Votaciones municipales en medio de un preocupante informe

«La ley establece un poder judicial independiente; sin embargo, el gobierno no respetó la independencia judicial y la imparcialidad. La influencia inadecuada en las decisiones judiciales fue generalizada. La interferencia varió desde el enjuiciamiento selectivo hasta el despido de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida. El poder judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder judicial era un problema grave. [...] Al igual que en los tribunales penales, la influencia política y económica indebida en las decisiones de los tribunales civiles siguió siendo un problema». Departamento de Estado, Reporte de los Derechos Humanos: República Dominicana 2019

La democracia dominicana ha estado ensayando desde octubre pasado en procura de un sistema de votaciones que proteja la integridad de la voluntad de los electores, que es, a su vez, el punto de partida para la legalidad y legitimidad de nuestros gobernantes. Se pensó que con el voto automatizado se lograría dar respuesta a esta necesidad; de hecho, me encuentro entre quienes defendieron que las votaciones se efectuaran bajo esta modalidad. Pero la verdad es que cuando se mezclan la malicia y la incompetencia no hay métodos –tecnológicos o no– que aseguren un resultado eficiente; de manera que pudiera ser iluso pensar que el voto manual va a resolver el problema, aunque estamos confiando en que la esperanza triunfe sobre la experiencia.

Por ahora, solo se ha comprobado que hubo incompetencia en la gestión de los procesos y se espera que un informe de la OEA pueda esclarecer lo que finalmente provocó la suspensión de las votaciones y causó una crisis política e institucional que ha sacudido los cimientos de nuestra democracia. La indignación y la frustración se han hecho sentir en las calles que han servido de escenario para que la ciudadanía –especialmente los más jóvenes– expresaran su insatisfacción con el liderazgo político en general.

Esta especie de catarsis social es una alerta –no tan temprana– de que el ejercicio de la política, como lo hemos visto hasta ahora, debe cambiar o exponerse al peligro de un desborde de la presión ciudadana que pondría en juego a la propia gobernabilidad. Aquí radica el gran significado de las votaciones de este domingo: despertar en la ciudadanía la confianza en un sistema electoral que ha fallado en tantas ocasiones. Es mucho lo que está en juego. Por eso, ha sido tan vital que el proceso de concertación –aun dentro de la dualidad de diálogos que se realiza– converja en soluciones válidas para todos los actores. Y los electores, en un ejercicio de prudencia y de esperanza, acudan masivamente a las urnas con la expectativa de que la soberanía de su voto será respetada. En esto, no hay márgenes para los errores, voluntarios o involuntarios.

Y, justamente, cuando el país se apresta para celebrar sus votaciones municipales, nos llega en esta semana el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América sobre los derechos humanos en República Dominicana. Este informe que se publica anualmente y que crea escozor en grupos que lo consideran como una intromisión refleja, a grandes rasgos, la realidad institucional que vive el país. Sin dudas que algunos aspectos del informe pueden ser disputados, pero los aspectos cruciales que toca se enmarcan en la baja calidad de los procesos que se verifican en instituciones que, como la justicia, la policía y la administración pública en general tienen la responsabilidad de asegurar que los derechos de los ciudadanos sean invariablemente respetados.

En este sentido, el proceso electoral no está libre de la influencia de factores político-partidistas que pueden vulnerar la integridad del voto. El informe plantea que «La Junta Central Electoral (JCE) instituyó un sistema de votación electrónica durante las elecciones de 2016. Según observadores internacionales y expertos en sistemas de votación electrónica, la JCE no siguió los estándares internacionales, ya que no auditó ni implementó gradualmente el sistema. El día de las elecciones, muchos sistemas de votación electrónica fallaron o no se utilizaron». Asimismo, el informe incorpora críticas que sectores asociados con los derechos humanos hacen al uso de los fondos públicos para pagar publicidad en los meses previos a las elecciones. El foco del informe, sin embargo, no es el proceso electoral; más bien, se concentra en el funcionamiento de las principales instituciones que tienen la obligación de preservar los derechos humanos de quienes conforman la nación dominicana, y contiene críticas muy agudas al desempeño del gobierno. Por ejemplo, «La ley establece sanciones penales por corrupción por parte de funcionarios; sin embargo, el gobierno no implementó la ley de manera efectiva, y los funcionarios frecuentemente participaron en prácticas corruptas con impunidad».

Definitivamente, el gobierno está pasando –de un tiempo a esta parte– por un mal momento; pero aún así la capacidad de cometer errores parece ilimitada; como es el caso de que la Procuraduría General de la República, a pesar de un acuerdo en el Consejo Económico y Social (CES) para que de una dupla se elija al fiscal electoral, agregó dos nombres más, olvidándose de la grave crisis que se quiere superar, precisamente como consecuencia de una acumulación de fallos institucionales.

Así que esperamos que nuevos fallos institucionales no ensombrezcan el panorama para el próximo domingo... podrían ser un golpe mortal a la democracia.

Pedro Silverio Alvarez