Una Revolución Democrática

La principal crisis que enfrenta la República Dominicana es la ausencia total de institucionalidad, con la agravante de que ésta, a su vez, es causa de muchas otras.

Carecer de un Poder Judicial independiente nos priva de tener un árbitro imparcial y confiable en la aplicación de la ley, que les dé solución a los conflictos propios de toda sociedad.

Se ha convertido en un lugar común de los gobiernos peledeístas, que el presidente de la República se garantice “su” presidente de la Suprema Corte y “su” procurador general “de bolsillo,” para ejercer el control de la Justicia y asegurar impunidad para él y los suyos.

Así lo hizo Leonel Fernández quien, sin rubor alguno, colocó como jefe de la Suprema Corte de Justicia a Mariano Germán, abogado asociado de su oficina privada y como procurador general al coordinador de esa misma oficina. Leonel se encargó de excluir de la Suprema Corte a los magistrados que habían sido partidarios de una sentencia condenatoria en el caso de la Sun Land.

Igual hizo Danilo Medina, al colocar como presidente de la Suprema a Luis Henry Molina y como procurador general a Jean Alain Rodríguez, ambos subalternos administrativos y activistas de su facción política. Además, en la última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, excluyó de la Suprema a la magistrada Miriam Germán, por su independencia.

¿Y qué decir del Poder Legislativo? A éste, más que un órgano soberano y de efectivo control de los demás poderes, el peledé lo ha convertido en una prolongación vergonzosa del partido y del Poder Ejecutivo. La principal motivación para muchos de los que aspiran a ser legislador es acceder al barrilito, al cofrecito, a las exoneraciones, a enriquecerse vendiendo su voto legislativo al mejor postor, además de otros beneficios colaterales que se han asignado.

El reciente proceso de primarias -espejo en que deben verse las elecciones de 2020— puso en evidencia que en el liderazgo y partidos de la vieja política el voto es una mercancía que se compra, “clienteliza” o se roba. Que quien tiene poder político y/o poder económico tiene todas las posibilidades para imponerse en los procesos eleccionarios. Que el actual órgano electoral carece de la voluntad, del carácter y de la autoridad necesaria para garantizar procesos de elecciones con equidad y para hacer respetar la legalidad electoral, principalmente al sector oficial.

En un país donde no hay ejercicio libre, transparente y legal del voto podrá existir cualquier cosa, pero propiamente no hay democracia, ni representativa ni de ningún tipo.

El peledé ha impuesto una dictadura de partido que le permite, a la facción que en cada momento controla el Estado, utilizando los recursos públicos, reproducirse en el poder y a su cúpula dirigencial enriquecerse ilícitamente en la más absoluta impunidad. En sus casi 20 años de gobierno el peledé se ha encargado de revertir los avances democráticos que desde 1961 fue conquistando el pueblo dominicano con muchas luchas y sacrificios.

En este contexto, sacar al peledé del poder es siamés de la tarea de hacer el cambio democrático, que no es más que I) garantizar la real separación de poderes; II) alcanzar un poder judicial, órganos electorales, Cámara de Cuentas y Ministerio Público independientes. Más aún, III) un Poder Legislativo que ejerza el efectivo control del Poder Ejecutivo; IV) fortalecer el gobierno municipal para el ejercicio de una democracia cercana en la solución de los problemas que afectan a la gente; V) asegurar el respeto de las libertades, los derechos políticos, sociales y económicos.

Avanzar hacia la construcción de la democracia en el país va a requerir, entre otras medidas, de profundas modificaciones de la Constitución: de un nuevo Consejo de la Magistratura, sin la participación del presidente de la República, ni del procurador general; de un congreso unicameral, sin barrilito, cofrecito, exoneraciones y otras aberraciones; que el Ministerio Público, la JCE y la Cámara de Cuentas sean electas por vías diferentes a las actuales para que no sean apéndices ni del Poder Ejecutivo ni del partido de gobierno. Crear reales mecanismos de participación ciudadana, incluida la capacidad de revocación del mandato.

El escenario ideal para elaborar esa nueva Constitución es una constituyente electa por voto popular que convierta nuestra Carta Magna en el legítimo pacto político y social de la nación.

Como puede deducirse, hacer el cambio democrático en el país, dada la naturaleza y profundidad de las necesarias reformas y transformaciones a realizar, lo convierte en una verdadera revolución democrática.

Pero nadie debe confundirse: la salida a la crisis actual del país es política y no de mera arquitectura legal-constitucional. Por eso, en el centro de la necesaria revolución democrática tiene que estar, para impulsarla, apoyado en la ciudadanía, un liderazgo con verdaderas convicciones democráticas, honesto, con compromiso social, capaz y con un profundo amor patrio.

Hacia ese horizonte avanzamos y no nos detendremos hasta desmontar este modelo injusto, corrupto y de privilegios, que secuestra los poderes públicos y la democracia.

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.