Las elecciones municipales, más allá de su costo

Existe una razón de peso por la que algunos sectores se oponen a una reforma constitucional tendente a unificar las elecciones municipales con las presidenciales de 2020: consideran que esa sería la ocasión para habilitar al Presidente Danilo Medina para volver a optar por la presidencia de la República transcurrido el período constitucional 2020-2024. Existen, al mismo tiempo, muchas razones de peso para preocuparse por el proceso electoral previsto para febrero próximo. Este artículo trata de estas últimas.

En el contexto actual, la más notoria consecuencia del establecimiento de elecciones municipales, separadas en apenas tres meses de las presidenciales y legislativas, consiste en el efecto de sobresaturación del calendario electoral y sus consecuencias probables. Para confirmar lo anterior baste recordar que, en este momento, estamos en precampaña para las elecciones primarias que celebrarán los principales partidos en el mes de octubre para la elección de sus candidatos a cargos de elección popular.

Concluido el proceso de las primarias, empieza de inmediato la campaña para las elecciones municipales de febrero. Esto con una agravante: dada la cantidad de candidaturas que deberán elegirse en las primarias, es fácil prever un escenario masivo de impugnaciones de resultados que podría afectar el clima electoral de febrero y dificultar el cumplimiento del calendario electoral hasta esa fase.

En el improbable escenario de que las elecciones primarias sucedan sin traumas y se pueda cumplir con el calendario para las elecciones de febrero tenemos que, antes de que ese proceso concluya, la Junta Central Electoral proclamará el inicio oficial de la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas del mes de mayo.

Con la actual relación de fuerzas en el escenario político, son muy altas las probabilidades de que tengamos que llevar a cabo elecciones de segunda vuelta para la elección del Presidente de la República, el 28 de junio de 2020- al tenor del mandato del artículo 209.1 constitucional.

En resumen, estamos hablando de un calendario electoral que abarca prácticamente un año, con un previsiblemente elevado nivel de intensidad. En ese lapso se celebrarían tres o cuatro procesos electivos, con las consabidas campañas y pre-campañas correspondientes a cada uno de ellos: las elecciones primarias de octubre, las municipales de febrero, las presidenciales y legislativas de mayo y, el proceso probable de segunda vuelta del mes de junio de 2020.

Para nadie es un secreto el “efecto parálisis” que los procesos electorales suelen tener para la economía nacional. Si a eso se suman los especiales niveles de tensión que podría suponer el proceso de febrero, pensar en su eliminación no resulta en absoluto descabellado.

Uno de los elementos poco analizados de las elecciones municipales de febrero es el siguiente: sus resultados serán tomados como un pronóstico de las elecciones de mayo. Esto tiene muchas implicaciones. La primera consiste en que todos querrán ganar a como de lugar o, por lo menos, intentarán minimizar la derrota. Tanto los candidatos como los partidos, harán lo necesario para que el resultado no se perciba como una predicción desfavorable de los resultados de mayo, a fin de mantener en alto la moral de sus electores.

Lo anterior eleva el potencial de encarecimiento económico, pues cualquier gasto se justificaría con tal de obtener el triunfo. Esto a su vez incrementa la probabilidad de recurrir a fuentes ilegales de financiamiento de las candidaturas, con las perniciosas implicaciones que ello supone. Al mismo tiempo, es previsible un mayor nivel de beligerancia en la defensa de cada candidatura en dos planos principales: i) en el potencial de violencia del proceso y, ii) en el considerable aumento de las impugnaciones de resultados, tanto en las Juntas Municipales como ante el Tribunal Superior Electoral.

Un dato fundamental a tomar en consideración es que en las elecciones de febrero deberán elegirse casi 3,900 cargos municipales. Para ello deberán competir como mínimo tres aspirantes para cada cargo a ser elegido. A eso se suma que, de conformidad con lo previsto por el artículo 274 constitucional, los candidatos electos deben tomar posesión el 24 de abril de 2020. Si estas dos circunstancias se suman al potencial incremento de las impugnaciones de resultados, es fácil prevenir: en primer lugar, un virtual colapso de las instancias de resolución de disputas (Juntas Municipales y TSE) y, como resultado, la virtual imposibilidad de que todas las impugnaciones se puedan resolver antes de la fecha prevista para la toma de posesión. En otras palabras, entraremos en pleno proceso de elecciones presidenciales con el lastre del proceso de febrero a cuestas.

Aunque a mi juicio no es lo más importante, en adición a lo anterior conviene considerar el tema del costo. Corroborando información ofrecida por el Ministerio de Hacienda, recientemente la Junta Central Electoral, a través de su Presidente, informaba que las elecciones municipales tendrán un costo de 4 mil 16 millones de pesos. Es un monto apreciable que no debe ser desdeñado entre los elementos a considerar al momento de tomar la decisión sobre si de reunifican las elecciones.

Finalmente, las elecciones de febrero sucederían en medio de una delicada resaca de tensión política, de pugnas e intentos de recomposición de importantes liderazgos, que suman complejidad. Todo lo anterior podría al menos minimizarse, unificando en un solo proceso las elecciones de febrero con las de mayo, para el año 2020. No se trata de cuestiones menores. Las implicaciones de una probable habilitación del presidente Medina será tema de la próxima entrega de esta columna.

Cristóbal Rodríguez Gómez