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Estado Democrático de Derecho y comicios

La decisión de la Junta Central Electoral de posponer las elecciones previstas constitucionalmente para el mes de mayo, luego de reconocer que la pandemia del COVID-19 es una barrera prácticamente infranqueable para su celebración, aunque está siendo aplaudida, constituye un precedente de altísima peligrosidad para el sistema democrático.

La autoridad democrática basa su legitimidad en el respeto a las normas y a los procesos. Mal puede alterarse el orden de prelación de las normas para resolver una situación que es posible solucionar guardando las formas constitucionales y legales.

De aceptarse la situación planteada por la resolución de la JCE, veremos en el futuro la creación de crisis artificiales para derogar de hecho disposiciones constitucionales y legales que perjudiquen momentáneamente al detentador del poder, o que convengan a elites políticas o empresariales. De aceptarse el proceder de hoy, la Constitución sería letra muerta y para eso no fue que nos dimos una Carta que aspira a un “Estado Social y Democrático de Derecho”, como establece su artículo 7.

Se puede alegar el Estado de Emergencia, pero ¿qué impide, si hay acuerdo entre todos los actores políticos, que se deje sin efecto por una semana esa situación (aunque se mantengan administrativamente algunas restricciones) y se proceda a modificar la Constitución por medio de un transitorio, para dar forma legal al cambio y entonces, solo entonces, la Junta emita la resolución con las nuevas fechas?

El respeto a las normas y a las formas es consustancial con un Estado de Derecho.

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