El Salvador y Guatemala se suman a ocho países que rechazan "desestabilizar" a Bolivia
La adhesión de ambos países fue informada en la red social X por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay
EFE
El Salvador y Guatemala se sumaron este sábado a una declaración conjunta en la que Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú rechazaron la víspera "toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático" en Bolivia, donde protestas de sectores campesinos y sindicales mantienen carreteras bloqueadas desde hace 11 días.
La adhesión de El Salvador y Guatemala fue informada en la red social X por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.
"Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025", señaló el comunicado que también fue difundido este viernes.
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Los diez países latinoamericanos manifestaron su "preocupación por la situación humanitaria en Bolivia" debido a las protestas que han generado desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población y expresaron su "solidaridad" con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, y el pueblo del país andino.
"Exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social", enfatizó el comunicado conjunto.
Sectores campesinos y sindicales mantienen carreteras bloqueadas desde hace once días, principalmente en el departamento boliviano de La Paz y la ciudad vecina de El Alto, como medidas de protesta para exigir la renuncia de Paz.
Acciones del Gobierno boliviano
El Gobierno de Bolivia aseguró este sábado que hará todo "esfuerzo" para evitar un "derramamiento de sangre", luego de que la Policía y las Fuerzas Armadas de ese país iniciaran una operación conjunta para despejar las principales carreteras.
El Gobierno boliviano ha denunciado un "plan macabro" supuestamente diseñado por el expresidente del país Evo Morales (2006-2019) para "romper el orden constitucional" y que presuntamente está "financiado" por el narcotráfico, una acusación que el exmandatario rechazó.
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