“Ley de Minería no defiende intereses del país, y solo por vieja debe ser modificada”

—¿Se está avanzando en el proyecto de la nueva ley de minería nacional?

Sí. Se está discutiendo en una comisión bicameral. Los trabajos están avanzados. Parece que la comisión se ha dado cuenta de la importancia que tiene esa ley, porque estamos sustituyendo una legislación que tiene más de 70 años. Totalmente obsoleta. Sobre todo, una legislación que no cuida los intereses del país.

Ésta cuida los intereses del país, está basada en la visión que tenemos en el Ministerio.

—El contrato de la Barrick Gold fue renegociado. Eso lo pone en evidencia.

Claro. El caso de la Barrick Gold es un contrato especial con el Estado, sobre una mina que era del Estado. Pero el problema de la Ley de Minería actual, la 146, es que otorga concesiones y derechos mineros sobre la base de condiciones que no defienden los intereses del país. Y además es vieja; solo por vieja debe ser sustituida.

Cuando esa ley se hizo, el dólar y el peso valían lo mismo. Una concesión de piedra caliza paga hoy de regalía, por esa ley, 10 centavos de pesos por hectárea. Acuérdate que en aquella época eso serían 10 centavos de dólares, porque el peso estaba a la par. Pero hoy es a 53 por uno.

La nueva ley corrige todos esos desaciertos y obliga a que por lo menos el 40% de los ingresos de la minería lleguen al Estado.

Pero, además, el caso de la regalía antes era un avance del impuesto sobre la renta, o sea, que, si la empresa no obtenía beneficios, se descontaba lo que había pagado. Por lo tanto, no pagaban impuestos.

Ahora, aunque la regalía es un avance al impuesto sobre la renta, o sea, que se cobra, tenga beneficios o no tenga beneficios.

—Viendo ese pasado, se puede pensar que fue un saqueo contra los recursos naturales del país.

Exacto. Se tenía una visión de explotar la minería como diera lugar y, por eso, la minería de entonces lo más que nos dejó fueron los pasivos ambientales.

Fíjate el viejo pasado de lo que fue la Rosario. Como era una mina del Estado, renegociaron. Se había hecho un contrato que evidentemente era mejor que el que existía cuando se hizo la concesión.

Las mineras de entonces, incluso las que están trabajando bien y están aportando al país, como es la Falconbrigde, tienen un contrato indefinido. Eso, ni Guantánamo.

—Pero en el caso de la pequeña minería, por la informalidad, debe ser mucho más complejo.

Es más complejo. Porque es más fácil negociar con una gran empresa. Pero cuando tú tienes que negociar con casi 5,000 mineros y además con ese paquete de intermediarios que hay ahí... además, un ámbar tú no lo puedes detectar cuando se exporta ilegalmente, porque no es un metal.

—¿Y cómo se aplicaría un control?

Estamos trabajando con la Dirección General de Minería, pero también con la Dirección General de Aduanas y con Medio Ambiente.

En el caso de la comercialización, para fomentar que ese producto tenga un mayor valor agregado, estamos trabajando directamente con el Ministerio de Industria y Comercio para lograr darle mayor valor, tratando de entrenar a más artesanos.

Pero para exportar vamos a necesitar que la gente se formalice, y esa es una forma de lograr que hagan las cosas bien, y sobre todo pensando en su seguridad personal, y para que no sean presas de los intermediarios.

—¿Quiénes son los intermediarios?

Son exportadores básicamente o gente que compra a los artesanos del país para vender en el mercado local. Pero eso también estamos tratando de organizarlo.

El decreto reglamento es muy bueno, pero puede convertirse en una simple hoja de papel si todos los actores públicos y privados no intervienen en garantizar que se ejecute. Porque el gran problema en este país es que tenemos muchísimas leyes que no se cumplen y que no hay régimen de consecuencias

Edwin Ruiz