La institucionalidad y el dilema de Sophie

«Lamentamos profundamente la postergación a nivel nacional de las elecciones municipales convocadas para este domingo 16 de febrero. [...] Hoy, más que nunca, exhortamos el respeto irrestricto de la Constitución y las leyes como única garantía para preservar el orden institucional. Convocamos a las autoridades juntamente con el liderazgo político, social y económico a actuar acorde a las circunstancias e iniciar un diálogo que permita los acuerdos necesarios para la continuación del calendario electoral, el respeto a la voluntad popular y la plena vigencia del sistema democrático». Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), febrero 16, 2020

El pasado domingo – a las 11 y 11 de la mañana – la ciudadanía quedó sin aliento... En ese momento, y por primera vez en la historia democrática posterior a Trujillo, unas elecciones quedaban suspendidas, según anunció el presidente del órgano electoral. Después que largas filas de electores se alinearon por horas en espera de ejercer su derecho al voto llegó la noticia de que el proceso se había abortado. Era como si la democracia dominicana estuviera pisando en territorio hasta ese momento desconocido; un territorio minado por los peligros que representaban y representan esta ruptura institucional.

La Junta Central Electoral (JCE) se enfrentó, como resultado de su propia negligencia, a un escenario con opciones que pueden ser encuadradas en el dilema de Sophie (como se conoce la decisión que una madre debe tomar acerca de cuál de sus dos hijos debe dejar morir): cualquier decisión que tomara la JCE con respecto a las votaciones conduciría a una crisis institucional y política, con las consecuencias imprevisibles en la gobernabilidad de la nación. Por eso, la decisión de suspender las votaciones en sus dos modalidades, si bien ha originado una crisis institucional y política, fue el camino correcto para que los procesos posteriores se movieran dentro de un rango razonable de incertidumbre. Las demás opciones exponían a la democracia dominicana a una posible tragedia.

Dados los eventos posteriores, es obvio que los partidos políticos están haciendo el esfuerzo para que esta crisis se mantenga dentro de los cauces que permitan una solución y un aprendizaje que sostengan la esperanza de un país que quiere y necesita avanzar en el plano institucional. Es así como pudiera interpretarse que la convocatoria a votaciones extraordinarias hecha por la JCE ha sido acogida – con los debidos condicionamientos – por el liderazgo político nacional.

Con frecuencia el tema de la institucionalidad es tomado como una preocupación teórica sin conexión con la realidad, pero la verdad es que la fragilidad institucional es la más seria amenaza a la convivencia ordenada de un conglomerado social. Y la crisis que se ha generado a partir de los acontecimientos del pasado domingo son un claro ejemplo de la importancia que tiene el orden institucional para la cohesión social y política. En particular, los movimientos de protestas –fundamentalmente, de la población más joven– que se están registrando a lo largo de la geografía nacional son una alerta temprana del malestar que subyace en nuestra sociedad y la necesidad de dar respuestas convincentes a sus reclamos, antes que esto pueda salirse de las manos.

La economía, como es natural, reacciona con cautela cuando aumentan los riesgos percibidos por los agentes económicos; especialmente, si esos riesgos apuntan a un deterioro del clima de negocios. De ahí la importancia que tiene una salida satisfactoria a la presente coyuntura si se quiere que la economía no termine pagando los platos rotos. De hecho, el proceso electoral, a pesar de los recursos extras que pone en movimiento, es una fuente de incertidumbre aún en el caso de que no hubiese una crisis institucional. Pero la hay, y va a ser muy difícil que la JCE alcance niveles aceptables de confianza, dado que ella mismo admitió que hubo un fallo en los controles de calidad, sin que hasta ahora haya tomado medidas –por lo menos, no se conocen públicamente– para remediar esos fallos, de cara a los próximos comicios en marzo y mayo. En este sentido, parece ser recomendable que a la JCE se le de un acompañamiento que mejore sus niveles de credibilidad.

Un elemento adicional de incertidumbre es que con el voto manual en la totalidad de los colegios electorales se incrementan los chances de que los procesos administrativos de conteo se hagan más susceptibles de impugnaciones caprichosas por parte de delegados que pudieran utilizar esta estrategia ante resultados adversos. En el pasado esto ha ocurrido con mucha frecuencia.

Resulta entendible que el presente proceso electoral tenga complejidades particulares, dado el hecho de que la oposición tiene altas probabilidades de desplazar del poder – asumiendo unas elecciones limpias – a un partido que ha gobernado en 20 de los últimos 24 años y que luce dispuesto a utilizar todos los mecanismos o recursos a su disposición para retener el poder. El problema potencial pudiera ser que en ese intento de retener el poder no solo se afecte el orden institucional, sino también que la economía quede maltrecha por el uso y abuso de los recursos públicos.

Cuidar la estabilidad económica debe ser una preocupación que domine todas las decisiones del gobierno en la presente coyuntura. Esto significa preservar las reglas institucionales que aseguran una participación equitativa de todos actores en el proceso. Si esas reglas son trampeadas, como al parecer ocurrió, se pudieran abrir las puertas al caos y al autoritarismo, que llevan a la desestabilización de la economía. Se debe fortalecer la idea de que es posible un reencauzamiento del orden institucional, con acuerdos en el liderazgo político que promuevan el optimismo en una ciudadanía que ha recibido tantas decepciones.

Pedro Silverio Alvarez