La Junta Central Electoral y el fallido cambio a la tecnología

El escenario de la Junta Central Electoral (JCE) se vio empañado este año por el enfrentamiento que libra el organismo con la empresa Indra Sistema, por una deuda US$13.9 millones, producto de la compra de los equipos tecnológicos utilizados en las elecciones generales del 2016.

En enero pasado, luego de algo más de un mes de haber sido designados, los actuales miembros de la JCE comenzaron a recibir los reclamos de pago por parte de la suplidora de capital español.

Esa situación dio pie a que los nuevos incumbentes solicitaran a la Cámara de Cuentas determinar el estatus financiero con dicha empresa. Conjuntamente con ello, los titulares electorales dispusieron que técnicos de la Dirección de Informática realizaran una evaluación a los equipos para determinar el estado en que se encontraban.

El resultado de dicha evaluación dio lugar a un escándalo, pues arrojó un precario desempeño de los equipos de registro de concurrentes y del escrutinio de los votos, así como su poca funcionalidad para ser utilizados en otros procesos electorales.

En medio del escarceo, la empresa Indra Sistema proclamó que cumplió con todos los términos y plazos del contrato de licitación que contrajo con la Junta y dio paso a una intimación de pago bajo reservas de interponer cualquier acción legal a fin de restituir sus derechos y proteger la inversión realizada. Hizo alusión a las disposiciones y términos del Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Dominicana.

Entretanto, el embajador de España en el país, Alejandro Abellán García de Diego, intervino en el caso en busca de un entendimiento, encabezando una reunión con las partes. Ello porque el 20% de las acciones corporativas de Indra pertenecen al Estado español. El organismo electoral adujo entonces que aguardaría el informe final de la investigación de la Cámara de Cuentas que buscaba determinar el estatus financiero.

Sin embargo, la situación se puso color de hormiga, tras el informe de la Cámara de Cuentas, el cual recomendaba a la JCE pagar a Indra Sistema los saldos adeudados para cumplir con el cronograma del contrato. Los atrasos de pagos ya exceden los 15 meses y según la suplidora ha tratado de llegar a un acuerdo de manera amigable, sin respuestas del organismo.

A raíz del fallo de la Cámara de Cuentas, el presidente de la Junta, Julio César Castaños, advirtió que “la auditoría no cubre aspectos técnicos del funcionamiento de los equipos, por lo que aguardaremos por una nueva evaluación a cargo de una Comisión de Asesores Informáticos”. La Comisión tendrá su primera reunión este jueves 14 de diciembre.

En consecuencia, la decisión referente al cobro que realiza Indra a la JCE y el futuro de los equipos tecnológicos será determinada finalmente, una vez concluyan las evaluaciones de la Comisión de Asesores Informáticos.

Pica y se extiende

El caso de los equipos no sólo generó diferencias entre la JCE y la empresa Indra Sistema, sino que sacó al terreno del conflicto al expresidente del organismo electoral, Roberto Rosario Márquez.

Ante los cuestionamientos, Rosario Márquez prometió que en el momento oportuno se referirá al caso, y solicitó al Pleno de la JCE copia del acta certificada donde fue aprobado el “Informe sobre los Equipos Adquiridos en las Elecciones del 2016”.

En medio de sus acciones, una denuncia fue interpuesta en su contra ante la Fiscalía del Distrito Nacional, por el dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara, quien le acusa de haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Posteriormente, dirigentes del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), solicitaron en un piquete frente a la Procuraduría General de la República, el sometimiento a la justicia de Rosario Márquez, a quien le imputan realizar una compra innecesaria de equipos por US$37.9 millones, los cuales no están aptos para futuros procesos.

Del informe de la JCE

La evaluación técnica establece que un 36% de los Colegios Electorales no transmitió ningún dato y que aproximadamente el 58% de las relaciones de votación del nivel C1 fueron procesadas de forma manual, debido a que no se pudo completar el proceso desde los Colegios Electorales.

Sostiene que desde la primera prueba se detectaron fallos en los equipos; y que en ninguno de los demás intentos se pudo conseguir una transmisión de datos mayor al 74% de los colegios electorales.

Como uno de los principales problemas presentados están las fallas en la transmisión de datos, producto de la incompatibilidad presentada por los módems USB (que permite la comunicación remota), los cuales trabajaban con una frecuencia menor a la utilizada en el país, que en ese entonces era 3G.

“Por cuanto, luego de revisar el diagnóstico realizado a las unidades de registro y escrutinio, y habiendo ponderado los problemas técnicos de los equipos juntos con los fallos de software, salvo su mejor parecer, sugerimos no hacer uso de los mismos en procesos electorales futuros”, concluyó el informe técnico elaborado por el Departamento de Informática de la JCE.

Niza Campos