“Para mí, tanto la minería salvaje como el fundamentalismo medioambiental son caras de una misma moneda”
Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas, informó que ha sometido el Poder Ejecutivo un proyecto de ley para crear un fideicomiso que gestione las inversiones de la renta minera
Edwin Ruiz
Con pasión se expresa Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas. Habla de explotación minera, de nuevas oportunidades en la exploración de hidrocarburos, temas polémicos por el rechazo de organizaciones ambientalistas, a los que le responde el funcionario que la pobreza es la mayor amenaza al medio ambiente. Y que sectores como el agrícola y ganaderos han sido en la cotidianidad exonerados de sus culpas, aunque están entre las mayores amenazas para el Medio Ambiente.
Asegura que la exploración y explotación de los recursos mineros y de hidrocarburos ofrece una fuente de rentas extraordinaria que permitirá enfrentar la pobreza en República Dominicana, y que se puede hacer, apoyados en los estudios de impacto ambiental.
Reveló que ha sometido el Poder Ejecutivo un proyecto de ley para crear un fideicomiso que gestione las inversiones de la renta minera, que garantice su transparencia y su impacto social en las comunidades.
-¿Se está avanzando en el proyecto de la nueva Ley de Minería Nacional?
Si. Se está discutiendo en una comisión bicameral. Los trabajos están avanzados. Parece que la comisión se ha dado cuenta de la importancia que tiene esa ley, porque estamos sustituyendo una legislación que tiene más de 70 años. Totalmente obsoleta. Sobre todo, una legislación que no cuida los intereses del país.
Ésta cuida los intereses del país, está basada en la visión que tenemos en el Ministerio.
-El contrato de la Barrick Gold fue renegociado. Eso lo pone en evidencia.
Claro. El caso de la Barrick Gold es un contrato especial con el Estado, sobre una mina que era del Estado. Pero el problema de la Ley de Minas actual, la 146, otorga concesiones y derechos mineros sobre la base de condiciones que no defienden los intereses del país. Y además de vieja, solo por vieja debe ser sustituida.
Cuando esa ley se hizo, el dólar y el peso valían lo mismo. Si tú te pones a analizar lo que significa eso, en materia, por ejemplo, de minería no metálica, una concesión de piedra caliza paga hoy de regalía, por esa ley, 10 centavos de pesos por hectárea. Acuérdate que en aquella época eso serían 10 centavos de dólares, porque el peso estaba a la par. Pero hoy es a 53 por uno. En una palabra, viene pagando 10 centavos de pesos.
Pero, además van a pagar, si tienen beneficios, un 27% de impuestos. Entonces, la nueva ley corrige todos esos desaciertos y obliga a que por lo menos el 40% de los ingresos de la minería lleguen al Estado.
Pero, además, el caso de la regalía antes era un avance del impuesto sobre la renta, o sea, que, si la empresa no obtenía beneficios, se descontaba lo que había pagado de regalía. Por lo tanto, no pagaban impuestos.
Ahora, la regalía es un avance al impuesto sobre la renta que se cobra, tenga beneficios o no tenga beneficios. Y si tiene, se deduce, por supuesto, siempre y cuando paguen el 40% como mínimo.
-Viendo ese pasado, se puede pensar que fue un saqueo contra los recursos naturales del país.
Exacto. Se tenía una visión de explotar la minería como diera lugar, y por eso, la minería de entonces lo más que nos dejó fueron los pasivos ambientales. Fíjate el viejo pasado de lo que fue la Rosario. Como era una mina del Estado, renegociaron. Se había hecho un contrato que evidentemente era mejor que el que existía cuando se hizo la concesión.
Las mineras de entonces, incluso la que están trabajando bien, y están aportando al país, como la Falconbrigde, tienen un contrato indefinido. Eso, ni Guantánamo.
-¿Eso afectará las que están ya operando?
Eso no afecta a las empresas que están operando hoy, sino las que se establezcan en el futuro, o a las que se le venzan los contratos y tengan que renegociar.
Pero lo importante es fomentar la industria atractiva en general sobre otras bases, y con esa visión que tiene el Ministerio, de sostenibilidad. Porque para nosotros la sostenibilidad no solo es ambiental, sino social y económica. Para nosotros la pobreza es el peor enemigo del medio ambiente.
