Vicepresidente salvadoreño: "Si funcionarios negociaron con maras, hay que castigarlos"

En una entrevista exclusiva con RFI, Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador y candidato a su reelección con el presidente Nayib Bukele en los comicios del domingo, defendió el controvertido modelo de su gobierno y la política de lucha contra las pandillas en el marco del estado de excepción. Además precisó que si se comprobara que funcionarios negociaron bajo cuerda con maras, deben ser castigados.

¿De cara al domingo a las elecciones, qué sería un buen resultado para ustedes? Porque damos por descontado que Nayib Bukele va a ganar...

Un buen resultado, en primer lugar, es que se desarrolle un proceso electoral justo, transparente, democrático, que el pueblo tenga la posibilidad de votar sin ningún tipo de presión y que su resultado, su expresión, sea cual sea, demuestre la voluntad del pueblo. En términos cuantitativos, nos encantaría superar un 75%, que ya es una cifra muy alta. Si lográramos tener una votación arriba del 75%, sería un récord histórico en nuestro país y en muchos países de la región, porque los niveles de participación de nuestra gente, dado que el voto no es obligatorio en nuestros países, han siempre rondando por el 50 y tanto por ciento. Entonces, una participación masiva y un voto favorable para el presidente Bukele arriba del 75% sería un ideal.

Hay muchas voces que hablan de ese riesgo de acumulación de poder de Bukele, en caso además de tener un alto porcentaje, de que esta reelección iba contra varios artículos de la Constitución. ¿No es esto estrangular un poco las reglas del juego?

Yo creo que más bien es cómo se entiende la democracia, porque muchos de los críticos, que algunos se llaman intelectuales, otros se llaman analistas, ven a la democracia como una entelequia. Tienen un concepto de democracia, y cuando la realidad democrática no encaja dentro de ese concepto, para ellos ya no hay democracia. Nosotros lo entendemos desde la forma más simple y sencilla. Etimológicamente, el concepto de democracia quiere decir demos/pueblo, kratos/poder: el poder del pueblo. Por eso yo insisto que, si el pueblo que tiene el poder y es soberano, lo delega, porque esa es la democracia representativa, una delegación de representación en el Presidente, y eso es una delegación totalmente mayoritaria, como la que tiene ahorita el Presidente, pues es la democracia que tiene El Salvador.

Entonces la diferencia entre un dictador y un líder democrático fuerte, con mucho soporte popular, estriba en la relación del gobernante con el gobernado. Un dictador oprime, reprime, humilla al pueblo. En el caso del Presidente Bukele, cuando la gente se pronuncia, lo ve como un protector, como alguien que les lleva seguridad y que está junto al pueblo en los momentos críticos, como se vio durante la pandemia.

La oposición puede quedar en índices residuales el domingo. Ustedes critican a la oposición, acusándola con Bukele de que vaya a liberar a pandilleros. ¿Por qué la acusan de eso? ¿Qué indicios tienen de que esto pueda ser verdad?

Bueno, si tú ves, actualmente hay un spot en televisión, donde todos los diputados de todos los partidos de oposición se han expresado en esos términos, diciendo que el régimen de excepción hay que suspenderlo, que no debió haberse impuesto, y un diputado del partido Arena dice que, si Bukele pierde el poder, se abrirán las cárceles, o sea, pues que no es una amenaza ni de querer asustar.

Sabe que uno de los temas más polémicos son las garantías procesales de los detenidos. ¿Cómo calificaría las garantías que tiene ahora mismo un detenido en El Salvador?

Bueno, primero hay que separar a los detenidos. Hay detenidos que son presos comunes por delitos comunes, que es la gran mayoría de gente que comete un delito, puede ser un robo, un homicidio, cualquier tipo de delito común, y los detenidos por pertenecer a estructuras criminales. O sea, los comunes no van a la CECOT [Centro de Confinamiento del Terrorismo, penitenciario de máxima seguridad] y no se les aplican las medidas procesales que sí se les aplica a los miembros de las pandillas. Y para dejarlo claro, el régimen de excepción en El Salvador este día solamente afecta dos garantías de carácter constitucional. Y una tiene que ver con el periodo de detención.

Cuando no hay régimen de excepción, una persona es detenida durante 72 horas y luego es puesta a la orden del juez. Ahora, con el régimen de excepción, este periodo se amplía a 15 días. El segundo es la inviolabilidad de tu correspondencia: nadie puede revisar tu correspondencia, tu correo, ni nada. Con el régimen de excepción, la persona que es capturada bajo la acusación de ser miembro de una estructura criminal, inmediatamente la policía revisa su teléfono, su computadora, sus comunicaciones porque es la forma de poder identificarle. Son las dos únicas garantías que afecta al régimen de excepción.

Por lo tanto, cuando mucha gente, sobre todo en Europa, ha planteado que cómo puede haber elecciones bajo régimen de excepción, bueno, porque el régimen de excepción no afecta a la población salvadoreña ni una sola libertad pública: libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de asociación, todas las libertades públicas están garantizadas.

