Puerto Rico se opone a que Estados Unidos imponga una junta de control

San Juan. Los independentistas de Puerto Rico alzaron ayer su voz en contra de la decisión de Estados Unidos de imponer una junta de control federal que fije la política fiscal de la isla, al entender que profundiza en la relación colonial que rige entre ambos territorios.

Según declaró ayer a Efe el copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), Héctor Pesquera, la deuda económica de US$72,000 mil millones que acumula Puerto Rico debería recaer sobre el país norteamericano, ya que es el “administrador” de la isla desde la intrusión de sus tropas militares en 1898.

“Hay que ver quién le debe a quién, porque desde que invadió a Puerto Rico, EE.UU. todo lo que ha hecho es hacernos daño”, expresó Pesquera, al esgrimir sus argumentos para justificar su afirmación de que Washington es el responsable de la crisis que atraviesa la isla caribeña desde hace una década.

Pesquera indicó que al llegar a Puerto Rico, los norteamericanos se apropiaron de la mayoría de las tierras donde se sembraba café para impulsar la industria del azúcar, implantaron las leyes de cabotaje (que exigen que toda la mercancía importada viaje en barcos con bandera estadounidense) “que le cuestan a la isla más de 500 millones de dólares” y “esterilizaron a las puertorriqueñas sin su consentimiento” en la década de los años 50.

Igualmente, mencionó que los estadounidenses bombardearon las islas Vieques y Culebra utilizándolas como campo para sus maniobras militares, pese a que las municiones contenían químicos que afectaron muy negativamente a sus respectivas poblaciones.

“Son tantos daños que nos han hecho, que son ellos los que nos deben a nosotros, pero sobretodo que nos hayan restringido la libertad. Esa es nuestra posición”, enfatizó el colíder del MINH, movimiento que impulsa la visión del educador y filósofo Eugenio María de Hostos, conocido como “El ciudadano de América”.

El Gobierno de Puerto Rico lleva meses pidiendoa EE.UU. que le permita acogerse a la Ley federal de Quiebras, para poder declararse en bancarrota y reestructurar su deuda, como hizo en su día Detroit, ya que los intereses ligados a los US$72,000 millones que debe se han vuelto “impagables”, según el gobernador Alejandro García Padilla. EFE

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