Cuando la gente no tiene que comer, no importan las leyes que hayan, se las arregla, no mide las consecuencias. Y eso lo tenemos no solo en el conuquismo agrícola, sino en la pequeña minería. Por eso es que ahora, por fin tenemos un reglamento tratando de organizar ese sector.
En la explotación de ámbar y larimar, que la hacen a riesgo de la vida de la gente, los más beneficiados son los intermediarios. Realmente tenemos un desorden, y eso tenemos que organizarlo, y ya. Y por fin tenemos un decreto que nos lo permite.
LA PEQUEÑA MINERÍA
-Pero en el caso de la pequeña minería, por el grado de la informalidad que implica, debe ser mucho más complejo.
Es más complejo.
-Porque es más fácil negociar con una gran empresa...
Pero tú tienes que negociar con casi 5,000 mineros y además con ese paquete de intermediarios que hay ahí. Además, un ámbar tu no lo puedes detectar cuando se exporta ilegalmente, porque no es un metal.
-¿Y cómo se aplicaría un control?
Estamos trabajando tres años en eso. Estamos trabajando la parte minera, que nos corresponde a nosotros, con la Dirección General de Minería, pero también estamos en la parte de la comercialización y exportación con la Dirección General de Aduanas. También con Medio Ambiente.
En el caso de la comercialización, para fomentar que ese producto tenga un mayor valor agregado, estamos trabajando directamente con el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, para lograr darle mayor valor, tratando de entrenar a más artesanos.
Y de las cosas que tenemos, y por fin porque antes la ley no nos lo permitía, está la de organizar las exportaciones. Pero para exportar vamos a necesitar que la gente se formalice, y esa es una forma de lograr que hagan las cosas bien, y sobre todo pensando en su seguridad personal. Además, para que no sean presas de los intermediarios.
Obras Públicas está trabajando, mejorando los caminos de acceso a las minas, pero además está haciendo un estudio a solicitud de nosotros para darle seguridad a la mina principal. Porque hay una mina principal que se hizo con fondos de la Unión Europea, que tiene unos niveles de peligrosidad muy grande, porque es una zona muy lluviosa y está en unos terrenos no muy apropiados. Hemos tenido que ir cerrando partes, porque no ofrecen la menor seguridad.
Alrededor de ahí hay muchísimos pequeños mineros que hacen hoyos, y a veces lo hacen de una manera que violan muchísimas normas.
-¿Una persona de esa comunidad cree que hay larimar y abre un hoyo sin preguntarle a nadie?
Ahora, con el decreto intervienen una serie de instituciones. En lo que tiene que ver con la seguridad del trabajo, el Ministerio de Trabajo tiene jugar su papel. Pero también, a nivel de la intermediación, hay que formalizar todo y por lo tanto también declarar en la Dirección General de Impuesto sobre la Renta. La DGII tiene que asumir su papel.
Pero también para exportar, tenemos que ver que lo que se está exportando y que es lo que se está declarando.
-¿Quiénes son los intermediarios?
Son gentes...exportadores básicamente, o gente que compra para vender en el mercado local, a los artesanos del país. Pero eso también estamos tratando de organizarlos.
Aunque ese decreto reglamento es muy bueno, puede convertirse en una simple hoja de papel si todos los actores públicos y privados no intervienen en garantizar que se ejecute. Porque el gran problema en este país es que tenemos muchísimas leyes que no se cumplen, y que no hay régimen de consecuencias.
LEY DE ENERGÍA Y MINAS
-De hecho, la misma Ley de Energía y Minas tardó demasiado para aplicarse plenamente. ¿Ya se está implementando?
Si, en su mayor parte. Todavía hay algunos huecos, como todo aquí, porque es un tránsito. Acuérdate que en materia de institucionalidad el sector ha ido mejorando en los últimos años, indudablemente.
Pero antes, aquí había problemas serios en este sector, porque se hizo una reforma, y luego una contrarreforma. Hay una institucionalidad débil. Incluso, cuando te pones a ver la historia del país en materia de la institucionalización y la regulación, te encuentras con que el superintendente de electricidad era presidente de la República.
Pero ya las instituciones comienzan a fortalecerse, hay otro discurso, tienen más institucionalidad, tienen mayor responsabilidad. Esto no significa que todo sea un camino de rosas, pero estamos avanzando, quizás más lento de lo que hubiese deseado.
“Ellos cumplieron todos los requisitos que exigía el Ministerio de Energía y Minas, en el área de nuestra competencia, en materia legal, materia técnica, y en materia financiera. Todos los requisitos y más”, declaró el ministro de Energía y Minas Antonio Isa Conde, sobre la empresa minera Gold Quest.
