Corte invalida parte de polémica reforma electoral en México

 La Suprema Corte invalidó el lunes parte de una reforma electoral en México, en el más reciente revés para el presidente Andrés Manuel López Obrador —promotor de la iniciativa— y que anticipa un incremento en las tensiones entre el Ejecutivo y el máximo tribunal.

Nueve de los 11 ministros de la Suprema Corte votaron a favor de invalidar la reforma a las leyes de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas, que aprobó en diciembre la mayoría oficialista del Congreso, y con lo cual se permitía a los funcionarios públicos expresar opiniones políticas sin riesgo de ser sancionados por incurrir en propaganda electoral — como se establece actualmente.

El máximo tribunal consideró que el Legislativo incurrió en violaciones al debido proceso al aprobar en menos de 24 horas los cambios a las leyes sin que los diputados de oposición conocieran previamente las iniciativas. Para los ministros, esto vulneró el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías parlamentarias.

Entre quienes votaron contra la reforma estuvo la presidenta de la Corte, Norma Piña, quien sostuvo que las iniciativas legislativas se emitieron sin que todas las fuerzas políticas tuvieran tiempo para analizarlas.

Otro de los que apoyó la invalidación de la reforma fue el ministro Arturo Zaldívar, expresidente del máximo tribunal, quien afirmó que se debe velar porque todos los grupos en un parlamento puedan debatir “en condiciones de igualdad y libertad”, y agregó que “en este caso no sucedió”. La posición de Zaldívar llamó la atención, porque el mes pasado votó a favor de una propuesta gubernamental para que la Guardia Nacional siguiera bajo control del Ejército y fue criticado por una supuesta cercanía con el Ejecutivo.

La reacción del gobierno no se hizo esperar. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuestionó en su cuenta de Twitter a los ministros y los acusó de “seguir protegiendo intereses particulares”. Para el funcionario, los nueve ministros que invalidaron esa parte de la reforma “pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares”.

Los argumentos planteados por los nueve ministros hacen prever que la segunda parte de la reforma electoral, que también fue impugnada por la oposición y el Instituto Nacional Electoral (INE) —y aún está pendiente de discusión en la Corte—, podría correr con la misma suerte y ser anulada.

El abogado y consultor privado Arturo Espinosa Silis consideró que en la aprobación de la segunda parte de la reforma también se incurrió en violaciones al proceso legislativo, por lo cual los ministros, “por congruencia y por consistencia, deben seguir el mismo criterio”.

Una situación similar podría darse con una veintena de leyes en otras materias de gobierno que aprobó la mayoría oficialista a finales de abril sin presencia de opositores.

Un día antes de la sesión, la Consejería Jurídica de la Presidencia exhortó en un comunicado a los ministros a actuar con responsabilidad y afirmó que, de invalidarse parte de la reforma, estarían sustituyendo la facultad del Congreso de elaborar leyes y “violarían la división de poderes”, pronunciamiento que fue considerado por analistas como una acción de presión hacia la Corte.

Espinosa Silis indicó que en este caso los ministros dejaron claro que no cedieron a las presiones del gobierno, pero admitió que “el embate hacia la Suprema Corte va a ser cada vez mayor” y no está claro hasta cuándo podrán resistir. “Necesitamos que la Suprema Corte siga siendo ese último frente de contención que resista los abusos, que resista los excesos del Legislativo y el Ejecutivo”, agregó.

En las últimas semanas las relaciones entre el gobierno y la Suprema Corte se han tensado luego de que los ministros invalidaron en abril una reforma que transfería al Ejército el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, lo que representó un duro revés para López Obrador, quien ha sustentado su política de seguridad en el uso de los militares para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que controlan vastas regiones del país.

Tras el rechazo de la reforma militar, el gobernante criticó duramente a los ministros y anunció que en 2024, último año de su sexenio, promovería una nueva iniciativa de reforma para consumar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

A fines del año pasado, López Obrador promovió la reforma de seis leyes para hacer ajustes en materia electoral, en un movimiento conocido como el “Plan B”, luego de que no logró los votos suficientes en el Congreso para modificar la Constitución en temas electorales.

Dos de las seis leyes se aprobaron en diciembre y las cuatro restantes, que redujeron la estructura del INE y le restaron facultades de supervisión y sanción a los partidos, se aprobaron dos meses después y están pendientes de evaluación por parte de la Corte.

El INE y los partidos opositores presentaron acciones contra el paquete de leyes en la Suprema Corte alegando que los cambios violaron la constitución, mermaron la autonomía de la institución, desequilibraron el modelo de comunicación social y perjudicaron la equidad en la contienda electoral.

López Obrador ha negado que el paquete de reformas pueda poner en riesgo la realización de comicios en México, como aseguraron las autoridades electorales, y planteó que la iniciativa buscaba recortar el oneroso presupuesto del INE y terminar con sus privilegios.

Ahora, con la invalidación de parte de la reforma electoral, los analistas estiman que el INE tendrá mayor certidumbre sobre sus acciones y podrá encaminarse sin presiones para preparar las elecciones presidenciales del próximo año.

AP

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