De la democracia que nadie habla

Soy dogmáticamente capitalista. Defiendo la propiedad privada, la libre empresa y un mercado competitivo, pero reclamo, en contrapartida, la responsabilidad contributiva de la riqueza, esa que se erige sobre una premisa básica: los que más ganan deben pagar más impuestos. 

No siempre concilio con el neoliberalismo de Milton Friedman y Friedrich von Hayek, sobre todo en el campo del subdesarrollo. Me declaro keynesiano, y, en tal condición, creo que siempre habrá razones para que el Estado intervenga en la economía, ya para mantener el equilibrio, ya para revertir los ciclos de crisis. Pero, además, en sociedades profundamente desiguales, como la nuestra, el Estado no puede abandonar aquellas atenciones estructurales que a la iniciativa privada no le interese o no pueda suplir; por eso creo en programas sociales racionalmente estructurados como forma de contrapesar las asimetrías del sistema. 

La democracia no solo es un orden basado en la soberanía del pueblo, las libertades individuales y la separación de los poderes públicos; es más que elecciones. Es un sistema que propone la realización plena del individuo en libertad y, en ese proyecto, no solo importan los derechos políticos, también su bienestar económico como fin esencial de la convivencia colectiva. 

A partir de la reforma constitucional del 2010, se incorporan en el pensamiento social dominicano valores y concepciones "nuevas", como las prohijadas por la noción del llamado "Estado social, democrático y de derecho" originada en la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania de 1949 y desarrollada más adelante por un concierto amplio de constituciones del mundo. La idea supone que el Estado debe asegurar "la libertad y propiedad del ciudadano, [...] la promoción del bienestar y, de esa manera, conformar su carácter como ente común" (Philipp Reclam Jun. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23 Mai 1949, Stuttgart, 1953). De esta propuesta, el peruano Magdiel Gonzáles Ojeda extrae las características del Estado social, democrático y de derecho: "a) es una comunidad al servicio del interés común de todos los individuos; b) los objetivos y las tareas del Estado están limitados a la libertad y la seguridad de la persona y de la propiedad privada; c) el Estado está organizado y regulado según principios racionales" (El Estado social y democrático de derecho y el Estado peruano. Derecho y sociedad, 2003).

Si bien la democracia política se encuentra en un tránsito de afirmación, la "democratización de la economía" sigue gravitando como una aspiración astral en el subdesarrollo. La democracia política tiene que ver con la participación efectiva de los ciudadanos en las decisiones colectivas y los derechos que tutelan esa participación; la democracia económica, por su parte, atiende al acceso equitativo de los ciudadanos a medios de producción, ingresos, riqueza y a las posibilidades del desarrollo. La democracia económica en la República Dominicana es un concepto por construir mientras el 10 % de los ciudadanos de mayores ingresos reciba el 55 % del ingreso y el 10 % de menores ingresos reciba algo menos que el 1 %.

El asunto es que casi setenta años de democracia electoral y política no han sido suficientes para generar un estado de mediano bienestar en el que problemas básicos como educación, salud, vivienda, empleo y estándares de convivencia ordenada hayan podido ser redimidos. Lo penoso es aceptar que, en esos aspectos, y a pesar de las cuantiosas inversiones de capital, compartamos posiciones con países parias y fallidos del mundo, sin aprovechar la estabilidad política y macroeconómica que hemos disfrutado en los últimos cuarenta años. 

Las inversiones del Estado se han concentrado en obras de infraestructuras, en su mayoría con dinero prestado; aun así, y pese a destinar una quinta parte de los ingresos fiscales para pagar los servicios de una deuda que crece, el Estado solo puede utilizar algo menos del 3 % del PIB en obras de inversión; lo demás es para mantener una burocracia pesada y gigante. El empleo, por su parte, no es justamente retribuido, situación que ha empujado a una buena parte de la población económicamente activa a la informalidad ocupacional, cuya tasa alcanza el 57 % cuando el promedio de la región latinoamericana es de un 29 %.

Gobiernos vienen y van, y la gestión sigue siendo la misma. Los de la oposición critican el mismo modelo que aplican cuando son gobierno, exhibiendo como logros las variables de siempre: crecimiento económico y estabilidad macroeconómica, sin poder contestar las preguntas derivadas de esa realidad: ¿Para quién crece la economía? ¿La estabilidad macroeconómica es suficiente?

La democracia económica supone igualmente una participación plural de agentes públicos, privados y sociales en la generación de bienes y servicios. Podemos tener un orden relativamente abierto y funcional de derechos políticos, pero un mercado cerrado dominado por estructuras que controlan fácticamente las decisiones económicas del Estado. Ese es el caso de la República Dominicana. 

La nuestra es una economía altamente concentrada, controlada por monopolios y oligopolios; de esta manera, sectores estratégicos de la producción de bienes y la prestación de servicios están en manos de uno o pocos oferentes, como la metalurgia, la minería/cemento, las telecomunicaciones, la energía, los medios de comunicación e información y hasta las contrataciones públicas de las grandes obras del Estado. A pesar de la regulación de la competencia a través de una ley cónsona con los estándares regulatorios mundiales (Ley núm. 42-08, General de Defensa a la Competencia) y la existencia de un órgano rector de la competencia (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia), las conductas anticompetitivas son prácticas culturales en el mercado dominicano; los intereses que concentran estos núcleos hacen enanas a las instituciones. Y es que el acceso al mercado en condiciones de libre competencia tiene todavía color de utopía. 

Sí, podemos expresarnos y hablar hasta más de la cuenta; decirles a los gobiernos lo que nos da la gana y hacer memes con los funcionarios. Esa libertad es valiosa, pero no es suficiente. La democracia no solo es ir a las urnas cada cuatro años y votar por el más carismático, simpático o famoso; es un sistema de vida colectiva llamado a retribuir en bienestar las inversiones individuales que hacemos cada día en él. Llegó el momento de hablar seriamente de la democracia económica; hagámoslo ahora que podemos.

José Luis Taveras

Abogado, ensayista, académico, editor.