Clínicas lamentan que el fallo del Supremo no evite veto al aborto en Texas

Las organizaciones y clínicas que han llevado la ley que prácticamente prohíbe el aborto en Texas ante el Tribunal Supremo de EE.UU. lamentaron este viernes la decisión de la corte de dejar en vigor esa norma, pese a que les permite continuar su desafío judicial en instancias menores.

"Hoy es un día negro para las pacientes de aborto, los médicos y quienes proveen (servicios abortivos), es también un día negro para cualquiera a quien le importen los derechos constitucionales", dijo el abogado Marc Hearron, del Centro por los Derechos Reproductivos, quien expuso ante el Supremo los argumentos de las clínicas texanas.

Hearron explicó en una rueda de prensa virtual que la resolución del Supremo supone que "cualquier estado pueda prohibir el ejercicio de cualquier derecho constitucional dentro de las fronteras estatales, si permite que el veto sea aplicado mediante denuncias particulares", ya que las cortes federales no pueden impedirlo.

La ley de Texas, que entró en vigor en septiembre, prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación y no contiene excepciones para los casos de incesto o violación.

Uno de sus aspectos más polémicos es que deja en manos de particulares y no de funcionarios estatales, como suele ser habitual, su aplicación, ya que cualquier persona puede presentar demandas civiles contra cualquiera que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición.

Además, ofrece recompensas de hasta 10,000 dólares a cada demandante si gana el juicio.

Ese sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación recae en esos ciudadanos particulares y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto al aborto.

Tanto el Gobierno del presidente Joe Biden como un grupo de clínicas texanas han llevado al caso ante el Supremo.

Hearron instó al público a no confundirse con esta decisión ya que, pese a que el Supremo deja que el desafío legal siga adelante contra algunos funcionarios estatales, "no bloquea el plan de cazadores de recompensas de Texas", en referencia a la compensación que el estado da a los particulares para que denuncien.

Aun así, el letrado dijo que recurrirán ante un tribunal federal menor para buscar "alivio" contra esos funcionarios estatales.

En suma, la resolución del Supremo "apoya de forma efectiva los esfuerzos de Texas de subvertir la Constitución de EE.UU.", concluyó Hearron.

Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva de Whole Woman's Health Alliance Amy Hagstrom Miller, cuya organización gestiona varias clínicas afectadas en Texas, subrayó que la decisión de Supremo es "injusta, cruel e inhumana", y llega cien días después de la entrada en vigor de la norma.

Describió que durante estos cien días el impacto del veto ha sido "insoportable" en el personal de su organización y en sus pacientes: "Nuestro personal está descorazonado, tiene miedo y está desanimado", indicó Hagstrom Miller.

Hagstrom Miller destacó que ahora las embarazadas de Texas que quieren abortar deben viajar a otros estados como Oklahoma, Luisiana o Nuevo México, e incluso a otros más lejanos como Nueva York, Minesota y Virginia.

"Y las clínicas en esos estados están saturadas por intentar hacer lo mejor para apoyar a las texanas, hay una lista de espera de cuatro semanas para una cita médica en Oklahoma y más de seis en Luisiana", se quejó.

EFE

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