Párroco nicaragüense es condenado a 30 años de cárcel por abusar de una menor
El presbítero se convierte en el segundo sacerdote en ser condenado por la Justicia nicaragüense por delitos comunes
EFE
El sacerdote nicaragüense José Leonardo Urbina Rodríguez fue condenado a 30 años de cárcel por el delito de abuso sexual en concurso real de violación sexual y lesiones psicológicas leves en perjuicio de una menor de 14 años, informó este viernes el Poder Judicial.
Urbina Rodríguez, de 51 años y párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, de la ciudad de Boaco (centro), deberá permanecer en el Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo, hasta el 12 de julio de 2052, según la sentencia dictada por el juez Edén Enrique Aguilar Castro, del Juzgado Tercero Especializado en Violencia contra la Mujer de Managua.
El presbítero se convierte en el segundo sacerdote en ser condenado por la Justicia nicaragüense por delitos comunes.
El abogado nicaragüense exiliado Yader Morazán explicó que, según la sentencia, "la condena recayó sobre 3 hechos: los 2 primeros calificados como abuso sexual, ocurridos en diciembre de 2021, y enero de 2022, los que tienen como pena 12 años individualmente, y el último calificado como violación a menor de 14 años, con la pena de 25 años".
En Nicaragua, por ley, la pena máxima es de 30 años, excepto cuando la persona sea condenada por delitos graves y concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación o repugnancia en la comunidad nacional, y se les aplica pena de prisión perpetua.
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Abogado critica transparencia de proceso
Morazán, especialista en administración de justicia y derechos humanos con enfoque de género y exfuncionario del Poder Judicial, criticó la transparencia e imparcialidad del proceso bajo el argumento de que el juez impuso a una representante de la Defensoría Pública como abogada de oficio del presbítero, impidiendo a la familia el derecho de nombrar a un abogado defensor particular, pese a que hicieron cuatro peticiones al respecto.
Además, condenó al sacerdote en un juicio a puertas cerradas, y le negó en todo momento todo contacto o presencia familiar, agregó.
"Sin referirme a que si los hechos acusados son reales o no, lo que acá vemos de nuevo es un proceso anulable por estar plagado de muchas irregularidades", explicó.
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Los hechos acusatorios
Según los hechos acusatorios, en diciembre de 2021, previo a la época de Navidad, el sacerdote pidió permiso a la abuela de la menor, con quien tenía 6 años de amistad, para que la niña, a bordo de una camioneta conducida por el religioso, lo acompañara a comprar tortillas.
El cura se desvió del camino y estacionó el vehículo a la orilla de un río, donde, según la acusación, realizó tocamientos a la niña, y, además de besarla, le pidió sostener relaciones sexuales, a lo que la menor se negó.
La Fiscalía sostuvo que un domingo de enero pasado el cura utilizó la misma justificación y llevó a la menor al mismo lugar, tocó sus partes y le propuso de nuevo sostener relaciones sexuales.
La tercera vez fue en abril pasado, un domingo, cuando el cura, con la misma excusa, se llevó a la menor al mismo lugar y en esa ocasión consumó la violación vaginal, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público.
Urbina Rodríguez se convierte en el segundo sacerdote condenado en los últimos 3 meses, de un total de 11 que guardan prisión, incluido Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa (norte), quien es acusado de subversivo, aunque no se han ofrecido pruebas.
En mayo pasado, el sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, de la parroquia Jesús Nazareno, de la ciudad de Nandaime (oeste), fue detenido por una supuesta agresión contra una mujer y posteriormente condenado a dos años de prisión.
La supuesta víctima desmintió haber sido agredida por el religioso, por lo que fue acusada por la Fiscalía por el delito de falso testimonio, y declarada culpable por un juez.
El presidente Daniel Ortega ha tildado de "terroristas" a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis política y social que vive el país desde 2018.
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