Seguridad jurídica y confianza país

Como si el potencial geológico, por sí solo, bastara para atraer inversión, ordenar el sector y traducir recursos en desarrollo. No es así. La experiencia demuestra otra cosa: actualmente los países no compiten solo por los recursos que tienen, sino por la calidad de las reglas con las que lo administran.

Ese es uno de los temas más importantes para la República Dominicana en este momento.

Actualmente se discute una potencial reforma a la ley minera, y la conversación se  puede dispersar entre grandes conceptos -modernización, sostenibilidad, inversión, licencia social, encadenamientos productivos- pero en esta conversación nos habremos hecho la siguiente pregunta: ¿qué es lo que realmente nos hará competitivo en materia minera?

Si le damos todo el peso de nuestra respuesta a lo que se encuentra en el mapa geológico, utilizando un concepto minero, pues necesitaremos seguir explorando. Porque aquí el mineral que debemos andar buscando es la confianza. Pero, ¿ en que queremos confiar?

Queremos confiar en que las reglas serán claras.

Queremos confiar en que las competencias estarán bien definidas.

Queremos confiar en que los procedimientos no dependerán de la discreción cambiante del funcionario de turno.

Queremos confiar en que los plazos no serán una ficción.

Queremos confiar en que el cumplimiento ambiental será exigible y verificable.

Queremos confiar en que las decisiones públicas responderán a criterios técnicos, jurídicos y transparentes.

Eso es seguridad jurídica. Y sin ella, la competitividad se vuelve frágil, cara y, en algunos casos, ilusoria.

La seguridad jurídica no funciona como un wildcard empresarial ni un privilegio sectorial. Es una condición básica del Estado de derecho. Y, en minería, esa condición resulta todavía más importante porque se trata de una actividad intensiva en capital, de largo plazo, sometida a múltiples permisos, con interacción constante entre autoridades, comunidades, exigencias ambientales, derechos administrativos y compromisos económicos que no se deciden en un trimestre.

Por eso una reforma minera seria, honesta y responsable no puede limitarse a declarar principios. Tiene que corregir los puntos concretos donde hoy se produce incertidumbre.

Uno de ellos es la fragmentación institucional. Cuando una actividad depende de múltiples órganos con competencias que se tocan, que son ineludiblemente transversales,  se superponen o se interpretan de manera expansiva, el resultado no suele ser más control; suele ser más confusión. Y la confusión administrativa no fortalece al Estado. Lo debilita. Porque diluye responsabilidades, multiplica cuellos de botella y abre espacio a la arbitrariedad.

Otro punto crítico es el de los plazos. Un sistema sin tiempos razonables y verificables no genera prudencia; genera parálisis. La demora indefinida no es neutral. Afecta la planificación pública, deteriora la confianza privada, encarece los proyectos formales y, paradójicamente, puede terminar favoreciendo la informalidad o la opacidad frente a quienes sí intentan cumplir con la ruta legal.

Aquí la discusión dominicana debe ser particularmente cuidadosa. El problema no es solo cuánto se exige, sino cómo se exige, quién lo exige, en qué secuencia y con qué consecuencias si la administración no decide oportunamente. Esa parte es esencial. Porque el ciudadano y la empresa están obligados a cumplir la ley, pero la administración también está obligada a actuar con eficiencia, coherencia y dentro de los marcos temporales que el propio orden jurídico le impone.

Una reforma bien concebida debería, por tanto, abordar la seguridad jurídica no como una cláusula decorativa, sino como una arquitectura práctica. Eso implica, al menos, cinco cosas.

La primera, competencias claras y definidas. Cada órgano debe saber qué le corresponde, hasta dónde llega su función y dónde comienza la del otro.

La segunda, procedimientos integrados y trazables. No para debilitar controles, sino para evitar que la complejidad administrativa se convierta en una barrera irracional.

La tercera, plazos ciertos, con reglas claras para la actuación administrativa y mecanismos que desincentiven la dilación injustificada.

La cuarta, criterios técnicos objetivos, de forma que las decisiones no dependan de impresiones, conveniencias coyunturales o interpretaciones imprevisibles.

La quinta, coherencia entre política minera, política ambiental y política territorial, porque la seguridad jurídica también se rompe cuando el Estado emite señales contradictorias desde distintas ventanillas.

Todo esto tiene una consecuencia directa en la confianza país.

La inversión seria no busca únicamente recursos. Busca previsibilidad. Busca un marco donde sea posible calcular riesgos, estructurar financiamiento, anticipar obligaciones, cumplir estándares y operar sabiendo que el cumplimiento no será castigado con incertidumbre adicional. Del otro lado, el país también necesita esa previsibilidad para saber qué exigir, cuándo exigirlo, cómo fiscalizar y cómo hacer compatible la actividad económica con la protección ambiental y el interés público.

Ahí está la verdadera competitividad.

No en prometer facilidades sin controles.

No en endurecer trámites sin eficiencia.

No en multiplicar permisos como si cantidad fuera sinónimo de institucionalidad.

No en convertir cada decisión en un terreno incierto.

La verdadera competitividad está en un marco donde el inversionista responsable sabe a qué atenerse, el Estado conserva capacidad efectiva de supervisión, las comunidades conocen las reglas del juego y el ambiente cuenta con mecanismos reales de protección y seguimiento.

Por eso, cuando se discute una nueva ley minera, el país debería cuidarse de dos tentaciones.

La primera es creer que la competitividad se logra solo con incentivos económicos o flexibilidad regulatoria. Eso puede atraer atención en el corto plazo, pero no construye confianza duradera.

La segunda es creer que más requisitos y más intervenciones equivalen automáticamente a mejor gobernanza. Tampoco es cierto. A veces ocurre lo contrario: cuanto más impreciso, duplicado o lento es el aparato regulatorio, más difícil resulta controlar bien y más fácil resulta decidir mal.

La República Dominicana tiene hoy la posibilidad de discutir una reforma que supere ambas trampas. Puede construir un marco que combine control y previsibilidad, exigencia ambiental y seguridad jurídica, autoridad estatal y eficiencia administrativa. Puede hacerlo, además, en un momento en que el mundo valora cada vez más los minerales, pero también observa con más atención la calidad institucional de los países que los producen.

Esa es la conversación de fondo.

Porque al final, una reforma minera no será competitiva por lo que proclame, sino por la confianza que sea capaz de generar. Y la confianza no nace de los discursos. Nace cuando las reglas son claras, las decisiones son oportunas y el Estado demuestra que puede ejercer autoridad sin arbitrariedad.

En minería, como en toda política pública seria, la seguridad jurídica no es una concesión. Es una forma de ordenar el desarrollo.

Martín Valerio Jiminián

Director Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana.