Difamación y libertad de prensa
La responsabilidad de la palabra en democracia
Las redes sociales y ciertos espacios audiovisuales han democratizado la palabra, pero también han abierto una puerta peligrosa: la difamación convertida en espectáculo. En el país se ha vuelto casi rutina el chantaje verbal, la insinuación sin pruebas, la acusación lanzada al aire con la ligereza de quien sabe que rara vez tendrá que responder por ella. Así como encabezamos los índices de libertad de prensa del continente, también sobresalimos en el libertinaje que a veces se confunde con ella.
La libertad de expresión es uno de los pilares de cualquier sociedad democrática. Su grandeza descansa precisamente en sus límites éticos y jurídicos. La palabra es un derecho; la difamación, en cambio, es un abuso. Confundir ambos planos es una renuncia al mínimo rigor que exige la vida pública.
Mientras llegan instrumentos legales más eficaces para proteger la reputación frente a los excesos de la era digital, queda un recurso: querellarse. No por ánimo de venganza, sino por higiene institucional. Cuando los agraviados deciden acudir a los tribunales y, sobre todo, se comprometen a sostener el proceso hasta sus últimas consecuencias, los difamadores empiezan a encontrar un límite.
La impunidad prospera, ciertamente, en el anonimato de las pantallas. Pero también en la resignación de quienes concluyen que no vale la pena responder. Allí reside uno de los problemas centrales. Cada acusación sin pruebas que queda sin contestación fortalece la idea de que la palabra puede utilizarse como arma sin costo alguno.
Siempre vale la pena defender el propio nombre. No por orgullo personal, sino por el valor público de la reputación. Allí donde la injuria circula sin freno, la conversación democrática se degrada. Si la palabra pierde su responsabilidad, termina por convertirse en el refugio de los delincuentes del lenguaje.

Aníbal de Castro