La seguridad se reforzará en las "zonas calientes" de Guayaquil y otras ciudades aledañas
La tensión se mantiene en Ecuador tras una serie de motines en cárceles con 178 funcionarios retenidos y el estallido de coches
EFE
La seguridad de las "zonas calientes" de Guayaquil y de otras cuatro ciudades de la costera provincia de Guayas, uno de los epicentros de la crisis de violencia que vive Ecuador, se reforzarán con la presencia de más policías y militares.
Ese fue uno de los acuerdos a los que autoridades locales y provinciales llegaron este jueves en la primera mesa de seguridad zonal, que se instaló tras la declaratoria de un "conflicto armado interno" por parte del presidente Daniel Noboa, en la que identificó como organizaciones terroristas a 22 bandas criminales, de los cuales la mayoría tiene gran influencia en Guayaquil y sus alrededores.
"(Se reforzará la seguridad) obviamente en Guayaquil, en las 'zonas calientes', igual en Yaguachi, Durán, El Triunfo, Daule. Yo creo que están las zonas que mayor esfuerzo requieren de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. Lo mismo en las carreteras", dijo a periodistas Alberto Molina, el gobernador del Guayas (delegado del Gobierno) a la salida de la reunión, que duró casi tres horas.
En la cita también estuvieron la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, el comandante de Policía de la Zona 8, Víctor Herrera, y otros representantes zonales de las Fuerzas Armadas, Gestión de Riesgos y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), encargado del control de las cárceles.
Atención en las carreteras
Aguiñaga, quien un día antes se había reunido con los alcaldes de toda la provincia, señaló que habrá puntos de control en los peajes de todas las carreteras, especialmente en las zonas "que han sido declaradas complejas". "Porque nuestras vías son atacadas por los delincuentes, por los terroristas", afirmó.
"También hemos hecho el requerimiento para que la Corporación Nacional de Electricidad nos dé el aval técnico para hacer inversiones en casos de iluminación a las entradas y salidas de los centros poblados, de manera que podamos darle mayor percepción de seguridad a la ciudadanía", señaló.
Y agregó que ahora todos los municipios y provincias deberían "reorientar sus presupuestos" a "lo prioritario".
"Nosotros hicimos inversiones en temas de logística para albergues para el fenómeno de El Niño, y no ha llegado el fenómeno. Usemos esa logística para apoyar a los centros de operación y comando que requiere la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, esa es una de las decisiones que vamos a tomar", señaló.
Aguiñaga dijo que todos los municipios están poniendo recursos para la seguridad, pese a que el Gobierno no les paga el total de las asignaciones que corresponden a 2023.
La provincia de Guayas y su capital Guayaquil son las zonas en donde se concentran la mayor cantidad de hechos delictivos en todo el país.
Según cifras oficiales, en Guayaquil y las vecinas Durán y Samborondón se cometen el 35,03 % de los homicidios intencionales de todo el país y, en los demás municipios de la provincia otro 12,06 %.
"Buscan generar terror"
Ni Aguiñaga ni el gobernador Molina dieron cifras sobre delitos o capturados en las últimas horas, pero el comandante de policía Víctor Herrera dijo por la mañana que solo en el área metropolitana de Guayaquil han capturado a 46 personas asociadas a "actos de terrorismo", conforme se les considera ahora a los ataques de estas bandas criminales.
"Lo que buscan estos grupos delictivos es generar terror, pero la Policía está dando resultados y seguirá trabajando para mostrarlos a los medios y a la ciudadanía", concluyó Herrera.
La tensión se mantiene en Ecuador tras una serie de motines en cárceles con 178 funcionarios retenidos y el estallido de coches, el secuestro y asesinato de policías e incluso la incursión armada en un canal de televisión el pasado martes en Guayaquil, que terminó con 13 detenidos.
Estos hechos, atribuidos a bandas criminales, se suscitan cuando el Gobierno de Noboa se disponía a poner en marcha su plan para recuperar el control de las cárceles ecuatorianas, muchas de ellas dominadas internamente por grupos de delincuencia organizada.
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