Táctica normativa y el Derecho público económico

Vivimos tiempos convulsos. Un período de rúptura, riesgos y amenazas. De mucho ruido y, por tanto, mucha distracción, y con una amenaza de recesión en el cogote. Y todo ello con una mezcla de autoritarismo y capitalismo radical como telón de fondo de un escenario, a su vez, multifactorial: considérese el apetito de las nuevas tecnológicas, la fiereza de los trumpismos, el impacto social de las guerras comerciales o el costo material y humano de las intervenciones militares más recientes.

Son síntomas de "desdemocratización" que, en conjunto y a la vez, anuncian un horizonte profundamente complejo en lo que concierne tanto al signo como al contenido de las dinámicas productivas globales y las relaciones económicas entre naciones.

Tal es el contexto de una especie de matiz "táctico" que se ha introducido a la intervención pública en la economía. El giro queda bien ilustrado en el caótico tablero de la política económica internacional: aquella intervención aparece ahora –en ciertas manos— como "palanca" de posicionamiento geopolítico, como moneda de cambio en operaciones de comercio internacional, como mecanismo de presión en negociaciones complejas.

Bajo esta perspectiva, los fines "clásicos" de la regulación económica (corrección de fallas, supervisión sectorial, garantía de servicios públicos) parecen superados por nuevos propósitos, como el redireccionamiento de la inversión en pos de sectores "estratégicos", o la alineación de la proximidad territorial con la eficiencia presupuestaria y la afinidad ideológica (friendshoring), o la presión sobre infraestructuras críticas, o la imposición de controles y sanciones en función de coyunturas políticas.

En fin, instrumentos de poder estatal deliberado que, a efectos prácticos, ya no apuestan (o no solo) por corregir fallas, sino que se implementan con el desembarazado propósito de reconfigurar los flujos de capital para alinearlos a intereses de política exterior, industria doméstica o seguridad interior.

Hay ejemplos que confirman este giro "táctico". Nada de novedoso habría en ello, de no ser por los mecanismos ideológicos e institucionales que acompañan este "nuevo" economic statecraft.

El retorno del nacionalismo del siglo pasado, la adquisición de espacios de poder por parte de la derecha extrema y el resurgimiento de técnicas de dominación y hegemonía que parecían olvidadas y que, hoy, son nuevamente enarboladas por los sujetos con poder regulatorio global: todo ello supone un cambio de mentalidad en relación con el papel del Estado en la economía.

Es probable que, por ello, lo que por momentos se presenta como "táctica normativa" no pase de ser –en verdad— puro proteccionismo. 

El caso es que la globalización de nuestro tiempo hace que todo lo anterior tenga un efecto innegable en la economía nacional. Para República Dominicana, actor protagónico en el espacio caribeño y latinoamericano, supone más de un "frente" de atención.

Piénsese en el estrés energético asociado a los conflictos en Ucrania, Venezuela e Irán, o en el contexto arancelario global y su impacto en la balanza comercial y las zonas francas, o en esos "nuevos" commodities estratégicos (las tierras raras y los microprocesadores, por ejemplo) que por sí solos determinan hacia dónde sopla el viento hoy y mañana. Cada uno de estos frentes amerita un análisis suficiente, profundo y detenido, máxime a propósito del diálogo de alto nivel convocado por el Gobierno.  

Con todo, la clave reside en el enfoque, igualmente "táctico", que el Derecho público económico puede proveer a la teoría de la regulación para, desde ahí, generar políticas que capten la complejidad del presente, sin dejar de ser consistentes con los derechos fundamentales, los principios rectores del orden económico y la cláusula del Estado social y democrático de Derecho. Y todo ello a la luz de las circunstancias específicas de cada contexto nacional o regional.

Para no caer en tópicos, apenas diré que esta óptica solo puede ser funcional si se acompaña de un entorno jurídico e institucional robusto: agencias reguladoras independientes; reglas claras, estables y rastreables; coherencia sectorial y capacidad de enforcement. Léase: buena regulación.

Así que está planteada la posibilidad de responder a esta realidad sistémica con una nueva fundamentación de la regulación y los instrumentos jurídicos que le dan cuerpo y forma.

Para "interiorizar" la complejidad del contexto regulatorio global y, en función de ello, generar instrumentos coherentes con los intereses en juego en este presente crítico atravesado por relaciones de poder profundamente asimétricas. Y, también, para dotar al Estado de una hoja de ruta regulatoria que le permita capear con creatividad esta "policrisi" y, a la vez, insistir en las tareas y metas que le imponen los artículos 7 y 218 de la Constitución.

Esto también parece confirmar una intuición que cada vez resulta más plausible: es en la intersección entre normas jurídicas y hechos económicos donde se recrean algunas de las cuestiones nucleares para el pensamiento económico, jurídico y político contemporáneo.

Es, entonces, en ese espacio donde cabe encontrar las respuestas a los encarnizados desafíos que trae consigo este torbellino geopolítico entre autoritario y neoposliberal.

Pedro J. Castellanos Hernández

Pedro J. Castellanos Hernández es licenciado en Derecho, con experiencia y especialización en derecho constitucional, administrativo y electoral. Es articulista y ensayista. Combina su ejercicio con la docencia.