PDAC: una vitrina para la República Dominicana y un compromiso mayor para sus instituciones

La participación de las empresas mineras que operan en la República Dominicana en el PDAC, junto a representantes del Gobierno y de CAMIPE, debe entenderse con madurez y sin simplificaciones.

No se trata únicamente de una presencia sectorial en uno de los principales escenarios internacionales de la industria extractiva. Se trata, sobre todo, de una oportunidad para proyectar al país, medir nuestra competitividad y reafirmar una idea esencial: en una actividad como la minería, el liderazgo institucional del Estado no es accesorio, sino determinante.

En espacios como PDAC, los países no presentan solamente sus recursos geológicos. Presentan también la calidad de sus instituciones, la coherencia de sus reglas, la previsibilidad de sus procesos y la seriedad con que administran actividades de alto impacto económico, social y ambiental. Por eso, cuando la República Dominicana participa en un escenario así, no debe hacerlo solo para mostrar potencial minero, sino para demostrar que aspira a desarrollar cualquier aprovechamiento de sus recursos naturales dentro de un marco de legalidad, transparencia, supervisión pública y responsabilidad social.

Ese punto es importante subrayarlo. La minería, como cualquier actividad extractiva, genera debates legítimos. Y esos debates no deben ser descalificados ni tratados como un obstáculo incómodo. Las preocupaciones ciudadanas sobre el agua, el territorio, el medio ambiente, los beneficios locales, la transparencia contractual o la capacidad de fiscalización del Estado merecen respeto. Son parte natural de una democracia y, de hecho, obligan a que el país eleve sus estándares. Un sector fuerte no es el que le teme a la crítica; es el que entiende que la confianza pública se construye precisamente respondiendo con datos, instituciones y reglas claras.

Oportunidades en PDAC 2023

Desde esa perspectiva, la visita al PDAC puede ser valiosa si se asume como algo más que una vitrina promocional. Puede servir para atraer inversión, fortalecer relaciones, conocer mejores prácticas y posicionar a la República Dominicana en conversaciones globales sobre minería, exploración, sostenibilidad y competitividad. Pero también debe servir para mirar hacia adentro: para identificar qué reformas necesita el país, qué cuellos de botella persisten, qué capacidades públicas deben fortalecerse y qué señales institucionales hacen falta para que cualquier desarrollo minero sea creíble y socialmente sostenible.

La República Dominicana tiene razones objetivas para presentarse en estos escenarios con seriedad. La minería ha tenido un peso relevante en exportaciones, inversión, empleo formal y recaudación. Eso es un hecho económico. Pero también es cierto que el valor de esos aportes no puede medirse solo en cifras agregadas. En una sociedad cada vez más exigente, lo que se espera no es únicamente producción, sino gobernanza: un Estado con capacidad de rectoría, supervisión técnica, vigilancia ambiental, control fiscal, coordinación interinstitucional y comunicación pública oportuna.

Rol del Gobierno en la minería

Ahí es donde el rol del Gobierno resulta insustituible. Las empresas invierten y operan; los gremios articulan posiciones y propuestas; pero quien define el interés general, fija las reglas, fiscaliza su cumplimiento y garantiza el equilibrio entre desarrollo económico, protección ambiental y bienestar colectivo es el Estado. Esa jerarquía institucional debe quedar siempre clara. No solo por razones jurídicas, sino porque de ella depende la legitimidad misma de la actividad.

Por eso, la presencia conjunta de empresas, Gobierno y CAMIPE en PDAC puede ser bien leída si comunica una visión ordenada: un sector privado dispuesto a operar con estándares claros; un gremio que aporta al debate público sin sustituir al regulador; y un Estado que ejerce su papel con firmeza, independencia y sentido de país. Esa combinación es la que puede proyectar confianza ante inversionistas, comunidades y opinión pública.

También conviene evitar un error frecuente: asumir que la promoción internacional y la licencia social son cosas separadas. No lo son. La reputación de una jurisdicción minera no depende solo de lo que dice en Toronto; depende también de cómo responde en su territorio, cómo tramita los permisos, cómo fiscaliza, cómo rinde cuentas y cómo hace sentir a las comunidades que el desarrollo no pasa por encima de ellas. Si PDAC sirve para recordar esa conexión, entonces su valor será mucho mayor que el de una agenda de reuniones.

La crítica responsable y su importancia

En ese sentido, la crítica responsable puede cumplir una función útil. Obliga al sector y al Estado a preguntarse si el marco legal sigue siendo adecuado, si los procesos administrativos son consistentes, si la información pública es suficiente y si los beneficios de la actividad están siendo debidamente comprendidos y distribuidos. Escuchar esas voces no debilita al país; puede ayudar a fortalecerlo. La institucionalidad no se afirma silenciando diferencias, sino administrándolas con reglas, evidencia y transparencia.

La discusión de fondo, entonces, no es si la República Dominicana debe o no estar en PDAC. Debe estar. La verdadera cuestión es cómo quiere estar: si como un país que solo exhibe potencial, o como una nación que entiende que sus recursos naturales exigen instituciones fuertes, controles efectivos, diálogo social y visión de largo plazo. Esa es la diferencia entre promocionar una actividad y construir una política pública seria alrededor de ella.

Si la visita al PDAC ayuda a proyectar a la República Dominicana como una jurisdicción que cree en la inversión, pero también en la rectoría pública; que valora el desarrollo, pero también la vigilancia ambiental; que escucha al sector, pero también respeta a sus críticos; entonces habrá cumplido un propósito mayor. No solo habrá servido para hablar de minería. Habrá servido para hablar de Estado, de confianza y de la calidad del país que aspiramos a construir.

Martín Valerio Jiminián

Director Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana.