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Familiares de salvadoreños detenidos piden al Gobierno permitir visitas

Denuncian no saben si sus familiares están muertos o enfermos

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Familiares de salvadoreños detenidos piden al Gobierno permitir visitas
Imagen ilustrativa. (FUENTE EXTERNA)

"Hay miles de salvadoreños que están añorando ese momento (ver a sus familias) pero no ha sido posible por el régimen de Nayib Bukele" y "lo queremos es que se permitan las visitas familiares", dijo en una concentración en San Salvador Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).

Agregó que registran personas que tienen varios meses de detención y los familiares "no saben si están muertos" o enfermos, sin que "nadie les de respuesta" en las prisiones.

"Ojala no los entreguen en una caja, en un ataúd", dijo Ramírez.

El Congreso de El Salvador aprobó a finales de marzo el régimen de excepción, que además ha ampliado en nueve ocasiones, tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas.

Evelyn García, cuyo hermano fue detenido a inicios de agosto pasado, llamó a las autoridades a liberar sus familiares que "no son pandilleros" y señaló que viven una persecución por "el hecho de vivir en una zona conflictiva y ser pobres".

Afirmó a EFE que su hermano "es un ingeniero en sistemas y trabajaba con una empresa canadiense en línea" y que se graduó de una universidad privada y es padre de dos hijas.

"Es injusto lo que está haciendo el Gobierno, no sabemos nada de él", señaló García y denunció que en la Procuraduría General de la República no les aceptan los documentos para demostrar arraigo.

Añadió que la mayoría de detenidos son hombres, lo que deja "una carga muy pesada para las mujeres".

El régimen de excepción suspende derechos constitucionales, como el de la defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones, además la detención administrativa pasa de 3 días a un máximo de 15 días.

Human Rights Watch (HRW) y la organización Cristosal han recomendado al Gobierno de Bukele terminar con la medida.

Un informe de estas organizaciones señala que durante el régimen de excepción se han dado violaciones de derechos humanos, más de 90 muertes en custodia de fuerzas de seguridad del Estado y casos de "torturas y malos tratos".

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