Gastos de campaña y el barómetro de la corrupción

«Muchos ciudadanos piensan que la corrupción está creciendo en la República Dominicana, con investigaciones recientes confirmando esta percepción. [...] El escándalo Lava Jato es un poderoso ejemplo de tal impunidad. La compañía [Odebrecht] también admitió haber inflado el valor de varios contratos de construcción, muchos de los cuales fueron de dos a treces veces mayores que la propuesta original. [...] Hasta ahora, nadie ha sido encontrado culpable por Lava Jato en República Dominicana. El gobierno todavía no ha cuestionado a quienes han sido condenados del escándalo en Brasil o investigado los financiamientos de campaña por Odebrecht». Global Corruption Barometer, 2019

Al parecer, no ha sido suficientemente debatido el hecho de que los precandidatos a la presidencia de los partidos que celebrarán sus primarias el 6 de octubre han presentado – ante la Junta Central Electoral – su reporte de las contribuciones recibidas y de los gastos hasta ahora incurridos. No obstante, esos reportes son una buena indicación de la asimetría con la que los recursos financieros fluyen hacia los distintos aspirantes a la candidatura presidencial. Dado que el financiamiento de los partidos juega un rol crucial en la capacidad de estos para movilizar sus adeptos o conseguir nuevos simpatizantes, un notorio desbalance en el acceso a esos recursos podría representar un verdadero problema para el juego democrático.

El fenómeno de las contribuciones a los candidatos ha sido analizado – como es de esperarse – desde distintos ángulos. Para algunos, las mayores contribuciones se dirigen hacia los candidatos que tienen las mayores probabilidades de ganar, incrementando, de paso, esas probabilidades; para otros, el atractivo de un candidato puede ser un generador de fondos para su campaña. Quizás haya una complementariedad entre ambos enfoques, pero también hay contribuciones que llegan a candidatos que de antemano se sabe que no van a ganar y que además no son buenos candidatos (un candidato, sin embargo, puede ser bueno y no tener chances de ganar). En cualquier caso, la decisión de un aporte debe pasar por una evaluación – consciente o intuitiva – de los costos y los beneficios asociados con el aporte.

El problema surge cuando al amparo de los mecanismos del poder político los potenciales aportantes se sienten intimidados a realizar contribuciones al candidato oficial. Por eso, muchos empresarios contribuyen con varios candidatos para minimizar los riesgos de aparecer en la lista negra de un candidato que resulte electo. Y en un país con escasos niveles de desarrollo institucional esto puede la diferencia entre el ‘éxito’ y el fracaso. Pero se quejan, por lo bajo, de las presiones que reciben para que contribuyan con el candidato del poder político. Esas contribuciones son, también, oportunidades para entrar en contubernio con quien resulte electo.

En este contexto, no es sorprendente que del total reportado por los precandidatos presidenciales más del 50% del total recaudado ha ido a las arcas del precandidato del Gobierno. Es muy difícil para un empresario decirle que no a un alto funcionario que forma parte de un equipo de campaña y que además toma decisiones que le pueden afectar. Esa es una fuente de asimetría entre los recursos que un precandidato oficial puede lograr versus los demás precandidatos. Tal disparidad luce abismal cuando se compara que el partido oficial logró recaudar, de acuerdo con la JCE, un total que supera los RD$ 550 millones, mientras que el partido opositor apenas recaudó unos RD$45 millones; esto es, una brecha de más de diez veces en los recursos recaudados.

Por múltiples razones esto no es bueno para la democracia. Pero una buena razón la podemos encontrar en los resultados que acaba de publicar Transparencia Internacional en su Barómetro de Corrupción Global (Global Corruption Barometer) para América Latina y el Caribe. De acuerdo con este reporte, el 46% de los encuestados en República Dominicana dijo haber recibido una proposición de compra de votos; ese porcentaje es solo superado por el 50% de los mexicanos, y es 20 puntos porcentuales superior a la compra de votos en Venezuela. De manera que, si un candidato o precandidato tiene 10 veces más recursos financieros que su oponente, también tiene mayores recursos para la compra de votos y para convertir la intención de voto en votos que lleguen a las urnas.

Probablemente, la mayor intensidad en las preferencias para comprar votos se de en un partido gobernante, pues lo que está en juego es perder el poder político y económico. Esto es particularmente grave cuando los indicadores de corrupción alcanzan niveles alarmantes, tal como se reflejan en el citado reporte de Transparencia Internacional que indica que el 93% de los dominicanos piensan que la corrupción es un serio problema en el gobierno, mientras que el 66% piensa que la corrupción ha crecido en los últimos doce meses previos al estudio. Además, el 72% de los encuestados entiende que el gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción.

Los gastos de campaña gozan de un marco legal muy generoso. Por ejemplo, para la candidatura presidencial la ley orgánica del régimen electoral le permitiría al candidato tener un gasto de unos RD$ 910 millones, y las contribuciones individuales pueden alcanzar hasta un monto equivalente al 1% de ese tope. Esto quiere decir que un contribuyente particular podría aportar hasta unos nueve millones de pesos. ¿Es esto mucho o poco? Para responder piensen que en los Estados Unidos el límite para las contribuciones individuales es aproximadamente de unos 2,600 dólares, equivalentes a unos RD$ 135 mil pesos. Una desproporción enorme... Cuando se ponen en la misma ecuación los gastos permitidos de campaña y los niveles de corrupción imperantes en el país, el resultado es un proceso electoral sumamente desigual, y un pésimo ejercicio de la democracia.

Pedro Silverio Alvarez