El oro

Nada ha movido más la codicia de la Humanidad que el oro. Y nada ha expresado mejor que ese metal el valor comparado de los bienes y activos, al medirlo en sus propios términos.

Esta isla ha tenido su fiebre del oro. También una mina que ha operado estando quebrada.

Ha alimentado la ilusión de que refinarlo internamente añadiría valor agregado, desmentida por el cierre de la refinería con apenas uso por falta de un certificado de garantía imposible de lograr y por su elevado costo, lo cual no impide el desarrollo de una orfebrería que cree mayor valor, aunque con la tara parcial de la falta de certidumbre en el contenido en quilates de las piezas talladas.

Y ha incubado el desvarío de creer, (algunos creyeron), que el yacimiento podía contabilizarse como parte de las reservas internacionales de divisas.

Pero nunca había habido una inversión tan cuantiosa como la realizada en las minas de Cotuí, en Pueblo Viejo, ni tampoco una madeja tan compleja e intensa.

La historia del oro dominicano procesado industrialmente puede que sea la misma que la de la inconsistencia de las políticas públicas, la falta de claridad en las metas, la volubilidad de las decisiones, la escasa capacidad para medir el alcance de largo plazo de los intereses nacionales.

Todo lo anterior, y más, puede encontrarse en la fascinante historia sobre el oro puesta en circulación hace pocos días por Frank Moya Pons. Ahí abundan los detalles, informaciones, y el análisis.

Moya Pons se va muy atrás, a la época de la conquista, y relata la historia de la explotación del oro artesanal e industrial en diferentes etapas. Y sorprende con la afirmación de que el oro que se recoge en bateas todavía es una ocupación que crea riqueza y empleo en gran parte del país.

En la última parte del libro se refiere a la mina de Pueblo Viejo. En ese aspecto aporta un conjunto de documentos que dan una visión de las peripecias ocurridas. Y lo hace con imparcialidad, objetividad, recogiendo las opiniones que se produjeron en espectros diferentes, políticos, sindicales, económicos, medios de opinión.

Todo expresado en un lenguaje llano, didáctico, al punto de que el libro puede leerse como si fuera una novela, es decir, con facilidad.

La inversión en la mina de Pueblo Viejo pasó de un estimado de US$400 millones a US$2,400 millones, para terminar en cerca de US$4,320 millones. Mayor inversión, en este caso, no es sinónimo de beneficios más amplios sino de la “necesidad”, para algunos, de explotar yacimientos con tecnología muy cara haciendo provecho del incremento temporal del precio del oro.

El contrato que se suscribió con Placer Dome establecía parámetros que se consideraban los más favorables para un país con yacimientos de oro. Sin embargo, hay que lamentar que fuera modificado años después para introducir cláusulas a favor de la empresa Barrick Gold, continuadora jurídica de Placer Dome.

Las cambios principales fueron que se requería una tasa interna de retorno mínima del 10% y que hasta que no se lograra no habría beneficios para el Estado. La justificación de esa pretensión era que “si una de las partes aportó el 100% del capital, entonces durante el período de recuperación de la inversión es concebible que opere un mecanismo para compensar el capital no aportado por la parte propietaria de la reserva.”

En otras palabras, el aporte del yacimiento no se conceptualizaba como aporte de capital, sino como un bien libre, algo así como el aire, no sujeto a contraprestación económica.

El clímax del libro se alcanza cuando se presenta la posición del presidente Danilo Medina en el momento en que en el año 2013 exigió públicamente la renegociación del contrato con la Barrick Gold. Ahí aparecen argumentos muy contundentes en pro de la renegociación del contrato.

A continuación el libro recrea los argumentos de la empresa Barrick Gold, expuesta mediante carta por su presidente, Manuel Rocha, dirigida al jefe del Estado, elaborada con tacto y profundidad, aunque planteando como axiomas lo que son hipótesis que convienen a ese inversionista.

Como se sabe el contrato fue renegociado (se eliminó la restricción de la tasa interna de retorno, se bajó el ritmo de depreciación del 40% al 15%, y se revisó la tasa de interés de algunos préstamos), y se anunció que el país obtendría un conjunto de beneficios adicionales a los que existían, todo calculado a un precio del oro de US$1,600 la onza troy, que existió en un momento pero que luego dejó de ser realidad.

Según esos cálculos el gobierno obtendría US$2,200 millones en el periodo 2013-2016, en vez de US$377.4 millones como estaba programado.

Pero las cosas no siempre salen como se piensan. Según la Dirección de Impuestos Internos, los ingresos han sido: US$214 millones en 2013, US$178 millones en 2014, US$195 millones en 2015, y, hasta agosto del 2016, US$157 millones, para un total de US$794 millones.

Más de lo original; menos de lo estimado en la renegociación. Resultados no despreciables pero por debajo de lo que se esperaba.

Desde mi perspectiva el aporte de cualquier yacimiento o explotación de recursos no renovables, debe representar a lo largo de la explotación por lo menos el 50 % del valor de las acciones de la empresa que lo explote.

Ese negocio debe llevarse a cabo sin disfrute de exenciones, ni depreciación acelerada. De modo que el Estado obtenga el 50% de las ganancias antes de impuestos, más los impuestos corrientes.

Y con la obligación de la empresa de poner remedio ambiental cada año, en vez de dejar que se acumule en el tiempo. Y que los ingresos que vayan al fisco sean usados únicamente para inversión, preferiblemente forestal o en recursos renovables.

Si no, dejen descansar los recursos naturales en su lecho, hasta que haya conciencia y capacidad para explotarlos.

Eduardo García Michel