De tal suerte que estas dos garantías que también tienen que ver con la parte procesal, están siendo afectadas para los miembros de las pandillas. Por otra parte, que luego que también vale la pena que se conozca a nivel de tu audiencia, de que en El Salvador ha habido toda una reinvención de muchas normas penales y procesales justamente para adecuarlas a la guerra contra las pandillas. Porque con las normas de derecho común penal no podías enfrentar a un enemigo como las pandillas, entonces tenías que modificar tu normativa penal.

Tal seguramente algunas de esas cosas son discutibles, pero responden, entendemos, a una realidad de El Salvador. Pero poniendo los focos de largo plazo, no podemos estar tampoco con un estado de excepción de por vida. Y supongo que atajar la realidad de las pandillas para que el problema no vuelva tendrá que ir a unas causas estructurales más profundas y tendremos que tener unas políticas a largo plazo que ataquen la desigualdad, la pobreza y otro tipo de cosas. Eso tiene que estar ahí, en esa visión política que ustedes encarnan...

Absolutamente, 100% de acuerdo contigo. Las pandillas no surgieron por generación espontánea, son producto de una desigualdad social, de la desatención del Estado a una niñez que quedó abandonada después de la guerra. Eso es lo más triste y lo más trágico, porque estos niños, que eran los huérfanos de la guerra, que sus padres o murieron en el conflicto o se fueron del país y los dejaron abandonados, no fueron atendidos por el Estado y empezaron como simple delincuentes juveniles que luego, cuando se encontraron con mareros deportados de Estados Unidos, se fueron estructurando hasta llegar a ser un Estado paralelo. Porque eran ellos los que controlaban casi todo el territorio nacional e imponían sus propias leyes y tenían un poder económico enorme.

Solo la industria del transporte, les pagaba 40,000,000 de dólares cada año, sin contar todos los otros mecanismos de extorsión que tenían. Entonces era un Estado paralelo donde el Estado institucional había perdido soberanía. Entonces, para que no se repita este fenómeno, que es producto de la posguerra, de los gobiernos que administraron la posguerra y que no lo atendieron a estos niños, a estos jóvenes ni al modelo económico, tenemos nosotros que verlo con esa visión ejemplarizante para no cometer los errores. Yo creo que eso es lo que le va a dar garantía de no repetición al fenómeno de las pandillas. Tenerlos detenidos en el CECOT es una medida de contención y una medida coactiva del Estado, igual que capturarlos y ponerlos allá. Pero la medida correctiva es, como tú dices, atacar las causas estructurales que generaron las pandillas, y esas están principalmente en la estructura económica excluyente donde las élites económicas y políticas de transición se beneficiaron a sí mismas y se olvidaron de los sectores populares de las clases trabajadoras porque las pandillas surgen justamente en esos barrios.

Hay una ONG que denuncia 224 muertos en prisión durante el estado de excepción. ¿Estos casos se están investigando, señor Ulloa?

Yo creo que sí, pero yo cuando las ONG dan estas cifras, tengo mis dudas. Si tú ves que el histórico de personas que fallecen o que han fallecido en los sistemas penitenciarios carcelarios de El Salvador, ha sido de 200 personas cada año. Si tú revisas el histórico antes del Estado de excepción hace 10 años, hace 8 años, hace 5 años, hace 20 años, se han muerto un promedio de 200 personas, o sea, 248 no es una cifra extraordinaria o que te pueda romper un estándar de eso.

Ante las críticas internacionales de una deriva autoritaria, ¿usted como vicepresidente, puede garantizar unos estándares democráticos para El Salvador en el futuro en el próximo mandato?

Sí, si volvemos otra vez al concepto de que es democracia, porque yo entiendo democracia en el sentido etimológico, demos pueblo y kratos poder, o sea. Si estamos haciendo lo que el pueblo necesita, quiere, espera de un Gobierno y el pueblo le da en esa delegación de soberanía....

Pero claro, esa voluntad también tiene que ir acompañada por una prensa libre, independiente, por una capacidad de manifestación en la calle de los que estén en contra...

Este país quizás tiene quizá la mayor libertad de expresión que exista, porque no hay un Estado que yo conozca, un gobierno, un presidente que todos los días en la mañana, en la tarde, un día sí y el otro siguiente, que sea atacado por los principales periódicos y los principales medios de comunicación. Si tú tienes la oportunidad de revisar los dos grandes periódicos que son vinculados al partido Arena y el periódico pequeño, Colatino, que es vinculado al FMLN, vas a ver que no hay una sola referencia positiva al Gobierno ni al Presidente Bukele ni a su proyecto. Todos son críticas y ninguno de ellos ha recibido jamás una sanción, una censura, una norma que les limite su ejercicio, no hay un periodista preso, no hay una ley mordaza, no hay absolutamente ninguna amenaza por la libertad de expresión.

Al término de la entrevista, el vicepresidente de El Salvador admite que el modelo no busca la perfección, sino la eficacia en la lucha contra las pandillas y se defiende de las acusaciones de algunos medios independientes sobre eventuales negociaciones bajo cuerda con las maras, si las ha habido, esa cuenta de funcionarios, pero no por parte del Gobierno.

Algunos funcionarios pueden estar involucrados, y hay que investigarlos, procesarlos y, si han cometido ilícitos, hay que castigarlos, pero no es lo mismo que una política de gobierno como que la que sí vivimos con los dos Gobiernos anteriores.

RFI

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