Presagios electorales

En el país, contrariando las leyes de la física, el tiempo parece detenido. Aquí, Galileo hubiera tenido que decir: “y sin embargo, la RD no se mueve”.

Desde el 1966, cada cuatro años es la misma historia. Ahora, una vez más, asistimos a un proceso electoral en que, al margen de lo que disponen la Constitución y las leyes, el partido y Presidente que ejercen el poder utilizan su influencia, el patrimonio público, el presupuesto nacional a favor de los candidatos oficiales.

El pasado domingo 17, Danilo Medina, presidió en La Vega, junto a otros funcionarios públicos, el acto de proclamación de los candidatos y candidatas a la representación municipal en esa provincia.

No se trata de cualquier cosa. Danilo Medina, desde su condición de Presidente de la República, con todo el peso presupuestario que tiene ese cargo, desarrolló una actividad proselitista a favor de los candidatos de su partido.

Esta intervención del Jefe del Estado está anunciando lo que va a seguir produciéndose durante todo el desarrollo de la campaña electoral, hasta mayo, pasando por febrero. En su defensa, sus voceros argumentaron que él participó “en su tiempo libre”. Como si su condición de Presidente no le acompaña durante 24 horas todos los días mientras dure su mandato ¿entonces él queda inhabilitado como Presidente de la República cuando duerme o está descansando?

Lo importante a destacar es que de modo expreso la Ley 15-19 del Régimen Electoral, dispone, en su artículo 196, que “Los funcionarios públicos que administran recursos del Estado no podrán prevalerse de su cargo para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato”.

Para Danilo Medina y el peledé, esta disposición es letra muerta porque ellos se consideran estar por encima de la Ley.

En los próximos días seremos testigos de decenas de funcionarios que, en violación de la Ley, pasarán a presidir comandos de campaña en las distintas provincias y regiones a favor de los candidatos oficialistas.

Igual, ante nuestros ojos se desarrollará una aplastante maquinaria de propaganda del oficialismo junto a centenares de “bocinas” desplegados en todos los medios de comunicación, todo financiado con los impuestos de los contribuyentes y de los préstamos y negocios que realiza el Estado.

Luego vendrá el uso de recursos públicos para desplegar desde el gobierno el más descarado clientelismo realizando, a la carrera y sin controles, obras como por ejemplo el asfaltado de las calles, para manipular a favor de los candidatos oficialistas las necesidades de la gente. A esto seguirá, el montaje el día de las elecciones de una estructura de compra de cédulas, operando en los recintos y colegios electorales y distribuyendo propaganda proselitista, entre muchas otras violaciones a la ley.

Este esquema de fraude es el que funcionó hace apenas dos meses, a propósito de las elecciones primarias en la que el Presidente, valiéndose de esos y otros medios impuso “su” candidato.

Conforme la Constitución de la República, la JCE es el órgano del Estado que tiene la responsabilidad de garantizar que el desarrollo del proceso electoral sea en libertad y con transparencia y equidad. A pesar de ese mandato expreso, la actual JCE se ha mostrado incapaz de someter al partido oficial al respeto de la legalidad electoral.

Estamos pues, atrapados en la combinación de dos factores adversos al presente proceso electoral: Un proyecto continuista de poder, con una actitud avasallante y sin ningún tipo de escrúpulo en lograr sus propósitos, y por otro lado, un órgano electoral sin carácter y falto de autoridad frente al oficialismo. De continuar este rumbo, no se requiere de una bola de cristal para conocer cual será el resultado.

El camino que lleva el proceso es que estas serán otras elecciones más, dominadas por un uso abusivo y sin control de los recursos públicos y bajo la presión permanente del jefe del Estado y del partido oficial.

Las autoridades encargadas de aplicar la Ley, en este caso la Junta Central Electoral, han mostrado que eluden su responsabilidad de someter al respeto de las leyes electorales a los funcionarios que cometen excesos de poder o que violan la Ley, incluyendo al Presidente de la República.

Si permanecemos pasivos ante el panorama electoral en desarrollo, estaremos de nuevo ante un matadero electoral en las elecciones de febrero y mayo del próximo año.

Por estas razones es necesaria una concertación temprana de los sectores de oposición con verdadera vocación democrática para obligar a la JCE a hacer cumplir la ley y asegurar la transparencia en los procesos electorales de febrero y mayo de 2020.

Además, es necesario comenzar desde ahora a despertar la conciencia ciudadana para detener las intenciones del peledé de mantenerse en el poder valiéndose del fraude y los recursos del Estado.

Solo la movilización ciudadana podrá crear el clima que obligue a la JCE a no hacerse indiferente y cómplice frente a los desmanes y excesos a que nos tiene acostumbrado el peledeísmo.

Desde ahora hagamos nuestra la divisa: sin elecciones limpias no hay democracia.

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.