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Las muertes extrajudiciales

Más allá del "puesto en 29": los vacíos de la persecución criminal en el país

Si las muertes extrajudiciales de delincuentes reincidentes a manos de policías fuera una estrategia efectiva para combatir la criminalidad, la República Dominicana fuera el país más seguro del mundo, pues llevamos décadas matando gente al margen de la ley. 

Por tanto son justificadas las críticas que recibe la Policía Nacional desde sectores sociales y medios de comunicación, luego del incremento de las muertes de este tipo tras algunos hechos sangrientos que aumentaron la percepción de inseguridad de la ciudadanía, empujando a las autoridades a ofrecer respuestas contundentes. 

Pero cabe recordar que existen diferencias entre la opinión pública y la publicada. Pues si bien la mayoría de las voces que se elevan en los medios son críticas con la Policía, buena parte de la población favorece sus acciones. No solo lo dicen las encuestas, en las que el apoyo a la aplicación de la llamada mano dura aumenta con el incremento de la preocupación sobre la inseguridad; es que la gente en los barrios lo pide cuando se producen hechos delictivos. 

Para muestra lo que ocurrió la pasada semana en Villa Juana, cuando unos maleantes hirieron de gravedad a un agente de seguridad privada en un intento de robo a una joyería. Los vecinos del barrio, todos a una como Fuenteovejuna, pidieron que a esos delincuentes los pusieran en veintinueve, el código que utiliza la uniformada para identificar las bajas en intercambios de disparos. 

Es por eso que aunque sucesivos gobiernos implementan diversas estrategias de prevención y promueven reformas policiales, en ninguno desaparecen los intercambios de disparos. Y los jefes o directores de policía que prescinden o limitan estas prácticas son percibidos como flojos, no solo por la población, sino también por sus subalternos e incluso por los propios malhechores.  

Pero si bien estamos ante una práctica populista que claramente no resuelve el mal de fondo, y es preciso abordar las raíces socioeconómicas de la criminalidad, pues la pobreza y la desigualdad constituyen el mayor semillero donde germina el delito; también es necesario implantar políticas de persecución criminal enérgicas y efectivas, con sanciones que se cumplan en regímenes penitenciarios que traten a las personas en la medida y dimensión de sus delitos.

Y aquí vale la pena echar un vistazo a lo que hace Najib Bukele en El Salvador, ya que para sacar de las calles a los delincuentes reincidentes, en lugar de matarlos, quizás sería más efectivo meterlos en una mega penitenciaria, con estrictos regímenes disciplinarios, y aislar esos antisociales de forma que no puedan continuar sus actividades criminales.

Para lo cual harían falta fiscales que produzcan investigaciones rigurosas y elaboren expedientes contundentes, de forma que los criminales sometidos a la justicia tengan la cárcel como destino, y no las calles donde los policías los arrestan una y otra vez para ingresar en un sistema que, alimentado por la ineficiencia, opera como una especie de puerta giratoria.

Pues si hay constantes detrás de las muertes extrajudiciales, son actos delictivos perpetrados por tunantes que, con decenas de fichas y sometimientos, no deberían encontrarse en libertad cometiendo tropelías.

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