Jaime Fernández Lazala
Proyecto cédula de identidad y electoral
El costo político de no regular el voto domiciliario
El Proyecto del cambio de la cédula de identidad y Electoral presentado al presidente Luis Abinader Corona, es un fraude, si no establece como prioridad el voto domiciliario, y actualiza el documento de identidad, cada vez que el portador cambie de estado civil.
La alta abstención electoral de votantes en las elecciones pasadas, fue provocada intencionalmente por los actores políticos y electorales al no permitir que los votantes no regularan y actualizaran su domicilio real, que es donde se duerme, que les permita votar cerca de su recinto electoral.
Mas de tres mil autobuses son contratados por los partidos de oposición y del gobierno, para trasladar empleados públicos y ciudadanos que no han regulado su marbete y su dirección domiciliaria, con fines electorales, convirtiéndose en infractores de la ley, y a pesar de eso, son premiados por los partidos llevándolos a votar con dinero y otras comodidades.
De ocho millones ochocientos mil votantes que figuran inscritos en la Junta Electoral, por más de quince años, sin que el Ministerio de Estadísticas los actualice. Se ha permitido que por falta del voto domiciliario, votaran menos de cuatro millones, todo por el motivo de la Junta Central Electoral no aplicar sanciones a los ciudadanos que no regulan sus domicilios, y porque la Junta Central, por Resolución, no obliga al Ministerio de Administración publica a que tenga que llevar un control de los empleados públicos de otras demarcaciones territoriales que no han regulado su marbete actualizando su domicilio habitual. Y más grave aun, el Banco de Reservas les paga mensualmente a empleados con domicilios en otra demarcación electoral, que no es donde trabajan.
Esa falta de regulación de los marbetes aumenta el numero de delincuentes, y han llenado las calles de la capital de motoristas que no tienen regulado su domicilio habitual, facilitando que el País se convierta en una perfecta anarquía, sin garantías ciudadanas.
El Ministerio de Administración Publica debe sancionar y prohibirle a los empleados públicos de la capital, advirtiéndoles que serán sancionados disciplinariamente si no regulan sus cédulas con su verdadero domicilio, antes del día de las elecciones de mayo del 2028.
Los partidos políticos deben exigir a la Junta Central Electoral, prohibir que el día de las elecciones generales, el tránsito hacia las provincias y municipios, y Distritos Municipales sean abarrotadas de votantes infractores de la ley 55.
La gravedad es tan extrema, que senadores y diputados, se postulan como candidatos, en provincias, y municipios que tienen más de diez años que no duermen, y la Junta Central Electoral les acepta sus candidaturas.
Jaime Fernández LazalaAbogado y político.