El regreso de Juan Orlando Hernández y la doble vara de Washington

Si nada lo impide, el 3 de agosto Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, se volverá a sentar frente a un juez. Esta vez lo hará en Tegucigalpa, pero sin esposas, como en abril de 2022, cuando la policía de su país lo detuvo para extraditarlo a Estados Unidos, donde un juez lo sentenció por narcotráfico a 45 años de cárcel. Acudirá como un hombre libre, indultado por el presidente Donald Trump, esta vez a responder por presunto fraude y lavado de dinero, en un proceso que la fiscalía hondureña reactivó apenas se conoció su libertad. El propio Hernández anunció en un video publicado en sus redes sociales que regresará el domingo 26 de julio, aprovechando que la Corte Suprema hondureña desactivó la alerta roja de Interpol para que pudiera regresar sin ser detenido.

Hasta hace poco, este nuevo escenario era un imposible. Al fin y al cabo, en 2024 un jurado federal en Manhattan lo había declarado culpable de conspirar para introducir cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Es más, la fiscalía lo describió como el responsable de una de las mayores operaciones de narcotráfico patrocinado por el Estado jamás procesadas por la justicia estadounidense. Alimentaron el caso varios testimonios de narcotraficantes cooperantes, libros contables con pagos a "JOH y su gente" y el relato de un soborno de un millón de dólares entregado personalmente por el narco Joaquín "El Chapo" Guzmán. Para el Departamento de Justicia el expediente era tan sólido que logró una sentencia de 45 años, una virtual cadena perpetua, contra el expresidente hondureño.

Pero en la era Trump todo es posible. En diciembre de 2025 la sentencia quedó sin efecto cuando el presidente estadounidense firmó un indulto con el que Hernández salió el mismo día de la prisión de máxima seguridad en West Virginia. El mandatario estadounidense borró de un plumazo las evidencias y justificó su controvertida decisión en que el hondureño, "según muchas personas a las que respeto profundamente, ha sido tratado con gran dureza e injusticia".

Al indulto lo precedieron una carta, un lobista y una elección presidencial. Cinco semanas antes, Hernández escribió a Trump una misiva —en la que se refería a él como "su excelencia"— en la que alegaba ser un perseguido político del gobierno de Joe Biden. Pero ese no fue el único elemento que ablandó el juicio del magnate. Roger Stone, un consultor político y cabildero con una enorme influencia sobre Trump, llevaba meses presionando por la revisión del caso. Sostenía que Hernández era víctima de un lawfare (persecución judicial) orquestado por la izquierda hondureña. El propio Stone le dijo al medio estadounidense Axios que el mismo día del indulto le explicó a Trump que perdonar a su viejo aliado Hernández revitalizaría las posibilidades de triunfo del candidato de su Partido Nacional, Nasry Asfura, a dos días de las elecciones presidenciales.

Más allá del perdón judicial y del espaldarazo de Trump a Asfura, la movida demostró que para la Casa Blanca no todos los narcos son iguales ante las leyes y que la política antidrogas de Washington también responde a intereses geopolíticos. Para la prueba, por la época del indulto a Hernández, el mandatario estadounidense ya había ordenado más de dos decenas de ataques con drones a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe, con un saldo de más de 100 muertos. Y un mes más tarde, desplegó una operación militar en Venezuela para capturar al entonces presidente, Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. Rebecca Bill Chavez, presidenta del Diálogo Interamericano y exsubsecretaria de Defensa de Washington dijo a la BBC que esas acciones de la Casa Blanca hacen que la misión antinarcóticos "parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas".

Esto no es enteramente nuevo, pero durante el segundo mandato de Trump, Estados Unidos cambió radicalmente la forma de abordar el problema del tráfico de drogas. Apenas unos días después de su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, firmó una orden ejecutiva en la que designó a las principales organizaciones criminales de México, Colombia y Venezuela –como el Cartel de Sinaloa, el de Jalisco (CJNG) y el de los Soles– como organizaciones terroristas extranjeras.

Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), puntualizó que actualmente 18 grupos de crimen organizado y narcotráfico conforman su lista de grupos terroristas. Y no se trata de algo cosmético porque, jurídicamente, ese cambio convierte a los carteles en una amenaza similar a la de Al Qaeda o el Estado Islámico, lo que abre la puerta a combatirlos con fuerzas armadas y no por la vía judicial. La nueva Estrategia Nacional Antiterrorista de Trump sitúa como principal prioridad de seguridad del país la eliminación de los cárteles que operan en el continente americano, por encima del yihadismo.

Y como señaló Isacson, "no parecen tener la misma energía, el mismo deseo de combatir el narcotráfico como tal, ese narcotráfico que se viste de corbata y, especialmente, el narcotráfico que tiene conexiones políticas con movimientos que apoya Trump o cercanos a Trump que están recibiendo un trato mucho menos fuerte", señaló Isacson.

Los otros "Juan Orlando"

El indulto al expresidente de Honduras no es el primer episodio en que la lucha antinarcóticos queda subordinada a la geopolítica. En 2020, durante el primer mandato de Trump, la agencia estadounidense de control antidrogas (DEA) arrestó en Los Ángeles al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de México, acusado de proteger a un cartel a cambio de sobornos. Un mes después, el Departamento de Justicia retiró los cargos tras fuertes presiones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Cienfuegos volvió a México y allí fue exonerado e, incluso, condecorado. El periodista Tim Golden reconstruyó para el medio ProPublica ese capítulo a partir de entrevistas con agentes de la DEA y fiscales del Distrito Este de Nueva York que habían sustentado el caso. Según sus testimonios, el entonces fiscal general de Estados Unidos, William Barr, habría actuado por su cuenta, sin consultar con Trump, porque consideró que había que preservar a toda costa la cooperación antidrogas entre los dos países.

Isacson recordó también dos ejemplos más recientes: el del expresidente paraguayo Horacio Cartes y la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ambos están relacionados con aparatos e