se somete a una persona a un trabajo u obligación, sin un horario claramente establecido, por más horas de las que han sido normalmente aceptado como mínimas laborables, cuyo descanso depende del horario de quien les emplea, no es descabellado usar ese término”, dice mediante su usuario de Twitter @madamesaga.

La abogada, que critica incluso el espacio de los dormitorios para el personal de servicio, también se pregunta aspectos puntuales de aplicación: "¿Cómo entiende que podrá aplicarse de manera práctica para las familias y los trabajadores domésticos la inscripción en la seguridad social? Si desde hace unos años las trabajadoras domésticas se han inscrito en Senasa, ¿cómo es que ahora las familias deberán inscribirlas?”.

“Como siempre la clase media es la que paga los platos rotos; una señora de clase alta no se va a poner a hacer oficios, va a pagar aun le salga más caro, y al final la clase media va mucho más forzada”, plantea el usuario @tonybalbuena1.

“Hay parejas que trabajan y necesitan a alguien que les dé de comer a sus hijos aparte de cuidarlos. No es obligatorio, pero en ocasiones son necesarias. Y no todas las parejas pueden darles esos beneficios, dice el usuario @fontonio como respuesta a una publicación del comunicador y exdiputado Luisín Jiménez en el que advierte a las domésticas que el dueño de casa, aunque no sea el que mejor paga, les “da comida, alojamiento y pasaje. 

Y agrega: “En las oficinas donde trabajan los dueños de casas no le dan comida ni casa ni pasaje. Tumben eso”.

Secundado el comentario, también el usuario @ycmariao comentó: “La mayoría de quienes requieren esos servicios son clase media, para cuidar niños y viejos. Con los salarios deprimidos con la inflación y todo más caro, esta propuesta del MT (Ministerio de Trabajo) causaría que la mayoría prescindiera de ese servicio porque no pueden pagarlo. Habría mucho desempleo”. 

Todavía no se abren los debates sobre la resolución, pero muchas personas han dado su parecer sobre la propuesta del ministro de Trabajo Luis Miguel De camps, quien anteayer recibió el apoyo de varias centrales sindicales que agrupan a las domésticas. Las agrupaciones, que entienden que el rechazo a su regularización se debe la desinformación, se comprometieron a unir esfuerzos para que haya un resultado positivo de la consulta.

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