LA MINA DE SAN JUAN
-Un tema conflictivo en el pasado reciente es la mina de oro de San Juan. ¿Se cerró ese caso?
No se ha podido cerrar, ni se cierra, por una cosa muy sencilla. Ellos cumplieron todos los requisitos que exigía el Ministerio de Energía y Minas, en el área de nuestra competencia, en materia legal, materia técnica, y en materia financiera. Todos los requisitos y más.
Porque en materia financiera hicieron compromisos por encima de la Ley 146, en un acto voluntario y con una declaración notarial en donde se comprometieron para aportar al Estado más de lo que plantea la Ley, sobre la base del modelo económico que está plasmado en el anteproyecto de ley. O sea, que eso iba a representar un salto en materia de ingresos para el Estado.
También, en la parte medioambiental, algunos temas se fortalecieron por encima de la ley. Y también son parte de esa declaración jurada. Además, es una minería subterránea, no afecta la corteza terrestre, como la minería de cielo abierto.
-Pero generó una gran resistencia social.
El problema ha sido que lo que procedía era que esos datos se mandaran a Medio Ambiente, y que se viera el plan de minado aprobado por el Ministerio de Energía Y Minas. Y que ellos estudiaran todos esos papeles, para que sobre esa base levantaran unos términos de referencias para que los interesados hicieran un estudio de impacto ambiental.
Esos estudios pueden durar hasta tres años hacerlos, y los técnicos me dicen que cuesta entre 5 a 6 millones de dólares. Pero eso es básico, porque nadie puede explotar una mina sino cuenta con la licencia ambiental.
Pero, además, paralelamente a eso, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tenía, como dice su Ley, que hacer unas consultas con los líderes de la comunidad y los ayuntamientos que pueden ser afectados.
Ahora, ¿qué pasó? Hubo una reacción contra ese proyecto, instigada por razones políticas y concepciones medioambientales que podían tener razón o no, pero sobre lo que tú no puedes a nadie, a ningún estudiante, digamos, quemarlo antes examinarlo.
Y no se le ha dado. Y ellos tiene la posibilidad en cualquier momento, porque tienen derechos adquiridos. En cualquier momento, lo que tiene que hacer el Presidente es mandar a Medio Ambiente que hagan este trabajo.
Pero el Presidente no lo haría, por el rechazo. Si tiene un rechazo, no tiene la licencia social. Entonces la decisión del Presidente fue posponer el envío hasta ver si las cosas cambiaban.
-Pero si no se toma una decisión previa, con el relevo constitucional esto podría quedar en el limbo.
No. Eso tiene mucho tiempo sin poder vencerse.
-Me refiero al cambio de gobierno.
Lo que fuera, lo que pasará. Pero el cambio también de la gente de la comunidad que comenzará a entender una cosa diferente.
-Sea real o no, la gente siente una amenaza porque constituye una comunidad agrícola.
Porque la realidad es que uno de los problemas que tenemos, un gran problema, es la confianza hacia las autoridades. Ese problema ha mermado las posibilidades que tiene este país para desarrollar cosas de esta naturaleza. Pero, además, sobre esa base, los medioambientalistas fundamentalistas han alimentado eso. Y yo, que soy un defensor del medio ambiente, soy de los que piensa que el peor enemigo del medio ambiente es la pobreza. Y que hay que crear riquezas.
Ahora, hay que hacerlo bien, con responsabilidad y cumpliendo con todas las normas medioambientales. Pero para mí, tanto la minería salvaje, como el fundamentalismo medioambiental son caras de una misma moneda.
Óyeme, los extremos se tocan.
-Creo que este mensaje es suyo: el principal recurso minero del país es el agua
Yo lo he dicho toda la vida, y creo que el agua es más importante que el oro. Pero tú puedes extraer el oro, y salvar el agua.
Vamos a suponer que sobre este proyecto del que estamos hablando, el Romero, el estudio de impacto ambiental de positivo, y que se pueda explotar esa mina.
Entonces, está previsto que los recursos que produzca esa mina vayan a mejorar las condiciones del agua en la zona. ¿Tú sabes la cantidad de agua que se va al océano, del Valle de San Juan?, que tiene poca agua.
Entonces, si tu invierte en preservar esa agua, tú estás creando riquezas y desarrollando una zona. Pero, además, haciendo presas y educando incluso a los campesinos.
La gente no se da cuenta del impacto que tiene la agricultura en el medio ambiente. ¿Tú sabes que la agricultura es más de tres veces, a nivel mundial, contaminante...?
Toda actividad humana es contaminante, afecta al medio ambiente. Hay que hacerlo bien, y hay es que está la respuesta.
LOS HIDROCARBUROS A LA VISTA
-El país está buscando petróleo y gas hace mucho tiempo, sobre los 80 recuerdo a la Petrolera Las Mercedes y otras.
Pero no se han hecho con la propiedad con la que lo estamos haciendo ahora, con la profundidad, con los datos y con la tecnología.
Esto es un salto. Por ejemplo, la que acaba de ganar la primera subasta, Apache. Es una de las empresas más poderosa del mundo y con más éxitos en materia de exploración, y arriesga su capital para venir aquí, sabiendo que tiene que invertir nada más en los estudios iniciales 5 millones de dólares. También, que si dan resultados van a tener que perforar y que, para llegar abajo, antes de comenzar a perforar tendrán que gastar más de 80 millones de dólares.
-¿Y si no lo encuentra, significa que pierde el dinero?
Claro. Pero ¿por qué corren el riesgo? Porque tienen confianza de lo que van a encontrar. Tienen confianza, si no, no arriesgaran su capital y su prestigio.
Y eso, para nosotros, es un indicador del potencial que tenemos. Pero no solamente ahí, sino en muchos sitios.
Porque hay empresas que han venido aquí y nos han alabado lo que estamos haciendo y el como lo estamos haciendo. Pero nos han dicho “pero no nos interesa estos bloques sino otros”. ¿Por qué?, porque tienen más informaciones que nosotros.
Y sobre las propuestas de ellos, lo que hacemos es estudiarla, y si se adaptan a los términos que nosotros empleamos para definir un bloque que no solape un área protegida, les damos la autorización.
-Asumamos que encuentren petróleo, ¿Cómo se lograría la licencia social?
¡Gas! ...Ahí, lo que estamos buscando es gas natural. Nosotros somos los mayores importadores de gas natural del área del Caribe y Centroamérica.
-Entonces, no es petróleo, es gas natural.
Lo que se está buscando ahí. Pero estamos buscando gas y petróleo, los dos. Porque nosotros somos importadores netos de petróleo.
Descubrir petróleo y manejarlo bien, y hacer que esa riqueza se convierta en desarrollo es claro.
Entonces, estamos haciendo ese esfuerzo técnico sin crear falsas expectativas, pero estamos optimistas.
Y nos hace más optimistas ver como una empresa como esta se arriesga a subastar un bloque en el mar, a 5.7 millas de la costa, a una profundidad de 700 a 1,400 metros para llegar a la parte sólida. Se arriesgan y eso significa que tienen confianza en que van a lograr resultados. Y esa confianza se transmite en nosotros.
No nos conformamos con eso. Tenemos otro anteproyecto de ley, que ya mandamos al Ejecutivo que tiene que ver con el uso y destino de la renta minera.
PROGRAMAS DE DESARROLLO
-¿En qué consiste ese anteproyecto?
Es un anteproyecto de ley que le va a garantizar al país que los recursos de la minería y de la industria extractiva se empleen solamente en programas de desarrollo. No para gasto corriente.
La figura que se crea es un fideicomiso que manejaría esos fondos en tres partidas: una parte va para el Gobierno Central, otra parte va para los ayuntamientos y otra parte, de reservas.
Para el Gobierno usar los fondos del fideicomiso, tiene que presentar un programa (voy a hacer tantos puentes, tanto puestos de trabajo) que lo aprueba el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Una vez aprobado, eso va al fideicomiso, quien lo licita, y se ejecuta. Lo mismo tienen que hacer los ayuntamientos.
La tercera parte es una reserva estratégica, porque en un momento los precios del petróleo Y del gas pueden bajar, y esas obras no se pueden detener. Y, por lo tanto, esa reserva es para garantizar esas obras.
El anteproyecto de ley está en el Poder Ejecutivo, porque lo están estudiando. Tomar una decisión de mandar eso al Congreso tiene que ser bien estudiado, sobre todo por el Ministerio de Hacienda, y por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, los que junto al Ministerio de Energía y Minas son los responsables de ejecutar esas obras.
Edwin Ruiz
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