A confesión de partes, relevo de pruebas

"La exploración de tierras se ejecuta bajo el estándar internacional NI 43-101 de Canadá, con trabajos geológicos, geoquímicos y geofísicos, además de perforaciones y sondajes, cumpliendo estrictos controles de calidad". Esta afirmación fue recogida en este mismo periódico en fecha del 8 de febrero del 2026, en declaración hecha por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, durante la reunión ministerial sobre Minerales Críticos, convocado por el Gobierno de Estados Unidos.

Al mismo tiempo añadió que, en el 2026 iniciará la fase de estudios que incluye los estudios de impacto ambiental y social, el desarrollo del plan minero, el proceso metalúrgico, estudios de mercado e infraestructura, así como los permisos y los análisis de prefactibilidad y factibilidad. "Estos estudios permitirán evaluar la viabilidad del proyecto bajo criterios de sostenibilidad y minería responsable." dijo Joel Santos, ministro de Energía y Minas.

Esto, dicho la forma más llana posible, significa que, primero se explora, luego se hacen los estudios necesarios y finalmente con los resultados en mano, se opera.

Esta reflexión nace desde el sector minero formal —metálico y no metálico—, y no se agota en minería. En realidad, habla de algo que nos atraviesa a todos: la capacidad del Estado de decidir con método y rigor cuando un proyecto toca territorio, ambiente, inversión, empleo y convivencia social. Cambia el sector —energía, turismo, infraestructura, agua, industria—, pero la exigencia es la misma: un Estado predecible, transparente y justo.

Por eso el caso de tierras raras en Pedernales merece atención. Lo divulgado públicamente sugiere una ruta ordenada: exploración bajo estándar técnico internacional (NI 43-101) y un cronograma que sitúa la fase decisiva donde debe estar: estudio de impacto ambiental y social, permisos, prefactibilidad y factibilidad en 2026, con una primera estimación de recursos hacia finales de 2026 e inicios de 2027.

Desde el sector formal lo decimos a una sola voz: estamos de acuerdo con ese enfoque. Y lo decimos por una razón que va más allá del mineral, porque cuando el Estado actúa con método y rigor, gana autoridad, reduce conflicto, baja el costo país y protege tanto al ambiente como a la inversión responsable. Precisamente por eso, la conclusión natural es más exigente: ese debe ser el estándar replicable, no una excepción reservada a lo "estratégico".

Método no es "aprobación"

Toda discusión seria empieza por una aclaración que protege el debate. El debido proceso no significa un "sí" garantizado. Significa que la decisión —sí o no— se adopta de forma legítima: con expediente, plazos, motivación y control. Un procedimiento correcto no es una autopista hacia la autorización, más bien es el camino para que el resultado sea justificable y revisable, incluso cuando la conclusión sea negativa.

Esa distinción importa, porque "eficiencia" suele traducirse como "apurar permisos" y ahí es donde se distorsiona todo. La buena administración no se mide por la rapidez del "sí"; se mide por la calidad del "por qué", "para qué y por el cumplimiento del "cuándo".

Al final del debate, la pregunta no es quién ganó, sino qué aprendimos.

La licencia social empieza antes del permiso

Si el Estado va a fijar reglas que afectarán a todos —en minería o en cualquier sector—, no puede hacerlo como sorpresa ni como improvisación. Cuando las reglas nacen empañadas, la sociedad las percibe como selectivas; y cuando las percibe selectivas, el conflicto aparece como sustituto del procedimiento.

Por eso, si tierras raras se quiere consolidar como referencia, el paso coherente es hacer visible el expediente: publicar hitos y términos de referencia cuando corresponda, así como abrir un calendario de participación y, sobre todo, responder motivadamente a lo que se plantea. Tal cual lo ha hecho el ministro Santos, quien de forma ordenada, responsable y transparente ha hablado de este proyecto.

El proceso se prueba en lo más simple: responder en plazo y explicar

La igualdad en el papel suele fallar en el terreno por un detalle aparentemente menor: el tiempo. La desigualdad no siempre se anuncia; se experimenta cuando unos expedientes reciben respuesta y otros reciben silencio; cuando unos trámites avanzan y otros se congelan.

Si el Estado quiere que el caso tierras raras sea ejemplo, lo que debe replicarse no es solo el discurso del estándar técnico, sino el estándar de gestión: plazos razonables, respuesta obligatoria y motivación comprensible.

Se necesita coordinación, pero con límites claros

Todo proyecto complejo cruza varias instituciones y cuando no hay coordinación real, ocurre lo peor: duplicidades, requisitos contradictorios, plazos rotos y terreno fértil para informalidad y desconfianza. La coordinación no es un lujo, es un componente del debido proceso.

Ahora bien, coordinar no equivale a concentrar. Ventanilla integrada y cronogramas compartidos, perfecto; "juez y parte" o atajos que deslegitiman, nunca.

El expediente no reemplaza la realidad

"Farmacia Mella" decía un extraordinario locutor en un programa radial que servía muchas veces para marcar la agenda nacional, hay un punto que debe quedar meridianamente claro: el expediente no reemplaza la realidad. Un buen procedimiento existe para mirar de frente lo sustantivo: agua, biodiversidad, salud, seguridad, riesgos mayores. Eso significa que el estudio de impacto ambiental no es un trámite; es una prueba. Y si la prueba muestra impactos inaceptables o no mitigables, la decisión legítima puede ser no autorizar.

Dicho así, el mensaje se ordena: el método no garantiza "minería sí"; garantiza "Estado sí". Un Estado que decide con método, incluso para decir que no.

El comparativo: que todos se parezcan a lo mejor, con proporcionalidad

Aquí está el corazón de la tesis comparativa: no todos los proyectos en el país —mineros y no mineros— han tenido el mismo nivel de método. Algunos avanzan con claridad; otros se pierden en el limbo. Eso dispara conflicto, encarece el financiamiento, deteriora confianza y alimenta la sensación de trato desigual.

La respuesta no es bajar el listón para igualar. Es elevar el estándar y aplicarlo a todos. Eso sí, aplicarlo con razonabilidad. Mismo método, exigencias proporcionales al riesgo. Un proyecto pequeño no debe cargar la mochila de un megaproyecto, pero ambos deben tener lo mismo: expediente trazable, plazos previsibles, participación (cuando corresponda), respuesta motivada y control verificable.

Lo estratégico obliga a más disciplina, no a excepciones

Por eso, desde el sector minero formal —metálico y no metálico— sostenemos dos cosas que no se contradicen: respaldamos el enfoque anunciado para tierras raras y afirmamos que debe convertirse en camino estándar para otros proyectos, dentro y fuera de la minería. Porque lo más estratégico, al final, no es el mineral ni la inversión: es la confianza. Y la confianza solo se construye cuando el Estado decide con método, en plazo, con razones y con una sola regla para todos. Por lo tanto: "A confesión de partes, relevo de pruebas."

Martín E. Valerio Jiminián

Director Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE)