Poner a la nación en movimiento

Es la hora de rebelarnos contra el secuestro de la democracia, el fraude electoral, la corrupción y la impunidad del régimen peledeísta que por más de 20 años tienen a la República a merced de sus intereses mezquinos.

Vendieron las empresas públicas por bagatelas, hipotecaron la República con una deuda impagable, convirtieron los derechos a la salud y a la educación de calidad en mercancías, se asignaron sueldos de lujo, instauraron el barrilito, el cofrecito y las nominillas; convirtieron la generalidad de los ministerios en carteras para hacer negocios, reciben sustanciosas comisiones, entregan nuestros recursos naturales, que- braron la agropecuaria y el aparato productivo del país; recibieron cuantiosos sobornos de empresas extranjeras delincuentes en obras sobrevaluadas, les han brindado protección a destacados capos de la droga y del crimen organizado.

Al mismo tiempo durante estos casi 20 anos, el régimen peledeísta se ha empleado en corromper la conciencia popular y ciudadana. Convirtieron los programas sociales en descarado clientelismo para agenciarse lealtades políticas; permitieron al microtráfico penetrar barrios y comu- nidades y que atrapara a muchos en sus garras como distribuidores y consumidores.

Todo esto ha sido posible porque el peledé ha llevado a la quiebra a las débiles instituciones democráticas que recibió al ascender al poder. Sus gobiernos han sido la crónica del secuestro de las instituciones democráticas. El peledé se hizo un partido Estado. Tiene bajo su control directo los poderes legislativo y judicial, la JCE, la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público.

La última muestra de la lastimera situación del Ministerio Público es la disposición del presidente, sin facultad para ello, admitiendo su falta de credibilidad e independencia, de desapoderarle de la investigación penal en curso sobre el boicot de las elecciones municipales, para entregársela a una organización internacional sin competencia para investigar infracciones penales en el territorio nacional.

Esta quiebra de la institucionalidad democrática es lo que le permite al régimen, ante cualquier crisis, con el auspicio de grupos empresariales y otros poderes fácticos beneficiarios de este estado de cosas, construir “soluciones” en acuerdos de aposento y una y otra vez pasar la página y nadie resulta responsable ni es sancionado y todo sigue igual. ¿No fue esto lo que aconteció precisamente hace cuatro años, con el fraude y tollo electoral cometido por la anterior Junta Central Electoral y el uso de los scanners? ¿Dónde están los responsables? ¿Quién resultó sancionado?

Esa, y no otra, es la salida que en este momento el Gobierno y los poderes fácticos aliados están por darle a la presente crisis político electoral, enmascarándola en supuestos diálogos y tutelajes.

Pero no. El boicot criminal a las elecciones municipales tiene que ser el punto final del régimen impuesto por el peledé. Es momento de decir ¡basta ya! Sencillamente este partido no puede seguir, ni podemos permitir la rehabilitación de los igualmente responsables y que hoy se disfrazan de opositores. O seguimos gobernados por el caudillo de turno del Comité Político o hacemos prevalecer la República y sus instituciones democráticas. Esa es la encrucijada en que nos encontramos.

Vivimos un tiempo nuevo. En el horizonte se ha situado una luz que está despejando las sombras y las inmundicias del régimen del peledé. Es el despertar de una población que por momentos pareció anestesiada y ahora está reaccionando, muy especialmente su juventud irreductible, que se manifiesta en decenas de territorios del país y comunidades del exterior; que hace de la Plaza de la Bandera, frente al órgano electoral, el símbolo de la lucha por la democracia.

En un país donde las instituciones no funcionan y donde los poderes que deben arbitrar los conflictos están cooptados por el régimen, le corresponde a la ciudadanía hacer uso de su poder soberano. Por eso, la gran tarea del momento es potenciar la reacción ciudadana y popular.

La actitud mostrada por la ciudadanía es que la solución a la presente crisis político-electoral sea pacifica, democrática, legal y legitima, sin componendas de aposento y sin impunidad. La ciudadanía aspira a elecciones limpias, justas, legales y libres. Es claro que estos poderes públicos secuestrados por el oficialismo, por sí solos no producirán estas soluciones. La única vía de lograrlo es con una presión ciudadana y popular creciente. Por eso, las manifestaciones y movilización en calles y plazas no deben parar y hay que hacerlas en todos los territorios y en las comunidades del exterior; seguir sonando las cacerolas; sumarnos activamente al nuevo trabucazo del próximo 27 de febrero; uniendo como un solo haz a todos los sectores que nos identificamos en la necesidad de producir un cambio democrático.

En los próximos eventos electorales la ciudadanía debe acudir masivamente a votar, defender la voluntad popular, para así, democráticamente, de una vez y para siempre, sacarlos del poder.

Este régimen se agotó. Démosle sepultura. Es el momento de la ciudadanía rebelada, indignada e insumisa ante su opresor. En fin, es la hora de poner a la nación en movimiento.

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.