La Constitución no espera al incendio

¿Prevenimos los conflictos o simplemente los administramos cuando ya estallaron? Esa pregunta debería guiar cualquier discusión sobre los grandes proyectos de desarrollo en la República Dominicana, y en particular sobre la minería. La diferencia entre las sociedades que avanzan y las que quedan atrapadas en el mismo ciclo no está en evitar por completo los riesgos, sino en construir, desde antes, una gobernanza preventiva capaz de anticiparlos.

Tras los recientes incendios forestales en España, varios especialistas coincidieron en algo sencillo: el fuego no fue el verdadero problema, sino la consecuencia visible de causas que venían gestándose desde antes: falta de planificación, gestión inadecuada del territorio y poca coordinación entre instituciones y ciudadanos.

Esa lección trasciende los incendios e interpela la manera en que solemos abordar la minería en el país. Con demasiada frecuencia esperamos a que aparezca el conflicto para dialogar, a que surja la protesta para escuchar a las comunidades, y a que se instale la desconfianza para explicar los proyectos.

Nuestra Constitución propone otro camino. Los artículos 66 y 67 no solo reconocen el derecho de toda persona a un medio ambiente sano; imponen al Estado el deber de prevenir el deterioro ambiental y proteger los recursos naturales. En una democracia constitucional, prevenir no es una facultad discrecional que dependa de la voluntad del gobierno de turno: es un mandato permanente del Estado de Derecho.

Ese mandato ha sido reforzado por el Tribunal Constitucional. En la Sentencia TC/0021/17 recordó que la protección del medio ambiente exige decisiones sustentadas en criterios técnicos y una tutela preventiva de los derechos fundamentales; y en pronunciamientos posteriores ha insistido en que los proyectos de impacto territorial requieren planificación y coordinación institucional, pues la responsabilidad ambiental no termina con la emisión de un permiso, sino que exige seguimiento continuo. La mejor protección ambiental no es la que llega después del daño, sino la que evita que ocurra.

Ese principio debería orientar también la gobernanza minera.

Se afirma con frecuencia que la minería divide a la sociedad. Pero quizá el problema no sea la minería en sí, sino la manera en que discutimos sobre ella. Defender el medio ambiente no convierte a nadie en enemigo del desarrollo, así como defender el aprovechamiento responsable de los recursos naturales tampoco convierte a nadie en enemigo de la naturaleza. La verdadera polarización comienza cuando dejamos de escuchar la evidencia y sustituimos los argumentos por etiquetas.

Como escribió recientemente José Luis Sastre, polarizar no es tomar partido por una causa, sino caer en la trampa de convertir cualquier diferencia en un enfrentamiento permanente. Una democracia madura no necesita unanimidad; necesita instituciones capaces de transformar el desacuerdo en decisiones legítimas.

La minería responsable no se construye únicamente con permisos, estudios de impacto ambiental o inversión: también requiere confianza. Y la confianza no nace el día en que inicia una operación, sino mucho antes, con información pública de calidad, diálogo temprano con las comunidades, planificación territorial y supervisión permanente.

Este es, además, un momento oportuno para poner en práctica esa idea. El sector minero está entrando en un proceso de reforma de su marco legal, una oportunidad real para incorporar la prevención, la transparencia y la participación desde el diseño mismo de las reglas, en lugar de añadirlas después como reacción a un conflicto. Si se hace bien, la nueva ley minera puede convertirse en un espejo: un modelo de cómo debería legislarse y gobernarse el desarrollo en los demás sectores del país, no solo en el minero.

La prevención, entendida como política de Estado, también requiere herramientas. Así como existen mapas para identificar zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos, el país necesita instrumentos similares para anticipar riesgos ambientales, sociales e institucionales antes de que se conviertan en conflictos abiertos.

Cuando una sociedad solo actúa después de la crisis, administra consecuencias. Cuando fortalece sus instituciones antes de la crisis, construye gobernanza.

Porque la Constitución no espera a que ocurra el incendio. Nos exige evitarlo. Y esa diferencia es, precisamente, la que separa la reacción de la gobernanza preventiva.

Martín Valerio Jiminián

Director Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana.