La Junta Central Electoral necesita tomar urgentemente un curso de acción que la ayude a encauzar debidamente las elecciones y a recuperar el prestigio perdido con sus últimas decisiones, particularmente la del voto “arrastre”.

Ese tema no es un asunto esencialmente administrativo, sino legislativo. Se puede administrar o ejecutar algo que está claro, pero lo del voto “arrastre” no está claro. Hay un conflicto de leyes y con una modificación legal o por medio de una sentencia del Tribunal Constitucional se debe resolver.

El método más expedito es el legal y al llevarlo a la práctica se pondría a prueba a los partidos políticos con representación congresional que deberían aprobar los cambios con la presteza que demanda el momento electoral.

La Junta Central Electoral es un árbitro que aplica las reglas de juego que aprueban los equipos, en este caso, los partidos políticos en las diversas instancias de decisión. Los líos que puedan crearse tienen también sus instancias decisorias. No hagamos de esto un problema insoluble. Si hay voluntad política se puede lograr el consenso necesario. Piensen en el mayor bien.

+ Leídas