Rafael Eugenio RoblesEspejitos por Oro versión Siglo 21: RD$9,671 millones que Sánchez Ramírez nunca vio
La paradoja de vivir sobre oro y recibir migajas
Hay una escena que la historia repite con asombrosa fidelidad. El recién llegado extiende sobre la mesa un puñado de espejitos —relucientes, coloridos, capaces de fascinar a quien nunca ha visto algo así— y a cambio recibe oro. El oro real, el que tiene peso y valor y viaje de vuelta hacia otro mundo. La víctima del intercambio puede ser ingenua la primera vez. La segunda vez, ya es cómplice.
Fomisar desde su creación ha estado recibiendo espejitos. Y a estas alturas, la ingenuidad no es una explicación plausible.
La Ley 64-00 de Medio Ambiente no deja espacio a la ambigüedad: el cinco por ciento de los beneficios netos generados por la minería debe transferirse a las provincias donde esa actividad ocurre. No es una meta aspiracional. Es un mandato legal.
Barrick Pueblo Viejo pagó al Estado dominicano, entre 2015 y 2024, RD$64,374 millones en Impuesto Sobre la Renta. Aplicando la tasa oficial del 27%, eso equivale a beneficios netos declarados de RD$238,425 millones —casi un cuarto de billón de pesos. El cinco por ciento legal que correspondía a Fomisar durante esos diez años suma RD$11,921 millones. Once mil novecientos veintiún millones de pesos. Para que la cifra aterrice: es suficiente para construir más de cuarenta hospitales regionales, financiar veinte años de operación de la universidad provincial UTECO, o pavimentar cada kilómetro de camino vecinal que Sánchez Ramírez tiene pendiente desde hace generaciones.
¿Cuánto recibió realmente Fomisar? RD$2,250 millones. Espejitos. Doscientos millones por año durante casi toda la década —cifra fija, inmóvil, indiferente a si la mina producía poco o mucho—, con un tímido aumento a trescientos millones en 2022 y 2023, y cuatrocientos en 2024. La deuda acumulada certificada es de RD$9,671 millones. Casi diez mil millones de pesos que el Estado retuvo en violación directa de la ley.
Y hay que subrayarlo con claridad: estas cifras no incluyen el año 2025, en el que el oro alcanzó el precio más alto de toda su historia, superando los tres mil dólares la onza troy. Lo que Pueblo Viejo habrá producido y tributado en 2025 aún no está certificado, pero todo indica que la deuda con Sánchez Ramírez seguirá creciendo mientras el gobierno de turno, al igual que lo hicieron otros en el pasado, decida cuántos espejitos entrega ese año.
Aquí es donde la historia se complica. Porque una cosa es que el Estado engañe a los Cotuisanos —eso, lamentablemente, tiene tradición—. Otra cosa es que el organismo creado para custodiar esos fondos haya permanecido en silencio desde su creación en 2005. Será que en Fomisar no saben sumar, o será que se han hecho los ciegos con una destreza que ya merece su propio reconocimiento. Año tras año, la cifra del ISR pagado por Barrick estuvo disponible. Año tras año, el cinco por ciento podía calcularse en treinta segundos con una calculadora de bolsillo. Año tras año, Fomisar recibió sus doscientos millones, firmó el recibo y no dijo nada. Eso no es administración pública. Es la versión institucionalizada del negocio de los espejitos: uno que funciona porque ambas partes lo permiten.
El año pico fue 2021. Barrick pagó RD$12,567 millones en ISR. Los beneficios netos superaron RD$46,500 millones. El cinco por ciento legal ascendía a más de RD$2,327 millones. Fomisar recibió 200. La diferencia —más de dos mil millones en un solo año— no desapareció por arte de magia. Quedó en el presupuesto nacional, disuelto en la masa de gastos corrientes, mientras en Sánchez Ramírez seguíamos huérfanos, demostrando que somos mendigos millonarios.
Y entonces llegamos a la consecuencia más grave de esta historia, la que trasciende a Sánchez Ramírez y afecta el futuro minero de toda la nación. La República Dominicana tiene ante sí proyectos de enorme potencial en zonas como Romero en San Juan, y Candelones en Restauración. Ambas provincias observan lo ocurrido con Fomisar. Ambas sacan sus conclusiones. Y la conclusión es inevitable: si Sánchez Ramírez, con una ley clara, datos públicos y datos firmados por la DGII, no pudo cobrar lo que le correspondía, ¿por qué creerían San Juan y Restauración que a ellas les irá diferente?
La licencia social no se compra con promesas ni se otorga en reuniones de socialización con mapas y diapositivas. Se construye sobre hechos. Y los hechos disponibles apuntan todos en la misma dirección: el Estado dominicano tiene un historial documentado de zaqueo institucional con complicidad. Los políticos que administraron Fomisar sin reclamar lo que la ley mandaba no son espectadores inocentes de ese historial. Son parte de él. Y las comunidades de San Juan y Restauración lo saben, aunque no lo digan en esos términos.
Romero y Candelones tienen prospección geológica y tienen capital interesado. Lo que no tienen —y no tendrán mientras este patrón persista— es la confianza de las comunidades que deben decidir si permiten que esa riqueza se extraiga. Cada año que el Estado posterga el pago a Sánchez Ramírez es un año que Romero y Candelones se alejan de la viabilidad.
La demanda es concreta. El gobierno debe reconocer y resarcir la deuda de RD$9,671 millones —más lo que siga acumulándose con las cifras de 2025—. El artículo 117 de la Ley 64-00 debe reglamentarse de forma que la transferencia sea automática y proporcional, sin pasar por la discrecionalidad del presupuesto nacional. Y el Fomisar de hoy debe dejar de ser un buzón institucional para convertirse en lo que la ley manda: un custodio activo de los recursos que le corresponden.
Los espejitos ya no deslumbran. Los números están publicados, certificados y firmados. La pregunta no es si el Estado debe. La pregunta es si este país es capaz de honrar sus propias leyes antes de pedirle a otra provincia que confíe en él.
Lo que Pueblo Viejo pagó, lo que la ley mandaba y lo que Fomisar recibió (2015–2024)
Rafael Eugenio RoblesDoctor en educación, docente e investigador universitario. Experto en finanzas, tecnología y prevención de riesgos laborales. Abogado.