Rafael Eugenio RoblesLa minería como pilar estratégico: El oro brilla en el presupuesto de 2026
El sector minero se consolida como amortiguador de la economía nacional
El Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2026 alcanza la cifra consolidada de RD$1,841,701,394,621, configurándose como un instrumento de política económica que busca el delicado equilibrio entre la inversión social y la sostenibilidad de las cuentas públicas. En este complejo entramado financiero, el sector minero emerge como uno de los pilares más sólidos de ingresos extraordinarios, funcionando como un amortiguador crucial frente a las turbulencias económicas internacionales y permitiendo al Estado capturar rentas significativas cuando las condiciones del mercado global de metales preciosos resultan favorables.
El corazón de oro de Sánchez Ramírez
La contribución más significativa del sector minero dominicano proviene de las entrañas rocosas de Sánchez Ramírez, específicamente de la mina de Pueblo Viejo, operada por la transnacional Barrick Gold. Según las proyecciones del presupuesto aprobado, esta provincia aportará al erario nacional la impresionante suma de US$475.5 millones durante el año 2026. Convertida a moneda local al tipo de cambio proyectado, esta cifra representa aproximadamente RD$31,151.2 millones que fluirán directamente hacia las arcas del Estado dominicano.
Este aporte resulta fundamental para que el Gobierno pueda mantener su compromiso de limitar el déficit fiscal al 3.2 % del Producto Interno Bruto, una meta que requiere disciplina fiscal y fuentes confiables de ingresos. La minería de oro en Pueblo Viejo se ha convertido en el respaldo financiero que permite sostener ambiciosos programas sociales sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país. Sin estos recursos extraordinarios provenientes del sector minero, el Estado enfrentaría presiones significativas para aumentar el endeudamiento público o recortar inversiones críticas en áreas prioritarias.
La arquitectura de la captación fiscal minera
El dinero que emerge del subsuelo de Sánchez Ramírez no llega al presupuesto por casualidad, sino mediante una estructura tributaria progresiva y sofisticada establecida en el Contrato Especial de Arrendamiento Minero. Los mecanismos principales que canalizan esta riqueza hacia el Estado incluyen el Retorno Neto de Fundición, una regalía del 3.2 % aplicada sobre los ingresos brutos de las ventas después de deducir los costos de fundición y transporte del mineral.
A esto se suma el Impuesto Sobre la Renta corporativo estándar que grava las utilidades netas de la operación minera. Sin embargo, el instrumento más dinámico y potencialmente lucrativo es la Participación de las Utilidades Netas, mediante la cual el Estado dominicano recibe el 28.75 % de los beneficios netos una vez que la empresa ha recuperado su inversión de capital inicial. Este mecanismo funciona efectivamente como un impuesto a las ganancias extraordinarias, activándose con mayor fuerza cuando los precios internacionales del oro experimentan aumentos significativos.
Como medida de seguridad fiscal, el sistema contempla además el Impuesto Mínimo Anual, que garantiza que el Estado reciba al menos el 90 % de la suma proyectada de ISR y PUN, independientemente de las variaciones en la eficiencia operativa de la compañía minera o las fluctuaciones del mercado. Este piso fiscal proporciona certidumbre y estabilidad en la planificación presupuestaria.
Proyecciones conservadoras y potencial alcista
Un aspecto particularmente relevante señalado por economistas y legisladores es que las estimaciones presupuestarias oficiales podrían ser notablemente conservadoras. El presupuesto de 2026 se formuló asumiendo un precio promedio del oro de US$3,467.80 por onza troy. No obstante, las cotizaciones reales en los mercados internacionales han superado consistentemente la barrera de los US$4,000 por onza, lo que sugiere que el potencial real de ingresos podría ser sustancialmente mayor.
Bajo la lógica contractual vigente de que "si sube el oro, sube todo para el Estado", analistas financieros estiman que el aporte final de Sánchez Ramírez podría alcanzar o incluso superar los US$550 millones. Esta expectativa se fundamenta en precedentes recientes: durante los primeros siete meses de 2025, la minería aportó más de RD$20,000 millones, superando en un impresionante 131 % las estimaciones originales para ese período. Este dinamismo del sector minero proporciona un colchón fiscal que permite al gobierno enfrentar imprevistos sin desestabilizar sus compromisos de gasto.
El financiamiento del desarrollo nacional
Los recursos provenientes de la explotación aurífera en Pueblo Viejo constituyen piezas fundamentales para financiar las prioridades estratégicas del gasto público en 2026. Los servicios sociales absorben el 46 % del gasto total, incluyendo la asignación constitucional del 4 % del PIB para la educación preuniversitaria, que beneficia a millones de estudiantes dominicanos en todo el territorio nacional.
La inversión pública, con énfasis en proyectos transformadores de transporte masivo como el Metro y los Teleféricos, así como iniciativas cruciales de agua potable, saneamiento y vivienda, suma RD$215,284.7 millones. Estas inversiones no serían posibles en su actual magnitud sin el respaldo financiero que proporciona la minería. Adicionalmente, se destinan recursos significativos a seguridad y defensa, particularmente para la reforma policial y la modernización institucional que demanda la ciudadanía.
Se puede visualizar Pueblo Viejo como una "cisterna geológica de emergencia" conectada directamente al acueducto de las finanzas nacionales; en tiempos de sequía fiscal o presiones inflacionarias, el flujo de oro asegura que el depósito presupuestario mantenga el nivel necesario para irrigar los servicios públicos esenciales del país.
El futuro dorado: Romero y Candelones en la Cordillera Central
Más allá del éxito consolidado de Pueblo Viejo, República Dominicana posee un potencial geológico extraordinario que podría multiplicar exponencialmente los beneficios de la actividad minera responsable. Los proyectos Romero y Candelones, enclavados estratégicamente en la Formación Tireo de nuestra Cordillera Central, representan una oportunidad histórica para consolidar al país como potencia minera regional y expandir significativamente la base de ingresos fiscales no tributarios.
Estos yacimientos, según estudios geológicos preliminares, contienen reservas significativas de minerales preciosos que podrían generar inversiones multimillonarias, miles de empleos directos e indirectos, y un flujo sostenido de divisas que fortalecería aún más las finanzas públicas. La explotación responsable de Romero y Candelones podría aportar recursos equivalentes o superiores a los de Pueblo Viejo, diversificando la base productiva nacional y reduciendo la dependencia de una única operación minera.
La diversificación geográfica de la actividad minera no solo distribuiría los riesgos operativos, sino que multiplicaría las fuentes de ingresos extraordinarios disponibles para el Estado. En un escenario donde tanto Pueblo Viejo como Romero y Candelones operen simultáneamente, República Dominicana podría estar generando más de RD$60,000 millones anuales provenientes del sector minero, una cifra que transformaría radicalmente las posibilidades de inversión pública y desarrollo nacional.
Minería responsable como motor de desarrollo sostenible
El desarrollo exitoso de proyectos como Romero y Candelones requiere algo más que viabilidad geológica y económica: necesita un marco de minería responsable que garantice beneficios compartidos y sostenibilidad ambiental. La experiencia internacional demuestra que los proyectos mineros más exitosos son aquellos donde existe una relación de confianza y beneficio mutuo entre las empresas, el Estado y las comunidades.
Para que estos proyectos estratégicos de la Cordillera Central se materialicen exitosamente, es fundamental implementar modelos de distribución equitativa de beneficios que aseguren que las provincias productoras experimenten desarrollo tangible y sostenido. Las comunidades deben percibir la minería como una aliada del progreso local, no como una actividad extractiva desconectada de sus realidades cotidianas.
La construcción de licencia social para Romero y Candelones será más efectiva si se fortalecen primero los vínculos entre minería y desarrollo en las zonas actualmente productoras. Cuando las comunidades de la Cordillera Central observen transformaciones positivas y verificables en territorios mineros existentes, la aceptación social de nuevos proyectos se facilitará naturalmente.
Una visión estratégica de largo plazo
La minería en República Dominicana ha demostrado ser mucho más que una actividad extractiva: es un pilar estratégico del financiamiento público que permite al Estado mantener su compromiso con la inversión social sin sacrificar la sostenibilidad fiscal. Los más de RD$31,000 millones que Pueblo Viejo aporta anualmente representan recursos que construyen escuelas, hospitales, carreteras y sistemas de transporte en todo el territorio nacional.
El futuro minero del país, anclado en el potencial de Romero y Candelones, promete amplificar estos beneficios de manera exponencial. Sin embargo, la materialización de este potencial depende de desarrollar un modelo de minería responsable que equilibre la captura de rentas extraordinarias para el Estado con inversiones significativas en las comunidades productoras y el cumplimiento riguroso de estándares ambientales.
La Formación Tireo en la Cordillera Central no es solo una reserva geológica; es una oportunidad estratégica para redefinir el papel de la minería en el desarrollo nacional dominicano. Con marcos regulatorios sólidos, tecnología de punta y compromiso genuino con las comunidades, Romero y Candelones pueden convertirse en los nuevos pilares que sostengan el presupuesto del futuro, permitiendo que República Dominicana continúe expandiendo su inversión social y su infraestructura sin comprometer su estabilidad macroeconómica.
Rafael Eugenio RoblesDoctor en educación, docente e investigador universitario. Experto en finanzas, tecnología y prevención de riesgos laborales. Abogado.