Sin cifras no hay confianza: el silencio de la EITI-RD y el precio de la opacidad minera

Hay una relación que en América Latina ya nadie discute: donde no hay transparencia, no hay licencia social. Y la República Dominicana está aprendiendo esa lección por la vía más cara —la de los proyectos paralizados y las comunidades enardecidas— justo cuando el instrumento que debía darle credibilidad al sector, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI-RD), lleva demasiado tiempo sin decir esta boca es mía.

Un país que fue vanguardia

Conviene recordar de dónde venimos, porque el retroceso duele más cuando se mide contra el propio pasado. El país se adhirió a la EITI como candidato en febrero de 2016, creó por decreto la Comisión Nacional EITI-RD y llegó a ser el primer país de América Latina en poner sus informes completamente en línea, con divulgación de contratos y datos de exportación en formato abierto. No era retórica: en su segunda validación, en noviembre de 2023, la República Dominicana obtuvo una puntuación general de 83,5 sobre 100, calificada como "moderada" pero con "progreso significativo". Fuimos ejemplo. Esa es la vara con la que hoy debemos medirnos.

El silencio que genera sospecha

El problema es el presente. El informe más reciente de cotejo de datos —el quinto— cubre los ejercicios 2021 y 2022 y fue publicado apenas en julio de 2024. Después de eso, en el portal oficial de la EITI-RD, no aparece ningún informe que abarque 2023 ni 2024. Estamos en julio de 2026: eso significa que el ciudadano dominicano no tiene un cotejo público, verificado por un administrador independiente, de cuánto pagó la minería metálica y no metálica al Estado en los últimos años fiscales.

Y no es la primera señal de fatiga. El propio historial reconoce que el informe 2019-2020 incumplió su plazo original y necesitó una prórroga del Consejo Internacional; que la aprobación del plan de trabajo se retrasó; y que el Plan Estratégico de Comunicación y Divulgación sigue pendiente. La transparencia, cuando se practica a tirones, deja de ser transparencia y se convierte en un trámite.

Lo grave no es solo el dato ausente. Es lo que ese vacío comunica. Cuando el organismo creado precisamente para despejar dudas guarda silencio, cada peso que entra o sale del sector extractivo pasa a ser materia de sospecha. Y la sospecha, en minería, no se queda en las oficinas: baja al territorio.

Los datos que nadie cuenta

No hay que teorizar sobre las consecuencias; ya las estamos viendo. El 4 de mayo de 2026, el presidente Luis Abinader suspendió el proyecto Romero, de GoldQuest, en San Juan, tras años de protestas que hicieron suya una consigna mediática demoledora: "el agua vale más que el oro". Pero ser transparentes obliga a algo más incómodo que repetir consignas: obliga a mirar los datos, incluso cuando contradicen el relato dominante.

Y los datos dicen cosas que rara vez se cuentan. En la República Dominicana la pobreza se ha reducido más rápido en provincias con matriz económica minero-agrícola —como Sánchez Ramírez— que en territorios de vocación esencialmente agrícola como San Juan. Y la evidencia disponible no registra un desmejoramiento en la calidad ni en la cantidad de las aguas atribuible a la explotación minera. Negar esto no es defender el ambiente: es sustituir la información por el miedo. La minería bien regulada no ha sido, en los hechos, la enemiga del agua ni del progreso social que el relato le atribuye.

Lo que sí constituye una falla real de transparencia —y esta sí confirmada por los propios datos de transferencias subnacionales de la EITI-RD— es que el Estado nunca ha entregado de forma íntegra a FOMISAR, el fondo de la provincia de Sánchez Ramírez, los montos que le corresponden por el 5 % de los beneficios netos de la explotación minera que ordena la Ley 64-00 de Medio Ambiente. En lugar de ese 5 % real, los gobiernos han asignado partidas fijas muy inferiores: estimaciones certificadas cifran en unos RD$9,671 millones lo que Sánchez Ramírez dejó de recibir entre 2015 y 2024.

Ahí está la paradoja que deberíamos estar discutiendo. El problema de fondo no es que la minería haya envenenado el agua de Cotuí; es que el Estado no ha hecho llegar a esa comunidad el dinero que la propia ley le garantiza. Cuando la EITI-RD deja de publicar, lo que queda en la sombra no es un supuesto desastre ambiental: es precisamente esta clase de incumplimiento del Estado con su gente. Y sobre ese fondo sigue gravitando Loma Miranda, símbolo nacional de lo que ocurre cuando un proyecto se percibe impuesto y no consensuado.

El patrón es inequívoco: la comunidad no niega la licencia por capricho, la niega porque no confía. Y no confía, en buena medida, porque el propio Estado le ha dado motivos —empezando por no pagarle lo que le debe— y porque la EITI, el instrumento que existía para documentar todo esto con cifras, guarda silencio.

Mientras tanto, el mundo avanza

Lo más incómodo es que este estancamiento ocurre justo cuando el estándar global corre hacia adelante. La frontera de la transparencia extractiva hoy es la titularidad real —saber quién es el dueño último de cada empresa que explota los recursos de una nación— y ahí los avances de otros son notables:

• Ghana multiplicó por seis las declaraciones de beneficiarios finales, de 24.256 en 2021 a casi 176.000 en 2025.
• Colombia integró la transparencia de beneficiarios reales directamente en sus procesos de licenciamiento minero.
• Camerún divulgó por primera vez datos de titularidad real; Argentina y Armenia dieron pasos concretos en el mismo sentido.
• A escala global, ya son 32 países con marcos legales de divulgación, 21 con registros públicos y 37 reportando estos datos.

La República Dominicana, que llegó a ir por delante, aparece hoy señalada precisamente en esa asignatura: sobresale en contratos y licencias, pero arrastra la deuda de un marco legal robusto de beneficiarios finales. Es decir, el resto avanza en lo difícil mientras nosotros nos atrasamos en lo básico: publicar a tiempo.

Lo que está en juego

En 2026 el país afronta una nueva validación internacional —el Secretariado de EITI abrió una consulta pública que venció el 30 de junio— y se anuncia una reforma a la Ley de Minería. Esta debió ser la ventana perfecta para corregir el rumbo, pero me temo que ha sido un despropósito llegar a ella con tres años de informes en blanco.

La transparencia no es un adorno de buen gobierno ni un requisito para complacer a organismos externos. Es, muy literalmente, la moneda con la que se compra la licencia social para operar. Un Estado que quiere que sus comunidades acepten proyectos mineros de importancia estratégica no puede pedirles fe mientras les esconde los números. La ecuación es simple y la estamos comprobando en tiempo real: cada informe que la EITI-RD deja de publicar es un proyecto que la comunidad deja de aprobar.

Publicar las cifras —completas, a tiempo y en formato abierto— no es la parte cara del negocio minero. La parte cara es el silencio.

Rafael Eugenio Robles

Doctor en educación, docente e investigador universitario. Experto en finanzas, tecnología y prevención de riesgos laborales. Abogado.