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Un país de clase media

El mito de la movilidad social frente a los datos reales

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Un país de clase media
República Dominicana entre el relato político y la brecha social. (SHUTTERSTOCK)

A su regreso al poder en el 2004, Leonel Fernández se cuidó de definir al país como «de clase media». Hacerlo hubiera significado ignorar el devastador efecto de los fraudes bancarios y quitado peso a las imputaciones a su antecesor, Hipólito Mejía, de haber abismado la economía.

Danilo Medina no contuvo su entusiasmo. Aunque lo había insinuado antes, el 3 de mayo de 2019 sentenció ufano: «Ya la República Dominicana de hoy es un país de clase media». Citó como dato el crecimiento del consumo de leche, de carne de pollo y vacuna y de arroz, y la reducción de la pobreza del 42 % al 21 %.

El lunes de esta semana, Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, llovió sobre mojado. A la pregunta periodística sobre cómo contrarrestar la percepción de la gente de que los avances de la economía no la tocan, aludió al cambio de necesidades provocado por el crecimiento económico. Unidos, este factor y las políticas públicas adoptadas, hacen incontestable que «este es un país ya de clase media».

Como Medina en su momento, Díaz tiene sus propios indicadores: ahora, una mayor población «tiene acceso, por ejemplo, a viajar, que tiene acceso a mejores colegios, a mejor educación, a mejor salud, a mejor recreación, también a vehículos».

Es decir, el consumo estadístico tomado como parámetro igualador de los diferentes sectores.  Malabarismo discursivo que, como señalan algunos cientistas sociales, enmascara un tráfico ideológico y normativo: la idea de que los patrones de consumo de la llamada clase media de los principales centros urbanos representan la realidad social mayoritaria.

Consultar las estadísticas fragmenta el espejo en el que el discurso político quiere que nos miremos todos. Porque ¿cuál es el peso poblacional real de los grupos así definidos que los convierte en sinécdoque del país?

Sobrevolemos algunos porcentajes. Hasta abril pasado, la informalidad laboral alcanzaba el 54.1 %; más del 80 % de los asalariados percibe hoy menos de 50,000 pesos mensuales, en tanto que la canasta básica familiar cuesta 49,268 pesos.

El 88 % de los vehículos tienen más de cinco años de fabricación. De los 4.8 millones de afiliados al régimen contributivo, solo entre 1.3 y 1.5 millones cuenta con plan complementario, o dicho de otro modo, solo entre el 12 % y el 15 % tiene la posibilidad de acceder a servicios de salud más o menos satisfactorios.

En un reportaje publicado ayer jueves, Diario Libre revela hasta dónde la casa propia es quimérica: en el Distrito Nacional, que concentra el 33.3 % de las empresas formales, comprar una vivienda de 100 metros cuadrados e invirtiendo la totalidad del salario promedio, equivale a 26.4 años pagando la deuda.

Por último, el 77.5 % del estudiantado asiste a la escuela pública, contra el 22.5 % a la privada en sus diferentes grados de calidad. No es de extrañar que el 28 % de los más pobres no termine la secundaria, cosa que sí hace el 90 % de los más ricos.

¿País de clase media? No, país de profundas e irritantes desigualdades. Encararlas seriamente exige dejar de convertir el progreso y la igualdad de oportunidades en mero eslogan político... aunque lo pronuncie un economista.

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Aspirante a opinadora, con más miedo que vergüenza.