Puerto Rico abona la paga navideña a funcionarios a pesar de problemas de liquidez

SAN JUAN. El Gobierno de Puerto Rico comenzó hoy a abonar la paga navideña a sus funcionarios, lo que miembros del Ejecutivo pusieron en duda durante las pasadas semanas a causa de la falta de liquidez y la necesidad de atender la millonaria deuda.

El inicio del proceso de pago, que el Gobierno ya adelantó, podrá demorarse durante los próximo días y llega después de un tenso fin de semana con la amenaza de movilizaciones por parte de los sindicatos si no se abonaba el salario, comprometido por la dificultad del Ejecutivo de tener que atender simultáneamente vencimientos de deuda y gastos operativos.

“El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico inició hoy el proceso para pagar a los empleados públicos la compensación requerida por la ley 34 de 1969”, informó en un comunicado el Ejecutivo, lo que puso fin a la angustia levantada entre decenas de miles de funcionarios.

“No se considera una ‘compensación extraordinaria’ a tenor con los postulados de responsabilidad fiscal reconocidos en la ley 66 del 2014”, matizó el comunicado, para dejar claro que el comúnmente conocido como “bono navideño” no es sino parte integral del salario de los funcionarios.

El colectivo de maestros, uno de los que todavía no había cobrado la paga extraordinaria de Navidad, reaccionó en un comunicado al anuncio para señalar que solo “la lucha y combatividad de los trabajadores obliga al patrono Gobierno” a respetar al colectivo.

La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) advirtió que “no bajará la guardia” ante el anuncio de que se pagará el bono de Navidad a los empleados gubernamentales en los próximos tres días.

“Hemos colocado la presión sobre este Gobierno y vemos que comienza a ceder, pero no podemos confiarnos”, declaró Mercedes Martínez, presidenta de la FMPR.

Miembros de la Coalición Sindical, que agrupa a sindicatos de diferentes sectores económicos, se habían manifestado horas antes del anuncio del Ejecutivo para exigir el pago.

El anuncio del Gobierno llegó el día 20, la fecha límite marcada por ley para abonar la paga extraordinaria navideña.

Los sindicalistas denunciaron que se trata de unas fechas señaladas en las que los funcionarios esperan la paga navideña para hacer frente a los gastos habituales, por lo que no llevarse a cabo supondría, además de incumplir con la ley, romper con la ilusión de miles de personas.

Los sindicalistas denunciaron además que el Ejecutivo esgrimía para no realizar el pago la falta de liquidez, cuando el pasado 1 de diciembre desembolsó más de 350 millones de dólares para cumplir con un vencimiento de deuda.

El asunto de la paga navideña levantó especial incertidumbre entre los cerca de 50.000 empleados del Departamento de Educación, del total de 229.000 funcionarios de Puerto Rico sobre una fuerza trabajadora en la isla que ronda las 900.000 personas.

Los funcionarios de los departamentos de Educación, Salud, Policía y Bomberos son los que se vieron afectados, ya que en las empresas públicas sí se abonó la paga de Navidad hace días.

El jefe de la Policía de Puerto Rico, José Caldero, anunció hoy que el próximo miércoles llegará la esperada paga a los cerca de 15.000 miembros de las fuerzas de seguridad en la isla.

El retraso en el abono de la paga navideña motivó en las redes sociales que los policías comenzaran una campaña para reclamar su salario.

El Gobierno sale así del paso de este compromiso, aunque el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz, ya adelantó la pasada semana que el desembolso de la paga de Navidad a los funcionarios pondría en peligro el abono de la última nómina de diciembre.

El Ejecutivo de Alejandro García Padilla se enfrenta a la disyuntiva de pagar las nóminas de funcionarios y prestar servicios básicos a los ciudadanos o atender los vencimientos inmediatos de deuda.

A principios del próximo mes de enero se cumplen vencimientos de deuda por más 900 millones de deuda con los que el Gobierno de la isla caribeña ha adelantado que no podrá cumplir.

Miembros del Ejecutivo han tratado durante las últimas semanas de convencer al Gobierno estadounidense de que el Estado Libre Asociado pueda acogerse al capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras, sin éxito hasta el momento por la oposición de los republicanos en el Congreso en Washington.

EFE