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Manifestante del 11J con ciudadanía española es excarcelado en Cuba

La madre del joven exigía desde hace semanas su liberación alegando que Mario Josué Prieto había intentado suicidarse en prisión

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Manifestante del 11J con ciudadanía española es excarcelado en Cuba
Imagen ilustrativa. (FUENTE EXTERNA.)

El cubano-español Mario Josué Prieto Ricardo, condenado a 12 años de prisión tras participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, fue excarcelado el 24 de diciembre por motivos de salud, informaron este lunes medios independientes.

La madre del joven, que lo ha acogido en su domicilio tras salir de la cárcel, exigía desde hace semanas su liberación alegando que Prieto había intentado suicidarse en prisión.

Las autoridades cubanas otorgaron una "licencia extrapenal" a Prieto, quien fue sancionado por el delito de sedición. Se trata de un permiso para que un reo cumpla su pena en casa por razones justificadas de salud.

Los familiares de Prieto llevaban meses advirtiendo del empeoramiento en la salud del joven.

Su madre había dicho en la prensa independiente que este padecía de neuropatía retrobulbar -inflamación en un nervio óptico- y "sospechas de esclerosis múltiple".

El pasado septiembre, la ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) envió al Gobierno de España un informe jurídico sobre la situación de Prieto Ricardo.

En el escrito, la organización pidió a Madrid que intercediese y advirtió de que "no hacer nada es la peor opción".

Agregó que "la presión de España podría ser determinante" para obtener su liberación.

Según los medios independientes, el cubano-español vivía en Estados Unidos, pero se quedó en la isla en 2020 debido a la pandemia de COVID-19.

En el país norteamericano -de acuerdo con la prensa no estatal- tiene pendiente una orden de captura por varios delitos como robo, conducta impropia, evasión de la policía, agresión a un miembro de su familia y arrojar basura en espacios públicos.

Según la ONG Cubalex y el colectivo Justicia 11J, tras las protestas del año pasado se han dictado cerca de 700 sentencias, algunas de hasta 30 años de cárcel.

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