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Firmeza dentro de la ley

El respeto a los derechos humanos no equivale a la impunidad del crimen

El respeto a los derechos humanos no concede impunidad a los delincuentes. Exige que el Estado los persiga, los detenga y los someta a la justicia con los instrumentos que la ley proporciona.

La Policía Nacional tiene el deber de garantizar el orden público, proteger a los ciudadanos y preservar la vida en comunidad. Esa responsabilidad requiere firmeza, capacidad operativa y respaldo institucional. También exige límites claros: quienes hacen cumplir la ley están obligados a respetarla.

La indignación ante el crimen es comprensible. El miedo de las víctimas merece respuestas eficaces. Pero ninguna de esas realidades autoriza a convertir la sospecha en sentencia ni a sustituir los tribunales por decisiones policiales. Cuando se tolera el abuso, la seguridad pierde su fundamento y cualquier ciudadano queda expuesto a la arbitrariedad.

Reclamar actuaciones legales tampoco significa desconocer los riesgos que enfrentan los agentes. Significa exigir preparación, protocolos, investigaciones rigurosas y consecuencias para quienes se aparten de sus deberes. Una institución profesional distingue el uso legítimo de la fuerza de su empleo abusivo.

La autoridad se fortalece cuando puede explicar sus actuaciones y responder por ellas. El respaldo ciudadano debe descansar en la confianza, no en el temor.

A la Policía se le pide que defienda la ley y se ajuste a ella. Con igual firmeza. Sin privilegios ni excepciones.

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