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|Costa Rica|
| 26 JUN 2018, 9:31 AM
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Industriales rechazan huelga contra reforma tributaria en Costa Rica


El gobierno de Carlos Alvarado lleva adelante un plan de contención del gasto público
El gobierno de Carlos Alvarado lleva adelante un plan de contención del gasto público
20180626 https://www.diariolibre.com

SAN JOSÉ. La Cámara de Industrias de Costa Rica calificó hoy como un “desatino y una barbaridad” la huelga nacional que cumplen este lunes los sindicatos como medida de presión contra una reforma tributaria y un plan de contención del gasto del Gobierno.

El sector industrial explicó que el país tiene la urgencia de resolver la “crisis” fiscal y que esto se debe afrontar integralmente y no solamente con más ingresos.

“Los privilegios de unos cuantos no deben estar por encima del bien nacional. Mucho de la crisis fiscal se produjo porque hubo un aumento desmedido en las remuneraciones del sector público y hoy todos debemos hacer un esfuerzo para contener el gasto y mejorar los ingresos”, afirmó en un comunicado el presidente de la Cámara, Enrique Egloff.

Según los industriales, es correcto que el Gobierno incorpore medidas estructurales de racionalización de gasto público, mejore la recaudación de impuestos, reforme la estructura tributaria, combata el contrabando y reforme el sistema de remuneración del sector público.

El Gobierno del presidente Carlos Alvarado lleva adelante un plan de contención del gasto que incluye reducciones en pluses salariales, anualidades y en los años del auxilio de cesantía, el congelamiento o bajada de los salarios de los altos funcionarios, entre otras.

“Las medidas concretas, a corto y largo plazo, anunciadas por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, van en la dirección correcta. Es urgente e impostergable que se complementen con la aprobación por parte de los diputados de otras medidas estructurales relacionadas con empleo público y reglas fiscales”, destacó Egloff.

Durante las primeras horas de la huelga de este lunes, la primera que enfrenta Alvarado, los sindicatos reportan afectaciones en servicios de salud y educación, así como en algunas alcaldías, pero las autoridades aún no cuantifican la cantidad de personas que se sumaron.

“Los sindicatos no tienen derecho a controlar el libre tránsito y quitarle servicios a los ciudadanos, que son necesarios para trabajar, desarrollar las tareas del hogar y hasta estudiar para los más jóvenes. Provocar una interrupción de servicios o retrasar la entrega de los servicios es una barbaridad”, dijo Egloff.

Por su parte, el Gobierno afirma que el movimiento de huelga no se justifica y que una mesa de diálogo se mantiene activa.

La Asamblea Legislativa estudia desde hace más de dos años el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que consiste en una reforma tributaria que introduce cambios en el impuesto sobre la renta, la renta de capital, la renta global y reducción de incentivos salariales en el sector público.

El principal punto del proyecto es la transformación del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado de la misma tasa, pero que gravará los servicios y ampliará la base de productos.

El déficit fiscal del 2017 cerró en el 6,2 por ciento del PIB y para 2018 se proyecta en el 7,1 por ciento si no se da la reforma tributaria.

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