Finalmente, la JCE será la responsable

Las elecciones de 2020, su legalidad y limpieza y, sobre todo, la legitimidad de los representantes que resulten electos, son responsabilidades de la Junta Central Electoral que preside el doctor Julio César Castaños Guzmán e integran los doctores Roberto Saladín, Carmen Imbert, Rosario Graciano y Henry Mejía.

Este artículo se escribe cuando faltan 32 meses para las próximas elecciones nacionales y busca evitar que en el 2020 se produzca una confrontación política de grandes proporciones.

La sociedad dominicana está viviendo un despertar en ascenso, ha redescubierto su capacidad de manifestarse y la fuerza de su movilización. La ciudadanía está harta de que la engañen y burlen elección tras elección y no aceptará que el partido oficial mediante el fraude, el clientelismo, la ilegalidad, la compra de votos, el uso de los recursos del Estado y el control de los medios de comunicación se imponga nuevamente y mucho menos que Danilo Medina se reelija comprando legisladores para modificar la Constitución.

¿Es posible evitar que en el 2020 nos deslicemos de nuevo en un proceso de crisis política profunda? Si. Cinco son las cuestiones a satisfacer: I) hacer una profunda reforma a la ley electoral y, en el marco de ésta y de la Constitución, adoptar la ley de partidos políticos; II) para que esas leyes tengan la legitimidad necesaria para regir el próximo torneo electoral deben ser el producto de un consenso y pacto entre los actores políticos; III) ese pacto político solo es posible si se crea un espacio --que evidentemente no es la comisión bicameral— que permita llegar a acuerdos sin imposiciones de ninguna de las partes; IV) la JCE, por sus competencias constitucionales y dominio del tema es el órgano en mejores condiciones para arbitrar el proceso hacia el pacto político sobre la reforma electoral; y V) luego de adoptadas las leyes se requiere de la JCE tener el carácter, la voluntad y la independencia necesarios para asegurar que el proceso electoral se realice con transparencia, equidad y estricto apego a la ley.

Lamentablemente el camino que se está siguiendo es otro. Examinemos algunos hechos:

I) La JCE depositó en el Congreso un proyecto de reforma a la ley electoral desfasado y sin haberlo consensuado con los actores políticos, a pesar de que formalmente así se lo habían solicitado los partidos de oposición con más de tres meses de antelación; II) la comisión bicameral que estudia los proyectos de leyes está integrada exclusivamente por legisladores del sector oficial; III) la comisión bicameral ha centrado su labor en la ley de partidos como vía de darle una salida a las contradicciones que enfrentan a las facciones de Danilo Medina y Leonel Fernández; IV) la comisión bicameral está a la espera de la decisión del Comité Político del PLD para entonces con toda presteza convertirla en ley, poniendo en ridículo las instituciones y personas que fueron a expresarle su punto de vista y recomendaciones; V) El PLD no tiene real interés en la reforma de la Ley Electoral por los frenos que ésta podría imponerle a sus prácticas clientelares y uso de los recursos del Estado a favor de sus candidatos, entre otras.

Lo que está haciendo el PLD es lo natural y propio de un partido que perdió toda vocación democrática y de respeto por la legalidad y la institucionalidad.

Pero el derrotero que llevan los acontecimientos, por la acción del PLD, en ningún modo exime a la JCE, sino todo lo contrario, de esforzarse aun más en jugar el rol que le impone la Constitución.

Es precisamente la carta magna, en su artículo 211, la que expresa que la JCE y las juntas electorales tienen la responsabilidad de “...garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones” y en la parte final del párrafo IV de este artículo le otorga “...facultad para reglamentar los tiempos y límites de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Frente a las acciones unilaterales y violatorias de la institucionalidad democrática que viene haciendo el partido oficial, poniendo en juego la propia legitimidad del próximo torneo electoral, se requiere del presidente de la JCE la misma beligerancia de reacción que mostró cuando un grupo de ciudadanos pidió la renuncia de Danilo Medina a la Presidencia.

Nada impide a la JCE tomar la iniciativa para consensuar con todos los actores políticos la elaboración de los reglamentos que la Constitución le faculta disponer.

Por azar, este artículo sale publicado un 25 de septiembre, aniversario del golpe de Estado, hace 54 años, del más trascendente ensayo democrático de nuestra historia, encabezado por el Profesor Juan Bosch y del cual aún no nos recuperamos.

La paciencia del pueblo tiene un límite. En el 2020 se cumplirán 59 años del ajusticiamiento del sátrapa. Es la hora de ponerle fin a la que es la transición democrática más larga que haya vivido país alguno.

En el 2020, la ciudadanía sólo aceptará elecciones limpias, creíbles, legales y legítimas.

Guillermo Moreno