Un rechazo y una advertencia

Desde los albores de la civilización, la minería ha sido una actividad esencial para el progreso de la humanidad. De ella dependieron los metales que hicieron posibles las primeras herramientas, las infraestructuras que sostuvieron las ciudades, las tecnologías que impulsaron la industrialización y, más recientemente, los minerales estratégicos que alimentan la economía digital y la transición energética. La minería ha moldeado territorios, economías regionales, relaciones laborales y estructuras estatales. Ninguna sociedad moderna podría existir sin los recursos que se extraen del subsuelo.

No obstante, una actividad tan decisiva para el desarrollo económico y social suele generar impactos físicos, ambientales y sociales que afectan directamente a regiones y comunidades. Por ello, la misma exige políticas públicas capaces de orientar su desarrollo con criterios de sostenibilidad, transparencia y justicia social, de modo que sus beneficios y sus costos no recaigan de manera desproporcionada sobre quienes conviven con la extracción. Reconocer y equilibrar la asimetría entre los intereses del gobierno central, las empresas mineras y los impactos reales que soportan los territorios mineros constituye el fundamento de una política minera socialmente legítima. Y como no siempre se reconocen y equilibran esas asimetrías, ese motor de movilidad y progreso puede convertirse en fuente de grandes conflictos.

Pues bien, la explotación de la mina de Pueblo Viejo llegó cargada de promesas. Pero muy pronto comenzaron los desalojos de comunidades enteras, los grandes movimientos de tierra, la operación de presa de cola y el riesgo permanente de contaminación. Cuando las comunidades protestaron por las condiciones que se les pretendían imponer, la respuesta fue el envío de la guardia. Cuando pobladores y grupos ecologistas denunciaron la contaminación, en lugar de atender las quejas, tanto los gobiernos como las empresas negaron sistemáticamente esas denuncias, calificándolas de "fábulas" de sectores opuestos al progreso. Cuando la explotación de los óxidos concluyó y la Rosario Dominicana cerró sus operaciones, la población tampoco fue informada sobre los peligrosos pasivos ambientales que quedaron en el lugar. Cuando al negociarse un nuevo contrato con una nueva empresa, el Estado terminó reconociendo no solo la existencia de esos pasivos ambientales y la contaminación que antes había negado, nadie fue compensado por los daños sufridos. Y aunque el gobierno y la nueva empresa prometieron actuar con mayor responsabilidad, en el nuevo ciclo de explotación siguieron las viejas prácticas, incluyendo el uso de la fuerza pública para quebrar cualquier resistencia.

Por otra parte, se estableció que el 5 % de los beneficios generados por la empresa sería transferido a las provincias donde se realiza la extracción. En el caso de Sánchez Ramírez, para administrar esos recursos el gobierno creó un patronato cuyos miembros son designados por el Poder Ejecutivo. En 1982, ese patronato fundó la segunda universidad pública del país, una institución con ley propia. Según la Constitución, dicha universidad debe recibir una porción del presupuesto público destinado a la educación superior estatal en proporción a su oferta regional. Sin embargo, aunque ese 5 % es ínfimo frente a los impactos y riesgos de una explotación de la magnitud de Pueblo Viejo, y aunque la universidad es esencial para el desarrollo regional, ni el patronato ni la institución han recibido los recursos que legalmente les corresponden.

Solo por esas violaciones legales, la del 5 % y el financiamiento de instituciones de educación superior publica, anualmente la provincia deja de recibir miles de millones de pesos que debieran invertirse en proyectos de desarrollo que beneficien a las comunidades y las preparen para enfrentar los desafíos que habrán de surgir cuando la mina se agote. Como si todo eso fuera poco, mientras se anuncian importantes proyectos públicos, la Provincia Sánchez Ramírez queda sistemáticamente relegada en la distribución de los recursos públicos. Si esas cosas se hacen de manera abierta, cuantas se harán de manera encubierta.

Traemos de nuevo el tema porque, durante las recientes protestas en San Juan, una de las consignas más repetidas fue: "No queremos aquí lo que pasó en Cotuí". Con ello se aludía tanto al manejo de los impactos físicos como al trato que, durante casi medio siglo, ha recibido la provincia que recibe directamente los impactos de las operaciones de una de las minas de oro más grandes del planeta. Pueblo Viejo pesa tanto en la vida nacional que las asimetrías que caracterizan su explotación han terminado generando un clima de desconfianza y hostilidad que amenaza la aceptación pública de toda actividad minera. Si el país aspira a aprovechar de manera sostenible y con legitimidad social los valiosos recursos mineros que posee, hay que comenzar por superar las barbaridades cometidas durante la explotación de la mina de Cotuí. En ese sentido, aquella consigna tiene que ser interpretada como un rechazo y una advertencia.

Ramón Flores