Controlar el dinero de la política
El patrimonio del Estado no puede ser una caja de financiamiento sin control
La democracia cuesta dinero, pero mucho más cuando nadie vigila cómo se gasta. Los recursos públicos que reciben los partidos políticos constituyen una inversión de la sociedad para fortalecer el pluralismo, la representación y la competencia electoral. Precisamente por ello deben estar sometidos al más riguroso escrutinio.
Un reportaje publicado por Diario Libre revela una realidad preocupante: el sistema de fiscalización presenta vacíos que impiden un control efectivo sobre cientos de millones de pesos entregados cada año a las organizaciones políticas. Si la Junta Central Electoral solo puede revisar informes financieros y la Cámara de Cuentas lleva años sin publicar auditorías de esos recursos, la rendición de cuentas queda reducida a una formalidad insuficiente.
No basta con que los partidos presenten documentos. Es indispensable verificar que cada peso haya sido utilizado conforme a la ley, que no existan desvíos hacia actividades ajenas a la función política y que cualquier irregularidad produzca consecuencias reales. El dinero público nunca deja de ser público por el hecho de cambiar de destinatario.
Fortalecer los mecanismos de fiscalización no debilita a los partidos; los legitima. La transparencia protege a las organizaciones que actúan correctamente y expone a quienes confunden el patrimonio del Estado con una caja de financiamiento sin controles.
