Rafael Eugenio RoblesTodo lo que brilla no es oro: La siniestralidad laboral en la minería dominicana
Más allá del voluntarismo: el diseño institucional que salvaría vidas
Hoy, 27 de enero de 2026, mientras escribo estas líneas, dos cuerpos son rescatados de los escombros en una mina de caliche en Sosúa, Puerto Plata. Nicolás Domínguez y su hijo Yariel —padre e hijo unidos en vida y en muerte— quedaron atrapados en el sector María O. Hace seis días, en Los Fructuosos, Nigua, el operador Eloy Peña desapareció bajo toneladas de tierra; su cuerpo fue hallado tras 13 horas de búsqueda. Enero de 2026 no ha terminado, pero ya ha cobrado al menos tres vidas en minas de materiales de construcción. El metrónomo fatal no descansa.
Hay realidades que se escriben con el cincel de la esperanza y otras que se graban con el epitafio de la negligencia. La minería dominicana pertenece a esta segunda estirpe: un territorio humano donde el brillo del ámbar y el larimar —y ahora, el prosaico caliche— se apaga en túneles que devoran vidas con regularidad implacable.
En este país, hemos normalizado que la búsqueda del sustento se convierta en un contrato tácito con la muerte. Y lo hemos hecho con esa complicidad silenciosa que solo prospera donde la indignación es estacional y la memoria, volátil.
La ilusión de la riqueza mineral
Toda actividad económica se sostiene sobre costos y beneficios. Pero ¿qué contabilidad puede justificar que el "costo" sea la vida humana y el "beneficio" se concentre en manos de quienes jamás descienden a las entrañas de la tierra?
La minería artesanal opera bajo un "estado de riesgo aceptado". Traducido: hemos aceptado colectivamente que algunos conciudadanos mueran para que otros prosperen. Derrumbes por ausencia de entibado, asfixia por gases tóxicos, sepultamientos en "gateras" de 70 centímetros donde la dignidad se comprime hasta desaparecer.
El caso de El Valle en 2019 no fue una tragedia; fue un silogismo perfecto de nuestra negligencia sistémica. Tres mineros fallecieron por inhalación de gases en un yacimiento clandestino. No había evaluación de atmósferas peligrosas, ni plan de emergencia, ni fiscalización preventiva. Solo muerte. Y en 2026, Sosúa y Nigua repiten la misma historia con idéntica precisión: declaraciones oficiales, promesas de investigación, olvido programado.
Los espejismos de la modernidad industrial
La minería industrial se viste con certificaciones ISO 45001 y documentación infinita. Sin embargo, no hay certificado que sobreviva al impacto de la realidad contra el suelo de una mina.
Los derrumbes recurrentes en Cerro de Maimón narran tecnología sin conciencia. La muerte de Julio César Cruz Reyes en Pueblo Viejo evidencia la tercerización de la culpa. El trabajador que cae desde la altura no solo pierde la vida; pierde también en el laberinto jurídico que diluye responsabilidades.
El Estado como espectador de su abdicación
Aquí reside la paradoja más punzante. En agosto de 2016, la entonces Ministra de Trabajo Maritza Hernández promulgó la Resolución 08/2016: 15 capítulos, 82 artículos dedicados exclusivamente a la seguridad y salud en la minería. Evaluaciones de riesgo obligatorias, protocolos de emergencia, requisitos de ventilación, entibado, capacitación.
¿Su destino? Desapareció de la faz de la tierra. Una norma tan meticulosamente elaborada que se esfumó en la bruma de la no-aplicación, como si 82 artículos pudieran evaporarse por voluntad de la negligencia colectiva.
Porque cuando existe la norma pero no existe la voluntad de aplicarla, el problema ya no es de ausencia legislativa sino de presencia fantasmal. Y mientras tanto, niños descienden a los túneles porque sus cuerpos pequeños acceden donde los adultos no caben. La silicosis no distingue edades cuando la pobreza escribe el guion.
Hacia una ética de la responsabilidad
No hay soluciones simples. Pero hay decisiones que no admiten postergación.
Primero: resucitar y aplicar la Resolución 08/2016 con mecanismos de cumplimiento obligatorio y sanciones disuasivas. Segundo: la fiscalización preventiva debe convertirse en prioridad presupuestaria, no en retórica. Inspectores especializados, auditorías obligatorias, un Cuerpo de Rescate Minero Nacional. Tercero: penalizar el subregistro como encubrimiento. Cuarto: la responsabilidad penal debe alcanzar a quienes toman decisiones gerenciales. El Código Penal tipifica el homicidio culposo; es hora de aplicarlo cuando la negligencia mata.
El espejo que no queremos mirar
La siniestralidad minera es un espejo que refleja quiénes somos como sociedad. Refleja nuestra tolerancia a la desigualdad, nuestra capacidad de mirar hacia otro lado cuando la tragedia no toca nuestra puerta.
Los sistemas no cambian por voluntarismo sino por diseño institucional deliberado. Pero ningún diseño sobrevive a la ausencia de voluntad política.
Las vidas perdidas no son estadísticas; son ausencias irrecuperables en mesas familiares. Nicolás y Yariel Domínguez no volverán a cenar juntos. Eloy Peña no regresará a casa. Son la prueba fehaciente de que todo lo que brilla no es oro —a veces, es solo el reflejo de nuestra indiferencia.
Porque al final, en la contabilidad moral de una nación, no hay mineral suficientemente precioso que justifique el precio de una vida humana. Esta es la verdad que brilla más que cualquier ámbar, más que cualquier larimar. La verdad que nos negamos a ver mientras el metrónomo fatal continúa marcando su ritmo en las profundidades que preferimos ignorar.
Rafael Eugenio RoblesDoctor en educación, docente e investigador universitario. Experto en finanzas, tecnología y prevención de riesgos laborales. Abogado.